Nigromante/José Vilchis Guerrero

Los tropiezos del nuevo régimen contra la corrupción, la economía y la seguridad

Aunque el nuevo régimen avanza con la bandera de la lucha contra la corrupción, tuvo un resbalón con el escándalo que provocó la exoneración de Manuel Bartlett Díaz (23 de febrero de 1933) por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que afectó no sólo al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque levantó suspicacias entre propios y extraños, sino al mismo Bartlett y a la secretaria Sandoval, que quedaron contra la pared entre la bandera de la honestidad y la transparencia en el ejercicio del poder público.

No se puede olvidar la historia de Bartlett Díaz y su paso por el PRI del que fue militante de 1957 al 2012. Ha sido desde hace un año el hombre fuerte del gabinete a pesar de sus 55 años de militancia en el PRI en cuyas filas fue secretario de Gobernación y de Educación Pública, gobernador de Puebla y senador en dos ocasiones.

Bartlett no nació en Puebla, al que gobernó; sus orígenes son de Tabasco y Veracruz; hijo de Manuel Bartlett Bautista, quien fuera gobernador de Tabasco entre 1953 y 1955 y de Isabel Díaz de Castilla, hija del destacado poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón. No milita en Morena, sino en el Partido del Trabajo, pero en el imaginario popular prevalece el fraude de 1988, cuando “se cayó el sistema” y en lugar de Cuauhtémoc Cárdenas, ocupó la Presidencia de la República Carlos Salinas de Gortari. También se la relaciona con la muerte del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

No tiene el perfil del funcionario de la 4T, pues no hay de por medio honestidad y austeridad republicana luego del escándalo que provocó al conocerse su fortuna en bienes inmuebles por más 800 millones de pesos, datos que no fueron incluidos en su declaración patrimonial antes de ocupar el cargo que ahora ostenta en la CFE.

Gracias a una investigación periodística de la reportera Areli Quintero, se supo de las propiedades de la familia de Bartlett, quien declaró ingresos anuales por once millones de pesos y un patrimonio de 51 millones de pesos, sin mencionar las 25 propiedades, casas y terrenos, tanto a su nombre como al de sus hijos y pareja a través de prestanombres.

Para taparle el ojo al macho, a Irma Eréndira Sandoval le tocó bailar con la más fea, pues hizo más o menos lo que el ínclito Virgilio Andrade, quien hizo a un lado las investigaciones sobre la famosa Casa Blanca de Angélica Rivera, de cuya propiedad exoneró al ex presidente Enrique Peña Nieto antes de renunciar el 18 de julio de 2016 como secretario de la Función Pública, lo que provocó la indignación de Andrés Manuel López Obrador al decir que es una exageración que la comparen; le dio el espaldarazo, porque Sandoval “no sería capaz de avalar ningún acto de corrupción”, dijo.

Ahora, otro aspecto es que la economía por estos días anda por los suelos: en octubre pasado, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) retrocedió 0.5% respecto al mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que representa el mayor retroceso mensual no visto desde diciembre del 2018. No solo eso, en su comparación anual, el IGAE, que permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía, en el corto plazo disminuyó 0.7% en el décimo mes del presente año.

Por grandes grupos de actividades, las actividades secundarias o industriales se desplomaron 2.8%; las terciarias o las relacionadas al comercio, servicios y turismo retrocedieron 0.1%; en contraste, solamente el sector primario o agropecuario de la economía  tuvo una expansión del 9.3% en octubre, con relación al mismo mes de 2018.

De acuerdo con un reporte del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), dicha situación “refrenda la necesidad de elaborar un programa contingente de reactivación económica: la continuidad del debilitamiento productivo puede tener consecuencias relevantes en el mercado laboral, y partir de ello en el bienestar de las familias mexicanas”.

Eso no es todo, según el centro de análisis dirigido por el especialista José Luis de la Cruz Gallegos, como resultado, el ciclo del IGAE muestra que la economía mexicana se encuentra en recesión y que aún no se ha tocado fondo.

