No encontraban al padre y, ahora, ni a la niña-madre jalisciense

GUADALAJARA, 7 de febrero (Quadratín México).- Primero el desaparecido fue el padre. Ahora es la madre, una niña de apenas nueve años, la que se esfumó de su casa, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, tras dar a luz, el 27 de enero, a una robusta que pesó 2.7 kilos y midió 50 centímetros de largo.

Y aunque desapareció la niña-madre, el debate en torno al hecho se avivó en el estado y en el país.

Se centra en tres hechos: el primero, la supuesta negligencia de sus padres que supieron desde el tercer mes del embarazo de la chiquilla; otro, en que apenas habiendo parido le fue colocado un dispositivo anticonceptivo y, un último, ahora se debate hasta la posibilidad de que no tenga nueve, sino 15 años.

Del padre, un chamaco que según la familia de la niña tiene entre 15 y 17 años, las autoridades judiciales no hallan ni sus luces.

Unos dicen que, enterado del embarazo, se fue presto a buscar empleo para mantener a la criatura. Otros señalan que, simplemente, rehuyó la paternidad y…la responsabilidad.

Por primera vez desde el 27 de enero, en que la menor dio a luz en el Hospital General de Occidente en Zapopan, entró al quite del tema el secretario de Salud de Jalisco, José Antonio Muñoz Serrano, quien fincó responsabilidad a los padres de la niña.

Según el funcionario, “desde el tercer mes de embarazo la niña –de la que se ha omitido el nombre–, comunicó a sus padres y a su familia del hecho y nadie hizo nada”.

Es en ese punto que el secretario jalisciense de Salud se pregunta: “¿Qué padre de familia deja de lado la petición de un hijo menor y no lo entera al Ministerio Público? Pues ellos lo hicieron y a mí me parece que hay responsabilidad grave de los padres de familia”.

Es el mismo Muñoz Serrano quien, por primera vez desde que se conoció el hecho, advirtió la posibilidad de que incluso la chamaca no tenga nueve, sino hasta 15 años de edad y hasta pone en duda que haya tenido acceso a la educación.

Señala que precisamente porque la familia ignoró por muy buen tiempo el embarazo, “hemos dado cuenta al Ministerio Público del caso. La niña fue violentada en sus derechos en muchas ocasiones y en su casa, hecho que parece haber molestado mucho a sus parientes”.

Insiste Muñoz Serrano que las características físicas de la que denomina víctima, corresponden a una edad mayor a nueve años y advierte que, con base en los hechos y la posibilidad de que se repitan los abusos, un equipo de especialistas del hospital convenció a la madre de la niña para autorizar el uso de un anticonceptivo.

Justifica que el implante subdérmico es parte de las obligaciones del estado de ofrecer una alternativa de protección a esta niña que, una vez que parió, regresó a un entorno violento.

“Ella fue violada en su casa, violentada en su casa en sus derechos y regresó a su domicilio, entonces nosotros no pudimos dejarla ir así y tuvimos que darle una protección y en cuanto la niña esté en un entorno seguro le será retirado”, puntualizó.

Asegura que fiel a su responsabilidad y compromiso, un equipo interdisciplinario del sector salud han acudido al domicilio de la menor hasta en dos ocasiones luego del parto y no la han encontrado en casa.

El funcionario dijo que le preocupa mucho que la niña pueda dejar de tener una atención adecuada, sobre todo psicológica porque es de por sí impensable el daño que pudo haber recibido por la agresión y el que ya no tenga seguimiento y atención psicológica implica que esta niña vaya a tener trastornos en su conducta y que también vayan a afectar a la recién nacida.

Enrique Rábago Solorio, director general del Hospital General de Occidente en Zapopan, defendió, también, la instalación del método anticonceptivo e insistió en que el procedimiento se realizó, previo consentimiento firmado por parte de la tutora de la menor.

“Nuestro equipo médico actúo conforme lo debe de realizar, siempre viendo por la protección de la menor”, dijo.

Coincidió, además, en que no hay un seguimiento multidisciplinario especializado en atención para la menor, como puede ser médico, ginecólogo, neonatal, trabajo social, psicólogo, pediatra, entre otros profesionales de la salud enfocados en la atención del bebé y de la niña mamá para evitar que tenga complicaciones posparto.

Manifestó que el hospital mantiene una “cita abierta” para atender a ambos menores de edad. “Se le dio una cita abierta a la paciente, para que posteriormente venga al proceso de su puerperio”.

Según la madre de la niña, una trabajadora de intendencia con 10 hijos más, cuando se percató del embarazo a los siete meses de gestación acudió con el supuesto padre para pedirle que asumiera su responsabilidad.

Según su versión, el chico aceptó que la menor viviera con él, a lo que ella se negó y éste decidió salir del estado para buscar trabajo, sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

El 31 de enero, la madre de la menor, es decir, la abuela del recién nacido, acudió a la comisión para solicitar información y levantar una queja con dos motivos de inconformidad. En primer lugar, porque el hospital donde fue atendida dio aviso del caso al Ministerio Público y, en segundo, porque le fue colocado a la joven madre un dispositivo subdérmico anticonceptivo.

El jefe de Quejas de la CEDHJ, Arturo Jiménez Jiménez, señaló que tras hacer una investigación, se concluyó que ambos motivos no proceden, pero al ser un caso inusual y de gravedad, se levantó la queja número 1095/2013, que será turnada a la Segunda Visitaduría.

Así, mientras agentes de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco se encuentra en la búsqueda del joven, quien podría enfrentar cargos por abuso sexual infantil y cuya pena va desde uno hasta 20 años de prisión.

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