Nigromante/José Vilchis Guerrero

En un lapsus que ya es frecuente en los integrantes del gabinete de Seguridad, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, llegó a expresar que lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, era parte de la normalidad de la violencia en el país. Se desdijo al día siguiente porque no creyó políticamente correcto expresarse así en los nuevos tiempos de un nuevo gobierno que pregona la paz en un país que está en guerra. Pero dijo que eso mismo ocurre en otros estados.

Justo el lunes 14 de octubre en que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, expusieron el plan de seguridad pública, elementos de la Policía Estatal de Michoacán fueron emboscados por la mañana mientras cumplimentaban un mandato judicial en Aguililla. Los policías se encontraban en la localidad de El Aguaje, cuando civiles armados dispararon en su contra. La dependencia confirmó la muerte de 13 elementos, además 3 resultaron heridos.

La mediocre administración del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quedó a la vista, en los hechos: fue recibido por los deudos de los policías abatidos con los peores adjetivos –de inepto no lo bajaron- porque los mandos los dejaron solos en la refriega, pese a que pidieron refuerzos que nunca llegaron.

Al día siguiente, cuando se esperaba una postura firme de López Obrador, declaró “lamentable la emboscada en Michoacán”, pero confirmó que se mantiene la estrategia para combatir la delincuencia: atender las causas sin usar la violencia. No obstante, dijo que se tiene que evitar que la autoridad se mezcle con la delincuencia; que no haya contubernio y los delincuentes no tengan protección de las autoridades. ¿Cómo lo podrá evitar? No supimos.

Dijo algo cierto: los gobiernos panistas y el anterior de Enrique Peña Nieto dejaron crecer la delincuencia y aplicaron estrategias que no les funcionaron, al tiempo que algunas autoridades de todos los niveles se sumaron a los delincuentes.

Todavía estaba la conferencia mañanera, cuando ocurrió otro enfrentamiento entre militares y delincuentes que los emboscaron en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, en la comunidad de Tepochica, donde fueron abatidos 14 civiles armados el martes 15 de octubre por el Ejército y que luego fueron identificados como integrantes de una célula escindida del grupo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por Pedro Millán Flores, conocido como El Nueve.

En esta ocasión no fueron víctimas los integrantes de las fuerzas armadas, pues uno de los oficiales que encabezaba a los militares, armado con una ametralladora, abatió a los delincuentes y fue el único que falleció en la refriega. Se pudo saber posteriormente que entre los victimados, se encuentra José Mojica El Pestañas y Nestor Arcos Bello El Oaxaco, ambos lugartenientes de El Nueve, según los reportes oficiales consultados por la agencia Apro.

Este jueves 17 de octubre, fue detenido en medio de una balacera Ovidio Guzmán López, hijo del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín”El Chapo” Guzmán Loera por las autoridades federales en Culiacán. El aseguramiento de Ovidio se llevó a cabo en una operación en conjunto de efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Previamente hubo una serie de balaceras que generó pánico entre los pobladores. A través de las redes sociales circularon videos del momento del intercambio de balas.

Sin embargo, hubo confusión en las primeras horas sobre la aprehensión del presunto capo de la droga y en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador confirmó que fue liberado para evitar una masacre, porque no vale más la aprehensión de una persona que la vida de los demás. Estamos de acuerdo. Antes, por la noche, la confirmación la hizo Alfonso Durazo y el abogado de “El Chapo” Guzmán, José Luis González Meza.

Ovidio Guzmán López, de 28 años, es conocido como “El ratón” o “Ratón nuevo” y es hermano de Iván Archivaldo Guzmán López, hijos de Griselda López Pérez. Ambos fueron señalados por la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro como miembros del Cártel de Sinaloa, además los colocaron dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como Ley Kingpin.

El 21 de febrero pasado, Ovidio y su hermano Joaquín Guzmán López fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de conspiración para distribución de cocaína, metanfetamina y marihuana. En Twitter se encuentra una cuenta con el nombre de Ovidio, donde publica diferentes fotografías con armas largas y visitas constantes a Badiraguato, lugar donde nació su padre Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En lo que va de la nueva administración, todos los días se ven escenas inéditas de grupos de militares o policías humillados por delincuentes que los enfrentan abiertamente porque bajan la guardia por instrucciones superiores, dizque para no incurrir en violación de los derechos humanos. Para no reprimir al “pueblo bueno”. Lo cierto es que ni la Guardia Nacional ni los militares fueron entrenados para proceder con los protocolos establecidos en los casos en que tienen que defender su integridad, sin incurrir en represión o uso indebido de la violencia institucional.

Un ejemplo que provocó el escándalo a nivel internacional fue el de la masacre en la que incurrieron militares en Tlatlaya, estado de México. El mismo jueves 17 un tribunal federal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la misma, en junio de 2014. La Fiscalía General de la República (FGR) fincó a los siete uniformados el delito de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión.

El mismo Sexto Tribunal Unitario del Estado de México que los había liberado, resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para que sean enjuiciados. Hace dos años se minimizaron las pruebas cruciales que los inculpaban.

Según la información oficial de las fuerzas armadas divulgada en 2014, fueron ocho personas las que fueron asesinadas en lo que se tomó como una masacre hace ya más de cinco años. Nadie supo en un principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) divulgó una versión distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. Investigaciones periodísticas han desmentido la versión original de la Sedena y se han aportado pruebas en contra de los militares.

En un comunicado, la Sedena informó en esos días que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de México; que los civiles habían atacado a los militares y que éstos se habían defendido; que en el tiroteo, 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido.

En septiembre de ese mismo año una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes.

Otras dos testigos se expresaron en los mismos términos. En su investigación, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que los asesinados eran ocho y que el resto había caído en combate.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo su propia investigación y concluyó que no fueron ocho, sino 12 y hasta 15 los que fueron masacrados, cuando ya se habían rendido a los militares, quienes sin embargo les dieron el tiro de gracia. Luego se comprobó en la investigación que los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión.

Por otra parte, un comunicado del Centro Pro se informó que el 30 de junio de 2014 fueron privadas de la vida 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya y que a pesar de que la Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas basadas en testimonios de sobrevivientes revelaron que fueron ejecuciones cometidas cuando los civiles se habían rendido y que hubo alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.

Lo cierto es que a casi un año de la 4T no hay una política de seguridad pública, porque así como lo plantea YSQ, atacar las causas de la delincuencia será un proceso que llevará años, ya que ni sus madres ni abuelas podrán remediar las conductas delictivas de sus descendientes y los próceres militares no van a poder evitar las humillaciones de la tropa al no aplicar los protocolos en actos delictivos y seguirán las emboscadas que privan de la vida a militares todos los días.

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