Ningún ajuste presupuestal debe estar sobre derechos fundamentales: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de octubre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó la importancia de reafirmar a las autoridades gubernamentales que la realización plena de los derechos humanos está vinculada con el ejercicio presupuestal, por lo que ninguna reducción o ajuste al presupuesto puede estar sobre la protección de tales prerrogativas o comprometer la dignidad de las personas, ya que su ejercicio debe ser el eje del presupuesto público.

Consideró que el impulso y la promoción del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un desafío para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y otros actores como academia y sociedad civil organizada, e instó al Estado mexicano a atender dicho compromiso y las 264 Recomendaciones del Examen Periódico Universal, de las cuales aceptó 262 de las adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo pasado, y las 3,349 recibidas de diversas instancias internacionales y regionales.

Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar los pasados días 22 y 23 de octubre, en la ciudad de Panamá, Panamá, en el panel El papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la implementación de las recomendaciones de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Consulta regional de la ONU El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos: buenas prácticas, mecanismos de seguimiento y sinergias con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el cual expuso la necesidad de que la CNDH fortalezca su relación con autoridades, sociedad civil, academia y demás actores interesados en el cumplimiento de la Agenda para impulsar su seguimiento y la difusión de indicadores a nivel nacional para medir de manera clara el avance de cada meta.

Ante los participantes en la Consulta Regional, provenientes de 19 países del Continente Americano, exhortó al Gobierno mexicano a continuar presentando el Informe Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, para dar cuenta del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo que deberá mantener actualizada la información disponible al público sobre los avances alcanzados, al tiempo que las INDH deben organizar mejor sus tareas y buscar mayor especialización de sus colaboradores para atender las necesidades y circunstancias propias en cada país, a la luz de los citados Objetivos y metas de la Agenda.

El ombudsperson mexicano expuso que la academia es indispensable en la difusión del contenido de la Agenda, no solo en las aulas, sino también en sus publicaciones e investigaciones, y señaló la importancia de incluirla en los planes de estudio, en el marco de la educación en derechos humanos, además de que debe colaborar en la realización de diagnósticos en cada uno de los temas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se podrá dar seguimiento a su cumplimiento con la elaboración y medición de indicadores para cada Objetivo.

Llamó a aprovechar la experiencia de la sociedad civil para tejer alianzas eficaces y en las estrategias para la obtención y ejercicio de recursos; aceptar su colaboración como asesores de gobiernos federal, estatales y municipales en la implementación de la Agenda y en la revisión del nivel de cumplimiento de los ODS.

Como parte de las acciones para el cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periódico Universal y la Agenda 2030, González Pérez refirió las Recomendaciones Generales emitidas por el Organismo Nacional sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de trabajadoras y trabajadores; sobre las violaciones a los derechos humanos a la salud y medio ambiente sano; sobre derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas y sobre falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, así como la emisión de estudios sobre derechos humanos y pobreza; protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de derechos humanos; sobre ciudades sostenibles y derechos humanos; documentos sobre presupuesto público y derechos humanos y los derechos humanos y la corrupción en México.

Entre las buenas prácticas mencionadas por el Presidente de la CNDH destacan la incorporación de recomendaciones del MEPU y los ODS en la elaboración de las recomendaciones del Organismo Constitucional Autónomo y en las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; recopilación de información para identificar temas de especial preocupación en torno de las recomendaciones de los dos primeros ciclos del EPU, y la organización de cuatro conversatorios con los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos, con participación de academia y organizaciones sociales que aportaron información y elementos al documento de contribución de la CNDH.

Acompañado por la Secretaria Ejecutiva de la CNDH, Consuelo Olvera Treviño, compartió el panel con Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI); Norma Morandini, Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Argentina; Laura Arguedas Mejía, Jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa, Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, y Tenar Gómez Llorente, de la Organización UPR Info.

La consulta regional es organizada conjuntamente por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a través del Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica en la Aplicación del Examen Periódico Universal, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina para la Coordinación del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDCO).

Y tiene como objetivo identificar desafíos y oportunidades a nivel nacional y regional para alinear las iniciativas para el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y el logro de los ODS, e intercambiar experiencias sobre los principales desafíos sobre derechos humanos en la región de Latinoamérica para el cumplimiento de la Agenda 2030. Las actividades se centran en el intercambio de experiencias y la identificación de avances, desafíos y lecciones aprendidas en relación a la preparación y seguimiento del EPU y la creación de sinergias entre los esfuerzos nacionales en temas de derechos humanos y consecución de los ODS.

La consulta reúne aproximadamente 70 participantes provenientes de 19 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.

Los participantes incluyen miembros de estructuras/mecanismos nacionales para la preparación de informes y el seguimiento a las recomendaciones; representantes de gobierno responsables de la implementación y monitoreo de los ODS y preparación de los exámenes nacionales voluntarios; parlamentarios; representantes de instituciones nacionales de derechos humanos; organizaciones de la sociedad civil, Coordinadores Residentes de Naciones Unidas, así como representantes de las oficinas de Naciones Unidas en los países participantes.