Nigromante/José Vilchis Guerrero

Los ‘otros datos’ de López Obrador a veces son falsos; no hay ‘mano negra’

A medida que avanza, sorprende la nueva administración, que se ofrece como la Cuarta Transformación, porque no siempre va en el sentido positivo, pues ha tenido tropiezos que afectan la vida de la Nación, debido a que la nueva burocracia anda errática, pues ha sido depredadora la curva de aprendizaje, que ya rebasó los siete meses. Y los nuevos burócratas, procedentes de las filas del Movimiento de Renovación Nacional, que trabajaron duro en la campaña para agarrar hueso, no dan una.

No obstante que la economía nacional mantiene un dinamismo que hasta ahora ha remontado los riesgos de una recesión pues siguen fluyendo las inversiones, hay en cambio un crecimiento de alto riesgo de desempleo rampante a la salida de miles de burócratas que fueron desplazados por los recién llegados, que sin tener el perfil, hacen el ridículo al desconocer los procedimientos de sus funciones.

Al mismo tiempo, cientos de empresas, por no confiar en la política económica del gobierno, ha cancelado miles de empleos, hasta ver en qué acaba toda esta incertidumbre. Paralelamente, se ha generado un incremento a los precios de la canasta básica, que incluye la carne de pollo y el aguacate, que a la fecha no tienen explicación, pues no ha habido ninguna postura visible de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Profeco). O no saben qué hacer o no se atreven a informar, ya que el único que acapara el micrófono está en el Palacio Virreinal. Es el que define la agenda nacional y no se siente mejoría en los bolsillos de la empobrecida clase trabajadora.

Lo que se observa a simple vista es que los recortes de personal tanto en el aparato de gobierno como en la iniciativa privada han sido erráticos, sin criterios económicos, de productividad, con la única intención de ahorrar recursos en todas las áreas de la administración pública, hasta en lo más sensible y lo que para el gobierno morenista es prioridad, como la seguridad pública, es un área en la que reconoce Andrés Manuel López Obrador que no se avanza.

A pesar de que los medios electrónicos y los gráficos impresos difundieron profusamente fotografías de las ruinosas instalaciones designadas para los miles de policías federales, quienes tienen que dormir en el suelo, asearse en lavabos y baños en evidente deterioro y suciedad, además de pretender integrarlos a la Guardia Nacional en condiciones laborales igualmente deplorables, no han sido suficientes para que entienda el Jefe del Ejecutivo las razones que generaron el amotinamiento de miles de agentes federales que convocaron a miles de sus compañeros a un paro nacional. Para él “hay mano negra” detrás del conflicto.

De acuerdo a la “otra información” que tiene López Obrador, no hay motivo aparente para la rebelión de los insubordinados integrantes de la Policía Federal que mantuvieron de miércoles 3 a jueves 4 de julio bloqueos en distintas ciudades del país a donde se les ha asignado para integrarse a la Guardia Nacional. En lugar de asumir la responsabilidad de resolver el conflicto, el mandatario desacreditó a la corporación.

“Esta Policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder. Y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación, entonces desde arriba hacia abajo imperó la irresponsabilidad y la corrupción”, fue el pretexto del mandatario, quien se negó a reunirse con el personal de la PF para conocer sus demandas. Para que fundamentara en la realidad su información, que no es la misma que tienen los que son debidamente informados por los medios. Porque para él, éstos no tienen credibilidad.

Entonces, se recurrió a las ya tradicionales cortinas de humo. Se responsabilizó al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de estar alentando la inconformidad de los efectivos de la corporación federal. Salió al paso con un video que difundió en sus redes sociales, en el que rechazó las insinuaciones sobre su relación con el grupo de insubordinados y pidió a López Obrador y específicamente al secretario Alfonso Durazo, que presente las pruebas o de lo contrario que retiren sus calumnias.

Tampoco tuvo a la mano el primer mandatario un encargado de comunicación social del gobierno que lo pusiera al tanto de estas condiciones inhumanas que les quieren imponer a los integrantes de la Policía Federal, porque ya desaparecieron a los monitoristas que prestaban un servicio de información en las distintas áreas gubernamentales, que les permitía a los funcionarios de alto nivel adoptar medidas acordes a la solución de los problemas.

Por otra parte, al tabasqueño lo han sorprendido los nuevos burócratas con una realidad ajena a sus compromisos de campaña, por ejemplo, la de bajar el salario a los altos funcionarios, pues la reducción salarial no sólo se aplicó a los secretarios, subsecretarios y hasta jefes de área, que verían disminuido su ingreso a la mitad, en tanto que de jefe de departamento hacia abajo, incluidos los empleados de confianza y los sindicalizados, les ofreció el tabasqueño que verían un aumento en sus sueldos. No ocurrió así, pues en la realidad todos cobran la mitad de su salario.

