De norte a sur/Guillermo Correa

México, potencia agroalimentaria mundial con millones de hambrientos

Hace unos días el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el sector agropecuario se ha consolidado como uno de los más dinámicos del país. Habló de los avances en el agro y confirmó que durante los tres primeros años de su administración las exportaciones agroalimentarias y pesqueras superaron los 76 mil 600 MDD, esto es, 61 por ciento más, que en el mismo periodo del sexenio anterior (29 mil 100 MDD más). Por primera vez en los últimos 20 años, manifestó, la balanza agropecuaria y pesquera registró un superávit de mil 734 MDD, superando el déficit tradicional del sector. Entusiasmado, concluyó que las exportaciones superan a las importaciones, que se está produciendo más, y que ahora los alimentos del campo mexicano llegan a más mercados en el mundo.

Cierto, México es una potencia agroexportadora de alimentos. Sobre todo, de frutas y legumbres, lo que hace ganadores a los agro empresarios mexicanos que constituyen apenas el 3 por ciento de un universo de productores superior a los 5 millones, que, con sus familias, se encuentran mayoritariamente en la pobreza. Es cierto que los alimentos producidos por famélicos campesinos –la mayor parte jornaleros agrícolas que son tratados casi como esclavos o peor– llegan a todo el orbe, menos a ellos y a la población mexicana que está acostumbrada a comer maíz, frijol, arroz y otros granos básicos que, también es verdad, se han tenido que importar desde que México se hizo socio de Estados y Canadá con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No miente el Presidente. Pero la otra cara de la moneda nos dice, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que la importación de alimentos “deja a muchos países –incluido México– en una situación de fragilidad frente al alza de los precios internacionales y caídas en el suministro alimentario”. Hay que precisar, además, que las compras anuales de alimentos de nuestro país casi siempre han superado sus ventas a otras naciones, al grado de que ocupamos los primeros lugares en el mundo en cuanto a importaciones de leche en polvo y de maíz amarillo.

En el evento aludido que se desarrolló en el estado de Michoacán, Enrique Peña Nieto, precisó que «si comparáramos lo que hemos logrado exportar en estos tres años siete meses de su administración, comparado con el mismo tiempo de la pasada, esto representa un incremento del 61 por ciento; es decir, 61 por ciento más la producción que hoy tenemos, y que está alcanzando niveles de exportación mayor de nuestro país. Cuál es la consecuencia de esto. Que, después de 20 años, por primera vez, en el sector agroalimentario, somos superavitarios; es decir, es más lo que exportamos en productos agropecuarios de los que tenemos que importar».

Sólo que también de este lado hay que apuntar que el TLCAN lleva casi 23 años y que, de acuerdo con el mensaje presidencial, apenas está dando frutos favorables a un reducidísimo grupo de empresarios, porque en lo que respecta a más del 80 por ciento de los productores, que son minifundistas, los resultados son totalmente contrarios.

Para empezar, hay que aceptar que, como encontró un grupo de diputados federales de anterior legislatura, a partir de la firma del acuerdo comercial las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en la población rural, y que los supuestos que se esperaban para reactivar al campo económica y productivamente no sucedieron.

Tan es una realidad que se puede calificar de desastrosa que, de lo contrario, el mismo gobierno de Peña Nieto no se hubiera visto forzado al inicio de su mandato a establecer una Caravana Nacional contra el Hambre que comprendía, hasta hace un año, a 6.2 millones de personas en pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación, de los cuales 4.5 millones viven en hogares atendidos por al menos un programa de la Cruzada.

Un dato más. La población objetivo de la Cruzada se ubica en 114,854 localidades de 2,456 municipios y delegaciones políticas de las 32 entidades de la República. De acuerdo con su distribución geográfica, 58 por ciento del total de las familias beneficiarias se encuentra en zonas rurales, 19 por ciento en semiurbanas y 23 por ciento más en urbanas. Todas ellas, hasta junio de 2015, recibían en promedio un apoyo mensual de 913 pesos con 50 centavos.

Nótese que, como se anotó anteriormente, el grupo agro empresarial, que no ha de rebasar los 600 mil productores, obtuvo ganancias superiores a los 1,700 millones de dólares en un año, en tanto que, a los pobres más pobres de México, que son millones, les correspondió una limosna que no llega ni a los mil pesos mensuales.

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