Por otra parte, el desempleo repuntó en noviembre pasado al registrar una tasa del 3.5%, cifra superior al 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) registrado el mismo mes del 2018, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, al considerar solamente el agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación en este ámbito se ubicó en 4.4% de la PEA en noviembre de 2019, lo cual significó un incremento de 0.1 puntos porcentuales en comparación con la de octubre pasado y de 0.6 con relación a la del penúltimo mes de 2018, con cifras desestacionalizadas.

Las entidades donde el desempleo repuntó fueron Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Asimismo, la Tasa de Subocupación, referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda, representó el 8.2%. En su comparación anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes de 2018, que se ubicó en 7 por ciento.

En consecuencia, aumenta la informalidad. De acuerdo con el Inegi, la Tasa de Informalidad Laboral se ubicó en 56.1% de la población ocupada durante el penúltimo mes de 2019, registrando un aumento en comparación con la del mes precedente que fue de 55.9% y un descenso frente a la de 57.2% de noviembre de 2018, con series desestacionalizadas.

Esta tasa de informalidad se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

Otro tema en el que nos sale debiendo la 4T es en la seguridad pública, pero el presidente López Obrador no deja de estimar las ventajas de la estrategia de seguridad que implementa su gobierno y que consiste en atender las causas de la violencia y la inseguridad. El mandatario federal señaló que la mayor ventaja es el enfoque del plan que consiste en atender los motivos de este flagelo, “eso es muy importante purificar la vida pública”.

Otras ventajas de su plan, afirma, son: la perseverancia, el no permitir la impunidad, así como tener más elementos de seguridad, entre policías e integrantes de la Guardia Nacional. “Estamos seguros de garantizar la seguridad, pues tenemos cosas a favor», expresó el jefe del Ejecutivo federal al señalar que todos los días se trabaja para enfrentar el problema de la inseguridad.

Sin embargo, todos los días hay hechos de violencia e inseguridad en todo el territorio nacional, pero Guanajuato es el estado de la República donde se ha registrado mayor número de homicidios dolosos en lo que va de 2019, con un total de tres mil 211, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde el funcionario detalló que en segundo lugar se ubica Baja California con dos mil 657, en tercero el Estado de México con dos mil 603, en cuarto Jalisco con dos mil 465 y en quinto sitio Chihuahua con dos mil 379. En el país, la cifra total asciende a 31 mil 688, según las cifras presentadas por el secretario Durazo.

En cuanto a la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, Colima encabeza la lista con 88, seguido de Baja California con 74.2, Chihuahua con 63.2, Guanajuato con 52 y Guerrero con 47.

Además de Durazo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y el de Marina, Vidal Francisco Soberón, atienden los lineamientos de la 4T en materia de seguridad, que no deja de tener sus contratiempos, pues tiene que resolver la sobrepoblación en las cárceles del país, donde hay miles de presos por delitos no graves como posesión de enervantes, o robos de baja cuantía, que les llaman robos “por hambre”, entre otros.

Para darle una salida a la sobrepoblación carcelaria e impartir justicia a los más pobres, porque hay quienes no tienen recursos para pagar una fianza, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que una vez que sea aprobada por el Senado de la República la minuta de Ley de Amnistía enviada por la Cámara de Diputados la semana pasada, se estima que sean beneficiadas alrededor de 6 mil 200 personas que hoy compurgan una pena en prisión por delitos menores y no las 300 mil de las que se habla. 

Al hacer una presentación de esta nueva normatividad, que fuera aprobada el 11 de diciembre en San Lázaro, la funcionaria destacó los alcances que tendrá la ley para la pacificación del país. La amnistía que el Ejecutivo federal propone y que se espera culmine su aprobación en el Congreso de la Unión en el primer trimestre del próximo año busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación, la exclusión social provocando que mujeres, jóvenes, e indígenas estén en prisión por delitos menores ya sea del ámbito federal o local.

Por ejemplo, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, informó que analizan el caso de 20 mujeres indígenas en Chiapas que pudieran ser sujetas a los beneficios de la ley y que son acusadas de entre otros delitos por ingresar droga a penales; para las que hayan cometido el delito de aborto ya sea la madre del producto, familiares, médicos, cirujanos, parteras o personal de servicios de salud.