Todavía no se explican los que han sido afectados por estas medidas de austeridad “republicana” cómo es posible que un servidor público que fue contratado años atrás por cubrir un perfil que le exigía haber estudiado una licenciatura y que en algunos casos fue necesario cursar una maestría y hasta un doctorado por así requerirlo sus funciones, se vea afectado en sus ingresos, a cobrar la mitad de su salario por esa obsesión de ahorrar y disminuir arbitrariamente a la burocracia hasta llegar a un subejercicio del presupuesto de cerca de 160 mil millones de pesos, sin un criterio económico preciso o un objetivo de gobierno que lo justifique.

El mandatario se ha visto obligado a rectificar en los casos de despidos en los medios públicos de información como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal Once del IPN, el canal cultural 22 y la agencia Notimex. La mañana del jueves 4 de julio el presidente López Obrador ofreció revisar la situación de despidos que se han presentado en la plantilla laboral de la agencia Notimex. Ninguno de los responsables de estas áreas le acercó información precisa y puntual, apegada a la realidad.

En Palacio Nacional un grupo de despedidos de la agencia, denunciaron que 100 empleados, entre reporteros, editores, camarógrafos, fotógrafos y redactores, fueron retirados de sus labores sin justificación y mediante el anuncio de que serían liquidados con el 40 por ciento o 60 por ciento de sus prestaciones, además de que en algunos casos, fueron desalojados de su centro de trabajo bajo presión de policías que los acompañan hasta abandonar su lugar de trabajo.

“Eso no es cierto. No creo tampoco, no lo creo” fue la respuesta del mandatario. No creyó en la versión de los que sufrieron la experiencia y por el contrario dijo que tiene absoluta confianza en la directora de Notimex, Sanjuana Martínez. “Estoy absolutamente seguro que es mentira, o sea, es incapaz”, dijo. Hay videos-, se le planteó al Ejecutivo federal.  “Sí, sí, pero eso no se hace, no lo haría Sanjuana. Confío mucho en Sanjuana, muchísimo”, respondió López Obrador, quien dijo que también confía en lo que le decían los quejosos, “pero no confío en algunos líderes corruptos”.

López Obrador ofreció que su vocero, Jesús Ramírez, revisaría esta situación, y de ser correctas las denuncias de los empleados, se rectificará, se ofrecerá disculpa y se sancionarán conductas de abuso por parte de funcionarios de Notimex. “Si hay casos de injusticias se revisan, y si es cierto de que se usa al policía y que se amenaza de que se está cometiendo una injusticia, y se demuestra y yo me entero y tengo las pruebas, se rectifica, se ofrecen disculpas y hay sanciones, porque no somos iguales, no somos iguales a los anteriores”, mencionó.

Lo mismo ocurrió en los casos de Canal Once y el Canal 22, a donde acudió Jesús Ramírez, quien logró frenar los despidos y comenzaron a llamar a los despedidos para que se reincorporen a sus labores. Antes también se frenó la desaparición del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. El organismo público encargado de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional ya había sido condenado a desaparecer.

Debido a la presión social y la difusión de una imagen del gobierno federal no deseada así como la intervención de periodistas que cuestionaron la medida, se ordenó desde el Palacio Nacional restituir el presupuesto destinado a su operación. López Obrador tuvo que dar marcha atrás, porque reconoció que la información que tenía era falsa. La Secretaría de Educación Pública aportó cerca de 20 millones de los más de 30 que se requieren para continuar sus operaciones y cubrir salarios retenidos a los trabajadores, que podrán renovar sus contratos hasta diciembre.

No hay de otra. O hay un cambio de actitud de López Obrador respecto a la seguridad pública y entiende que no hay democracia sin ejercicio del periodismo no sólo en los medios públicos sino también en los privados; que no habrá un gobierno eficaz sin una burocracia capacitada, que gobernar no es tan sencillo como se imagina o de plano, no habrá una cuarta transformación.

Para que haya una cuarta transformación López Obrador tendrá que revisar la estructura burocrática del sector público y evaluar a los responsables de las áreas de gobierno o se verá obligado a rectificar en cada una de sus decisiones. Por ahora tiene la oportunidad de aprovechar su capital político, que todavía no se ve disminuido en forma importante luego de los desgastantes primeros siete meses que en anteriores sexenios disminuyeron la figura presidencial.

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