Nigromante/José Vilchis Guerrero

Un ‘tiradero’ de obras inconclusas plagadas de corrupción, la herencia

Los trenes de la zona metropolitana de Guadalajara y Toluca-Ciudad de México, así como gasoductos, universidades, presas, hospitales, que originalmente habían sido presupuestadas con un costo en el sexenio anterior se duplicó o triplicó para beneficiar a las constructoras y a los políticos. Es la herencia que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien explotó: «nos dejaron un tiradero». El caso es que ahora no alcanza el presupuesto para terminarlas.

En el primer caso, el tren de Guadalajara requiere de 4 mil 500 millones de pesos para concluirlo al final de este año y el de Toluca-CDMX otros 15 mil mdp adicionales a los 25 mil ya invertidos. Se iba a inaugurar en octubre pasado en su primera fase, pero ahora se calcula concluirlo en tres años. Los avances están colmados de obstáculos y mucha, mucha corrupción.

No se hicieron cargo de la obra ni Enrique Peña Nieto ni el ex gobernador mexiquense ahora Senador Eruviel Ávila Villegas, quien tuvo la peregrina aspiración de suceder a su amigo y protector como candidato priista a la Presidencia de la República. Desde el inicio ofrecieron ambos que entregarían la obra en tiempo y forma. No avanzaron más allá de la mitad.

Ahora la bronca está en el área del Secretario de Comunicaciones y Transportes,  Javier Jiménez Espriú, para re programar costos y tiempos de entrega para concluir las obras en proceso y se presentarán denuncias por todas las irregularidades que encontraron en las obras públicas que heredaron «ya que no seremos cómplices de la corrupción», indicó López Obrador.

Lo que ha identificado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la programación y ejecución de las obras inconclusas es desvío de recursos, desperdicio de dinero, pagos excesivos, apoyos a personas ajenas a programas sociales, los beneficiarios (amas de casa, estudiantes, madres solteras, adultos mayores y campesinos) en 217 casos de gasto federalizado, en donde se detectó 34 por ciento de las anomalías identificadas y 56 casos en el área de desarrollo económico, equivalente a 21 por ciento de las anomalías.

El 31 de octubre del año pasado el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, informó que de 2017 a 2018 la Auditoría Superior de la Federación presentó 37 denuncias en contra del Gobierno de Veracruz y dependencias como Sedesol y Sagarpa, por desvíos de recursos que alcanzaron los 30 mil millones de pesos.

En el más puro estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que utilizaba el aparato del Estado y sus instituciones para encubrir la corrupción, el funcionario explicó que del total de las denuncias, solamente se lograron judicializar cuatro.

En el reciente informe de la ASF de la Cuenta Pública de 2017 se precisó que en Diconsa, el organismo perteneciente al gobierno federal encargado de llevar productos de la canasta básica a comunidades rurales y marginadas, se detectaron posibles desvíos por 325.2 millones de pesos. El año en cuestión fue el penúltimo del gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La batalla contra la corrupción se apoya en la acción de la ASF, que en este caso señala que Diconsa incurrió en un esquema similar al detectado en otros años para desviar recursos públicos, que se da cuando una institución de gobierno firma un convenio con una universidad pública y esta, a su vez, subcontrata a empresas para que cumplan con el servicio contratado, sin que se compruebe si esto se lleva a cabo o no. Diconsa es una dependencia de la Sedesol.

Este mecanismo está documentado en la investigación periodística La estafa maestra, que rastreó cómo las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) establecieron convenios con universidades que contrataron a compañías fantasma, lo que derivó en desvíos millonarios.

En el caso de Diconsa en 2017, la ASF detectó que firmó un convenio con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (Fondict-UAEM), el cual, al no contar con capacidad para cumplir lo convenido, subcontrató a empresas.

Señala el informe de la ASF: “Se constató que (el convenio) es improcedente e indebido, toda vez que dicho fondo no contaba con las atribuciones y facultades jurídicas para celebrarlo al estar en proceso de extinción y liquidación”.

“Durante seis años consecutivos la ASF ha denunciado el desvío de recursos públicos mediante el esquema de adjudicaciones directas, consistente en la asignación y celebración recurrente de contratos y convenios entre entidades y dependencias de la administración pública para la prestación de diversos servicios y adquisiciones”, precisa el informe.

Por lo que se aprecia en el informe de la ASF, Diconsa hizo “pagos indebidos” al Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ISTCO) por 63.2 millones de pesos. La erogación fue para que el ISTCO le brindara “Servicios Integrales de Infraestructura de Cómputo”, pero Diconsa no tenía autorización para utilizar para este propósito la partida presupuestal de la que tomó el dinero.

Por esas irregularidades, que en conjunto ascienden a recuperaciones probables por casi 400 millones de pesos, la ASF hizo seis observaciones. Una de ellas ya fue solventada por Diconsa. Las cinco restantes generaron siete llamados a que se sancione a servidores públicos, entre otras medidas.

Durante el periodo de transición, el presidente López Obrador dio a conocer planes para que Liconsa y Diconsa se fusionaran en un nuevo organismo: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). La nueva instancia ya fue creada, aunque Diconsa a la fecha sigue con vida. De hecho, según se dio a conocer en enero, será la dependencia que se encargue de distribuir los nuevos productos de la canasta básica en zonas marginadas.

La ASF también muestra que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no contó con un diagnóstico adecuado, actualizado y congruente con sus objetivos que le permitiera conocer el número de personas de 65 años y más en situación de desamparo, marginación o maltrato. Por esa razón, concluye el órgano fiscalizador, el Inapam no pudo brindar correctamente los servicios requeridos por el sector.

En cuanto al programa de Pensión para Adultos Mayores, en 2017 fueron beneficiados 5.3 millones de ciudadanos, lo cual, según la ASF, representa apenas 56.2 por ciento del total de la población en ese grupo de edad. López Obrador ofreció en campaña duplicar el monto a los beneficiarios, para que reciban dos mil 400 pesos bimestrales.

Otro punto señalado por la ASF es el de las fallas en el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Dicho programa buscaba apoyar a nivel local las políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres.

En la Cuenta Pública de 2017, la ASF encontró que el Indesol hizo pagos sin comprobar que este dinero en efecto se destinara a la ejecución del PAIMEF, además de que no contó con un procedimiento de adjudicación ni con entregables.

En el programa de los comedores comunitarios, dirigido a la población en situación en pobreza extrema o con carencia alimentaria severa, la ASF detectó que la Sedesol no hizo una investigación de mercado que le permitiera establecer el mejor convenio posible con Diconsa para el equipamiento de estos comedores, así como para el suministro, abasto y almacenamiento de alimentos.

Además, se hicieron pagos por 19.1 millones de pesos por alimentos, sin que existieran pruebas que sustentaran la erogación. Hubo otro pago por 27.1 millones de pesos en el que no coinciden los montos, y otro más, por 51 millones de pesos, para el pago de prendas y la impresión de recetarios, sin que se acreditara que dichos bienes en realidad se distribuyeran.

Levantar este tiradero le va a costar caro al país, porque este año no crecerá el Producto Interno Bruto al 4 por ciento como es el propósito del gobierno federal. Sin duda.