Nigromante/José Vilchis Guerrero

El gobierno federal todavía no visualiza la corrupción judicial

No es la primera vez que en este espacio se ha señalado la falta de autocrítica en la 4T y no se reconoce todavía que hay corrupción en el Poder Judicial tanto local como federal. Hay casos en que se percibe una especie de complicidad con el Poder Legislativo, que por falta de leyes hay casos en que delincuentes a los que se les ha comprobado responsabilidad en actos delictuosos, quedan en libertad.

En los festinados operativos en el poblado de Santa Rosa de Lima para desmantelar al cártel del mismo nombre, identificado como el responsable del huachicoleo en Guanajuato, se percibe complicidad de las autoridades con los delincuentes que patrocinaron los bloqueos para evitar la entrada de las fuerzas armadas federales y estatales a esa localidad que se convirtió en refugio de huachicoleros que operaban con impunidad desde el sexenio peñista.

Lo que todos sabían, desde el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el fiscal estatal, Carlos Zamarripa, de que José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, está identificado como el principal líder del cártel de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, es uno de los principales grupos generadores de violencia en Guanajuato y al que se le atribuyen los bloqueos carreteros e incendio de vehículos. ¿Qué faltó a la autoridad de Guanajuato? ¿Decisión o contubernio?

Desde 2017 en que se agudizó la violencia y se incrementó el robo de combustible en Guanajuato, que junto con Puebla e Hidalgo se convirtieron en los principales centros de operación de este delito, El Marro controla las actividades de huachicoleo en los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y León.

También está señalado El Marro de controlar la venta de droga y el robo a transportistas en esta zona. Las autoridades judiciales de Guanajuato tienen expedientes en los que este personaje cuenta con antecedentes por robo y delincuencia organizada. Por estos delitos fue encarcelado en 2008, sin embargo, fue dejado en libertad tras pagar una fianza.

Trabajos de inteligencia señalan que en 2014 se integró a las actividades de robo de combustibles, bajo el mando de David Rogel Figueroa, alias El Güero, quien escaló rangos hasta que en 2017 se convirtió en el líder del grupo que se denominó Cártel de Santa Rosa de Lima, donde participan sus hermanos.

La Fiscalía de Guanajuato confirmó la existencia de una red de túneles entre diversos predios en Santa Rosa de Lima, en Villagrán, Guanajuato, los cuales son usados para evadir los operativos federales por José Antonio Yépez, y los cuales, reconoció la Fiscalía, usó para evadir a quienes iban a detenerlo. Si ya lo sabían, no hicieron nada para evitarlo, ni para evitar su evasión.

El fiscal, Carlos Zamarripa también confirmó que derivado de tres días de operativos en coordinación con fuerzas federales, fueron capturadas seis personas ligadas directamente al líder del cártel entre los cuales la cuñada de El Marro, una de las encargadas de las operaciones financieras del Cártel de Santa Rosa de Lima y que en días recientes fue la responsable de pagar a pobladores que bloquearon carreteras e incendiaron vehículos con el propósito de obstaculizar el paso de las fuerzas armadas.

Si hay autocrítica en el gobierno federal y apoya al gobierno de Guanajuato en el combate a la delincuencia, se sabrá si proceden penalmente contra este grupo delictivo o facilitan la huida del cabecilla, que se tuvo que esconder en los túneles de los que ya tiene conocimiento la autoridad, que ha incautado una propiedad del presunto delincuente al que podrían aprehender en su propia madriguera.

La idea fija del presidente Andrés Manuel López Obrador por combatir la corrupción y por la que ha dispuesto suspender apoyos a guarderías y refugios para mujeres víctimas de violencia, no ha pasado todavía por combatir la corrupción de los jueces. Y hay en curso una investigación contra los jueces de Jalisco Juan José Rodríguez Velarde, juez Segundo de Control y Oralidad y José Luis Álvarez Pulido, juez Décimo Primero por presunta corrupción.

La denuncia la interpusieron los abogados defensores de la pareja de esposos Gustavo Adolfo Galaz Ruiz y Alejandra Torrecillas Gurrola contra los dos jueces  así como de los ministerios públicos Carlos García Rivera y José Lino Morales Estrada, advirtió la abogada Alejandra Diffo Núñez.

De acuerdo a estos abogados, presumen que estas personas trabajaron en contubernio con el despacho de abogados Soltero Meza y Asociados, quienes lograron presentar denuncias penales en Jalisco por presuntos delitos ocurridos en Sonora en contra de la pareja de esposos, ahora en prisión en Jalisco. Por este caso ya se investiga a un juez más, Jaime Gómez, juez Noveno de lo Penal.

El 15 de octubre de 2017 se informó (Indigo) que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México dejó en libertad a Víctor Hugo Ávila o Ramírez, uno de los principales integrantes del grupo delictivo La Unión, tras ser detenido por su presunta participación en el secuestro de un hombre en la colonia Doctores. Víctor Hugo Ávila, mejor conocido como El Huguito fue detenido el 11 de octubre junto con otros tres sujetos cuando llevaban a un hombre secuestrado en la cajuela de una camioneta Dodge Nitro, mientras circulaban por la avenida Paseo de la Reforma.

La víctima, quien en ese momento se encontraba en la cajuela de la camioneta atado de pies y manos y con los ojos vendados, identificó a los cuatro hombres como sus plagiarios, además de que en el auto encontraron dos armas de fuego. Días después, El Huguito fue liberado supuestamente porque su víctima no los acusó de secuestro, pese a que fue encontrado atado dentro de la cajuela. Alguien mintió y la percepción es que hubo sobornos de por medio.

De acuerdo con los informes de la Procuraduría capitalina, El Huguito es el encargado del cobro de piso a los impresores de la Plaza de Santo Domingo y del Centro Histórico. El Huguito ya había sido detenido en dos ocasiones, cuando era menor de edad por robo a transeúnte.

Sin embargo, su apodo figura en varias carpetas de investigación por hechos violentos en el Centro Histórico y el barrio de Tepito. El Huguito forma parte del primer círculo de Roberto Moyado Esparza, llamado El Betito, quien ahora es considerado como el principal líder de La Unión tras el asesinato de Francisco Hernández Gómez, apodado El Pancho Cayagua. Con estos antecedentes que tiene en poder la Procuraduría capitalina, dejó en libertad al delincuente.

Las huestes del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas Rodríguez, tendrán que analizar desde la Secretaría de Gobernación los casos históricos que han quedado en la impunidad como el de los soldados que fueron acusados de ejecutar a 15 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a mediados de 2015.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que durante el enfrentamiento entre militares y civiles armados el 30 de junio en Tlatlaya, ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecutaron a 15 de las 22 personas que murieron tras los hechos violentos. Además que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México torturó y abusó de las mujeres sobrevivientes.

El entonces titular de la dependencia, Raúl Plascencia Villanueva, dio a conocer los resultados de su investigación, donde se destaca que los militares del 102 Batallón de Infanteria «después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas».

De otras tres víctimas no se ha podido establecer si sus heridas correspondieron al momento del enfrentamiento ya que fueron movidos del lugar donde fueron heridos. Dentro del reporte de la CNDH se establece que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cometió tortura y agresiones sexuales contra dos de las mujeres sobrevivientes, así como tratos fuera de los derechos humanos a testigos de los hechos. Si en lugar de justicia hay corrupción de los jueces, no habrá Cuarta Transformación, ¿de acuerdo?