No son guarderías. Es corresponsabilidad

Hay decisiones administrativas que parecen pequeñas en el calendario, pero enormes en la vida real.

En días pasados, presenté en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública a emitir una guía que permita que, durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar, las escuelas no suspendan totalmente actividades.

La reacción fue inmediata. Muchas madres respaldaron la propuesta. Muchos docentes se indignaron. “Las escuelas no son guarderías.” “Nosotros no somos cuidadores.”

Y es cierto: la escuela no es una guardería. Pero tampoco es solo un edificio donde se imparten materias. La escuela cumple una función social mucho más amplia: educa, sí, pero también contiene, supervisa y protege.

El problema no es el Consejo Técnico Escolar. Nadie cuestiona su utilidad pedagógica. El problema es que el diseño actual traslada el costo organizativo de esa decisión a las familias.

En el papel, el último viernes de cada mes es una “suspensión administrativa”. En la práctica, es un día en el que miles de madres tienen que pedir permiso en el trabajo, pagar cuidado adicional o simplemente dejar de percibir ingresos.

Cuando el Estado cierra la escuela, el cuidado no desaparece. Se privatiza. Y en México, ese cuidado lo asumen mayoritariamente las mujeres.

Eso no es un detalle menor. Es una decisión pública con impacto de género. Y las decisiones públicas no pueden ignorar sus efectos sociales. No estoy proponiendo precarizar al magisterio ni vulnerar sus derechos laborales. Sería irresponsable. Lo que propongo es algo más elemental: corresponsabilidad.

El derecho a la educación está garantizado en la Constitución federal. El derecho al cuidado está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. No podemos diseñar políticas educativas como si el cuidado fuera un asunto privado que cada familia resuelve como pueda.

Cerrar un día al mes puede parecer insignificante desde un escritorio. No lo es para una madre que trabaja por horas, para una jefa de hogar sin red familiar, para quien cuida a un hijo con discapacidad.

Es salario perdido. Es estrés acumulado. Es carga invisible. El debate no debe enfrentar a docentes contra madres. Ambos sostienen el sistema. Ambos cumplen funciones esenciales.

La verdadera pregunta es si el Estado está dispuesto a asumir que el cuidado también es una responsabilidad pública. Podemos explorar esquemas organizativos distintos, personal de apoyo, modalidades diferenciadas. Hay soluciones si existe voluntad. Lo que no podemos hacer es fingir que el impacto no existe.

Porque cada vez que la escuela cierra sin alternativa, el mensaje es claro: el Estado se retira y alguien más absorbe el costo.

Y casi siempre es una mujer. No se trata de cancelar el Consejo Técnico Escolar. Se trata de no cancelar a las familias.