De Norte a Sur/Guillermo Correa

Se espera una gran protesta hoy por parte del Frente Auténtico del Campo para demandar que México salga del TLCAN. Sea masiva o no la presencia de los campesinos en el Monumento a la Revolución, es motivo para afirmar que si Donald Trump se queja de que México se ha beneficiado del acuerdo comercial que entró en vigor el 1 de enero de 1994, lo cierto es que miente en cuanto al campo mexicano, donde vive más de un tercio de la población nacional. La verdad es que del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo que concierne a las actividades rurales, sólo ha beneficiado a un puñado de empresas, muchas de ellas trasnacionales, en tanto que el daño es sin precedente para más de 3.5 millones de productores agropecuarios –minifundistas, pequeños propietarios e indígenas– y sus familias.

José Luis Calva, conocido investigador de la UNAM, describe muy bien que lo peor empezó con Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari que, influenciados por sus homólogos gringos, Ronald  Reagan y George Bush, hicieron todo lo posible por acatar recomendaciones del FMI y del BM para meter a México en el modelo neoliberal que parece haber sido el tiro de gracia para el agro nacional que agoniza. Sí, el mismo sector al que se debe las bases del desarrollo del país durante la época posrevolucionaria.

Primero, explica Guillermo Castillo Ramírez–miembro del Sistema Nacional de Investigadores– le dieron la espalda quitando los subsidios oficiales a la producción agrícola y los apoyos para la infraestructura productiva.  ¿Alguien se acuerda de la Conasupo o del Banrural? También Salinas modificó el artículo 27 Constitucional en 1992, privatizando la tierra ganada con las armas, la misma que ahora los campesinos, orillados por la miseria, se ven obligados a vender o rentar. Amenaza que desde entonces está presente sobre la mitad del territorio nacional.

Orillados adrede a la pobreza, campesinos e indígenas no ven perspectivas favorables pues a los casi 3 millones de empleos perdidos en el área rural por culpa del injusto acuerdo comercial para el campo, se agrega que de la producción del agro ya no se puede vivir y que sólo alcanza para subsistir, esto es, trabajar la tierra sólo con el fin de autoalimentarse, porque no es negocio y lo saben los millones de minifundistas que sólo tienen de uno a cinco hectáreas, contrario a lo que sucede con unos 600 mil agroempresarios que se dedican a la exportación de frutas y hortalizas, tequila, cerveza y carne de cerdo, principalmente, que son los verdaderos ganadores del TLCAN agropecuario al llevarse 26 mil 300 millones de dólares, en 2016, por sus ventas, sobre todo a Estados Unidos.

Exportaciones que son motivo de lucimiento del titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, al presumir que el agro deja más divisas que el petróleo y el turismo, sin reparar en que los jornaleros que son explotados como esclavos, la mayoría indígenas, mueren de hambre, y en los millones que se han ido a poblar ilegalmente el vecino país que ahora son amenazados con ser deportados y concluir un muro disque para que no sigan pasando.

Por esto último es que se habla de un campo envejecido, sin jóvenes porque estos prefieren irse a donde hay trabajo, y en el que la producción recae ahora en las mujeres. Un agro cada vez más abandonado –alrededor de 2.3 millones han emigrado y otros 5 millones optado por otras actividades– y un país que importa en la actualidad casi el 50 por ciento de los alimentos que consume la población, cantidad que, de acuerdo con proyecciones de organismos internacionales puede subir al 80 por ciento en los próximos años.

Y es que el capítulo agropecuario del TLCAN estuvo mal negociado por el gobierno mexicano para el sector rural, particularmente el campesino. Los hechos han demostrado que hubo un trato igual entre desiguales, o sea que no se puede comparar a los productores de aquí con los gringos y los canadienses. Además, no se ha cumplido con los acuerdos generales ni con los objetivos del Tratado, lo que significa que no se han reducido las distorsiones comerciales, además de que los Estados Unidos lo han violado frecuentemente; por consiguiente no ha sido favorable al país y eso se demuestra con el crecimiento de la pobreza.

Ante esta realidad, y luego de que Donald Trump tiene en la mira los acuerdos comerciales firmados por Estados Unidos, las organizaciones campesinas han salido a condenar una vez más el TLCAN y demandan cancelarlo en lo que se refiere al capítulo agropecuario, bajo el argumento de que primero está la soberanía nacional alimentaria. En esta ocasión, Marco Antonio Ortiz, adelantó que se entregará una carta en la embajada estadounidense, además de que reclamarán al gobierno reorientar las políticas públicas y el presupuesto hacia el campo porque, hasta ahora, sólo se ha beneficiado a las grandes empresas exportadoras.

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC) y el Movimiento Social por la Tierra, consideran que la renegociación de Tratado es la oportunidad histórica de cambiar el modelo de desarrollo en el campo mexicano, a fin de mejorar su rentabilidad, el ingreso de los pequeños productores e incentivar la producción de alimentos. Con ello, dicen sus dirigentes, se busca la generación de empleos y fortalecer el mercado interno con el llamado de consumir lo que se produce en México.

Hay que señalar, destacan los analistas, que los campesinos mexicanos poseen el 56 por ciento del territorio nacional y que son cerca de 4 millones de productores, lo que significa que son la gran mayoría, en cuanto a superficie y número, y que aun así jamás han sido consultados en los últimos 25 años para definir y decidir sobre las políticas públicas que les permitan resolver sus problemas sin perder identidad.

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