No factible, solicitud de Presidencia: SCJN analizará lunes Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de mayo de 2023.- La ministra Norma Lucía Piña, presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas (Plan B), hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en 2018, en contra del decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

Al respecto, las 11 ministras y ministros determinaron por unanimidad que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.

El Pleno consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el dictado de sentencias contradictorias ni afectará los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social).

Además, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas –a la cual no se le dio el trámite de materia electoral–, no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN.

Apenas este miércoles, la CJEF solicitó formalmente a la ministra presidenta de la SCJN que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal procediera a resolver primero sobre la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social el 11 de mayo de 2018 y luego la validez de la reforma a dicha norma, aprobada en diciembre de 2022.

“Cabe recordar que la expedición de la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y MC, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, según los accionantes, no son acordes con la Constitución federal.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (Plan B)”, detalló, en un comunicado.

Subrayó que hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.

Y que su solicitud era con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del Pueblo de México, por lo que hacía un respetuoso llamado a la SCJN para que resolviera los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.