Nigromante/José Vilchis Guerrero

La lucha de la 4T contra la corrupción en Pemex

Por: José Vilchis Guerrero

Con una sonrisa socarrona, el abogado Javier Coello Trejo, dijo haber sido enterado de la orden de aprehensión contra su cliente. El que fuera en el salinismo “fiscal de hierro”, ahora abogado de Emilio Lozoya Austin, se siente seguro frente a las cámaras de televisión porque su cliente –afirma- no firmó el documento que lo involucra en la compra de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados en enero de 2014, cuando Pemex hizo la sospechosa compra de la planta, la cual tenía 14 años sin operar y contaba con equipo obsoleto.

Aquella sonrisa del abogado Coello Trejo se tornó de satisfacción cuando le notificaron este miércoles 5 de junio, que la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva para que no se ejecute la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex hasta que se resuelva el juicio de amparo.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) precisó que la suspensión se concedió por no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa y solo aplica para este procedimiento y no tiene efectos sobre otros delitos u órdenes de aprehensión que existan. Explicó el CJF en un comunicado que su duración será en tanto se resuelva el juicio de amparo y no implica el otorgamiento del amparo ni interrumpe la persecución del delito en curso.

El 22 de mayo Lozoya Austin fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, después de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó anomalías durante su gestión al frente de la paraestatal en el sexenio anterior. A su vez la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) halló transferencias irregulares en sus cuentas por lo que ordenó su congelamiento hasta que no se resuelva su situación jurídica, pues también es señalado por la compra irregular de la empresa Agro Nitrogenados a un sobreprecio de más de 600 millones de pesos, cuando se cotizaba en menos de 50 millones de pesos.

Por otra parte, es evidente que por la investigación de la Fiscalía General de la República a Emilio Lozoya por el presunto soborno de 10 millones de dólares que recibió de la empresa Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la mira puesta en la hermana, la esposa y el exsecretario particular del ex director de Pemex.

Por consiguiente, las autoridades federales le siguen la pista al dinero entre los personajes involucrados, que incluyen las transacciones del empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA). De hecho, esa compañía también es investigada.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, le hizo un requerimiento de información el pasado viernes 24 de mayo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la situación bancaria y financiera de ocho personas físicas y tres personas morales, entre las que se encuentran los allegados a Emilio Lozoya, Alonso Ancira, así como la compañía AHMSA.

Al mismo tiempo, los representantes legales de Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, hermana y cónyuge, respectivamente de Lozoya Austin, involucradas en los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, obtuvieron por parte de un juez federal una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Los sobornos fueron entregados al Lozoya por los directivos que confesaron ante autoridades de su país, cuando aquél aportaba esos recursos a la campaña del entonces candidato priista a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

El Juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, emitió esta declaratoria. La medida cautelar sólo evitará la captura de la familia de Emilio Lozoya, siempre y cuando no se les haya ordenado detener por delitos graves. El juicio de garantías interpuesto ante el juzgado 14, estableció un pago de 18 mil pesos como garantía para cada una de las solicitantes de amparo.

En su defensa, ambas mujeres habían reclamado con antelación que la juez de control, María Elena Cardo Ramos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, libró una orden de aprehensión en su contra, lo cual, según ellas, atentaba contra su libre tránsito.

Se difundió en los medios una copia del requerimiento de información, que hizo Nieto Castillo con número de oficio SIARA UIF/2019/000303, dirigido a Sandro García Rojas Castillo, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV. El oficio, que tiene el número de identificación de requerimiento 110/FB/1803/2019, cuenta con el sello de recibido de parte de la Comisión Bancaria el mismo viernes 24 de mayo. El gobierno federal optó por el congelamiento de las cuentas de Emilio Lozoya, de familiares y allegados como  parte de las acciones contra el ex director de Pemex, a quien la Secretaría de la Función Pública ya inhabilitó por 10 años al descubrir que mintió en su declaración de situación patrimonial.

En la lista de personas físicas investigadas por la UIF en el caso Odebrecht, destaca el nombre de Gilda Susana Lozoya Austin. Las autoridades de inteligencia financiera incluyeron en todos los casos el RFC de los sospechosos. Le sigue en esa lista Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, de origen alemán, integrante de una poderosa familia dueña del consorcio Eckes Granini Deutschland, la cual domina el mercado europeo de jugos.

La UIF también indaga las operaciones financieras y bancarias de Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular de Lozoya, como director de Pemex. El susodicho trabajó en el gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto, quien lo nombró subcoordinador de Asuntos Internacionales del gobierno mexiquense. En la lista de la Unidad de Inteligencia Financiera destaca el nombre de Alonso Ancira Elizondo y también el de su empresa Altos Hornos de México.

Ya son de dominio público los sobornos que hizo la empresa brasileña Odebrecht en enero de 2014, cuando Pemex hizo la sospechosa compra de activos y rehabilitó la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, la cual tenía 14 años sin operar y contaba con equipo obsoleto, pertenecía a Altos Hornos de México.

Un mes después de la operación financiera, Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la clase política mexicana y de países donde operaba la empresa brasileña, que montó todo un entramado para facilitar su incursión.

Se descubrió que de las cuentas de Grangemouth salieron también los cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht. La lista de la UIF con los requerimientos de información a la CNBV incluye otros nombres de los que no se precisa cuál podría ser su involucramiento en el caso Odebrecht, aunque aparecen junto al nombre de Emilio Lozoya dentro del mismo oficio.

Otros investigados de esta lista son Francisco Javier Serafín Villalobos y Jorge Yáñez Polo, ambos integrantes del Colegio de Contadores Públicos.

La lucha contra la corrupción y la impunidad se manifiesta así contra Lozoya Austin y secuaces para darle a Pemex la relevancia que perdió con la pretendida reforma energética, que puso a la venta los activos de la paraestatal, objetivo primordial de la 4T para que recupere su antigua función de soporte financiero de la economía nacional, como eje del desarrollo, carácter que perdió cuando los gobiernos pripanistas la desmantelaron a través de licitaciones internacionales.

Mientras, López Obrador convoca el lunes en Tijuana a los demás poderes a un plantón en el que se declara amigo del pueblo y el gobierno del intransigente Donald Trump, en busca de evitar los aranceles de 5% a los productos de origen mexicano. El Senado gringo va a frenar la medida por no ajustarse a su propia ley. Serán los Republicanos, no López Obrador, los que frenen el castigo a México.

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