De norte a sur/Guillermo Correa

Austeridad para los pobres; jamás se toca a los ricos y gobernantes

Como para no perder el ritmo, el presidente Enrique Peña Nieto ha expresado recientemente que 2017 será un año difícil y que el gobierno, esto del recorte presupuestal, se va a amarrar el cinturón, al referirse a que el gasto público se va a limitar. Desde a antes, representantes de distintos sectores no se han cansado de denunciar el futuro inmediato que espera a los mexicanos. Dicen, por ejemplo, que en la Ciudad de México va a ser imposible frenar a los especuladores inmobiliarios que alentados por la disminución de recursos a quienes habitan todavía en siete delegaciones con población rural, se verán obligados a vender sus tierras, igual que sucede en otras partes del país. Asimismo, las líneas del Metro no crecerán, las universidades públicas se verán afectadas; el Instituto Nacional de Cancerología reducirá un 30 por ciento sus recursos y los diarios llegan a encabezar: Menos dinero a Ciencia condenan al país a una década de retraso.

Otros agregan: El gremio del cine se pronuncia en contra del recorte a la cultura; piden campesinos más presupuesto y cancelar las concesiones mineras. Llegan a la capital y afirman carecer de alternativas para salir de la pobreza; Se prevé quitar 7 mil millones de pesos a educación superior; al desarrollo rural más de 48 mil millones de pesos; y a los indígenas pretenden disminuir hasta 50 por ciento los recursos del próximo año.

En fin, que por todos lados y a diario se anuncia que el presupuesto disminuirá, pero a los que siempre han sufrido, porque por ninguna parte se observa que se reducan los salarios de la alta burocracia, de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los legisladores. Se sabe, sí, que aumentaran los recursos a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INI) para obras innecesarias, o bien los que se destinan al del combate de la creciente inseguridad. Al mismo tiempo que crecen los hechos de corrupción. ¿Y el sacrificio del gobierno federal? No lo ha habido ni habrá.

El más reciente reporte de investigación del Centro Multidisciplinario de la UNAM, titulado El gasto Público en México 2007—2016 ¿Cómo se gasta? ¿Gastar más o gasta mejor?, cuyo autor es Emmanuel Arturo Álvarez Rodríguez, demuestra que la austeridad es para los pobres, jamás llega a los ricos.

Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionaros y servidores públicos, (pues) cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches y demás actos ilegales. Así, los recortes se aplican mayoritariamente al gasto en inversión.

En este contexto, explica el autor, en muchas ocasiones ese recorte también beneficia a los privados. Para probarlo, es posible correlacionar el gran crecimiento del gran número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado, incuso en el transporte y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios en sectores que históricamente eran de carácter público, es decir del Estado.

Lo importante del estudio es que el investigador demuestra con gráficas e informes oficiales que los efectos de una falsa “austeridad” –la que dicen practicar los gobernantes—que perjudica la inversión en desarrollo económico y social, trae como consecuencia una baja de la productividad laboral cuando se habla de recortes  l gasto en educación ya que este se traduce en ciudadanos menos educados y con menor cuantificación intelectual y de su fuerza de trabajo; los cales no pueden desarrollar y asimilar nuevos patrones tecnológicos a la planta productiva de la nación. De esta forma, el discurso oficial de la reforma educativa se pone severamente en entredicho.

En salud, con presupuesto a la baja, las consecuencias se notan en el mediano y largo plazos pues una menor disponibilidad de recursos para este rubro cuando la población es creciente, provoca una saturación de la infraestructura médica pública y una elevación del costo de la salud para la población. Progresivamente esto se traduce en pérdida del bienestar social y empeoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Más adelante, el investigador de la UNAM de que los rubros de seguridad y poderes casi no han disminuido su presupuesto o se les ha aumentado. Lo cual no es compatible con la noción de austeridad ni con lo que se afirma oficialmente. Aunque para todos, el aspecto de la seguridad es de suma importancia, dice, la ejecución de la estrategia de combate al crimen organizado ha dejado incontables muertes y gastos tremendos que no pueden justificarse solo con el discurso.

Álvarez Rodríguez observa que una obligación del Estado mexicano es reducir la desigualdad, lo que no se ha cumplido si no al contrario durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nito. Habla de la existencia de unos cuantos magnates y de millones de pobres en México. De cómo no se cobran debidamente impuestos a los sectores financieros y de minería, lo que provoca que el peso el erario público lo carguen los trabajadores que viven al día o bien apenas que apenas pueden solventarlos gastos de una vida digna, mientras los recursos públicos se emplean ineficientemente y e dilapidan en gasto corriente de la burocracia estatal.

Destaca que las consecuencias del mal empleo de los recursos de todos y lo que llama la falsa “austeridad” han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y las desigualdades sociales. Por eso, no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso y de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional, a la par de estallidos sociales y levantamientos armados en el país en las pasadas décadas, sí como el descontento y la pobreza de la población urbana se haga notorio y vaya cada vez más en aumento.

Pone en claro que la escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social, acentuado por la falta de oportunidades. Advierte que de 2007 a 2015 el gasto presupuestario ha crecido 48 por ciento y que no hay resultados. Explica que gastar más requiere de mayores impuestos y como no se puede o se quiere, lo que queda es recurrir a la deuda. Pero en su opinión, que hago mía, incrementarlo no es la mejor opción. Lo que urge es reprogramar el gasto de tal manera que apoye la actividad económica –para crear empleos y fomentar el consumo interno– y el desarrollo social ya que éste es el mejor uso que se le puede dar al dinero que todos los ciudadanos aportamos a las arcas públicas.

DESDE EL CENTRO

Para la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) que dirige Marco Antonio Ortiz, ´los recortes al presupuesto de la Ciudad de México afectará gravemente a siete delegaciones con población rural y que aportan alimentos a los habitantes de la zona metropolitana. Se trata de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Álvaro Obregón, Xochimilco, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Esta central campesina se distinguió ayer porque “destapó” al Consejero jurídico del gobierno capitalino, Manuel Granados, como su candidato al gobernar la CDMX en 2018. Vaya que se adelantó y con  ello, calienta el ambiente.

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