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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente el asesinato de Emma Gabriela Molina y expresó su solidaridad y respaldo a la familia, en especial a la madre e hijos de la víctima, al exhortó a las autoridades competentes de Yucatán, para que lleven a cabo con la debida diligencia su labor de procuración e impartición de justicia.
Este lunes, Molina Canto, quien durante dos años buscó recuperar a sus hijos –secuestrados por el padre, Alberto Medina Sonda, priista y actualmente preso por corrupción, fue privada de la vida, en el Fraccionamiento de San Luis, Municipio de Mérida, Yucatán.
Ante tal situación, la CNDH dirigió medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno (Segob) y a la Fiscalía General, ambas del Estado de Yucatán, para que lleven a cabo las acciones necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de la madre e hijos de la víctima.
Precisó que el 31 de octubre de 2014 este Organismo Nacional emitió la Recomendación 54/2014, «en la cual se acreditaron violaciones a los derechos humanos de la señora Molina Canto, de su madre y de sus menores hijos, en particular a los derechos de las víctimas a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, trato digno y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia; sin embargo, las autoridades recomendadas no han dado cumplimiento a la citada Recomendación, pues la Procuraduría General de la República (PGR) ha atendido sólo tres de las cinco recomendaciones específicas; en tanto, ni el Gobierno de la Ciudad de México, ni el Gobierno de Tabasco han cumplido las cinco recomendaciones específicas que se le dirigieron.
Resaltó que el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos protectores de derechos humanos es parte del deber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades, para que, en el ámbito de su respectiva competencia, respeten, promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de todas las personas, razón por la cual se debe actuar con la debida diligencia ante los pronunciamientos que emita esta Comisión Nacional.
En el particular, la Recomendación 54/2014 fue aceptada y se encuentra con pruebas de cumplimiento parcial, es decir, no ha sido totalmente cumplida, por lo que este Organismo Nacional destacó que el incumplimiento de las recomendaciones puede generar graves consecuencias para las víctimas.
Subrayó que el Informe especial sobre Recomendaciones en trámite, emitido el 8 de mayo de 2016, en el que esta Comisión Nacional detalló que en el periodo comprendido de 2011 a 2016, el 60 por ciento de las autoridades en promedio no han cumplido a cabalidad las recomendaciones en ese periodo, lo cual como lo señaló el Ombudsman Nacional incide directamente en el aumento de la impunidad y debilita el Estado de Derecho.