De norte a sur/Guillermo Correa Bárcenas

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el gran despojo

Considerada como la máxima obra del actual sexenio, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lleva también la denuncia del “gran despojo” de quienes han demostrado ser los dueños de 945 hectáreas cercanas a los predios en que se levanta la terminal aérea, 200 de ellas –dos millones de metros cuadrados– regaladas al grupo priista Antorcha Campesina para construir un parque industrial, una universidad politécnica y campos deportivos, además de dejar parte de los terrenos a la venta inmobiliaria en el municipio mexiquense de Chimalhuacán.

A la zona en  disputa se le conoce como Los Tlateles o El Moño, y son terrenos que en septiembre de 2014 donó el gobierno del estado de México a la Comisión Nacional del Agua, por lo que de inmediato pasaron a ser tierras federales. Pero resulta que tienen dueño y que sus propietarios están dispuestos a todo por defenderlas o porque se les pague lo justo por ellas.

La historia del despojo es contada por el abogado Tomás Cruz Martínez, defensor de decenas de propietarios, dice que en los terrenos quieren construir dos grandes lagos para evitar que el nuevo aeropuerto se inunde. Recuerda que en 2015 los afectados ya habían promovido 20 amparos, de los cuales se han ganado dos. Se han presentado también alrededor de 200 denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR) y otro tanto igual de recursos de revisión, ganados, en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Asimismo, existe un procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, además de que se han realizado plantones y unas 40 movilizaciones con el apoyo de la CODUC (Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas). Se ha platicado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y con el subsecretario René Juárez Cisneros, a los que se ha dicho que dejen las tierras, que desocupen o que paguen lo que realmente valen.

“Pero ellos no quieren. Las tierras son indispensables para la nueva terminal aérea y gracias a la lucha ya aceptaron que nosotros tenemos la posesión porque lo hemos demostrado con documentos, con escrituras públicas. Resulta que 10 por ciento de las 945 hectáreas fueron dotadas por el presidente Benito Juárez en 1862, el resto se compró al gobierno federal entre los años de 1920 y 1970. Hay, incluso, contratos firmados por el expresidente Pascual Ortiz Rubio y por los titulares de lo que fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Se pagó a peso oro la hectárea”, afirma el defensor.

Las autoridades, agrega, han reconocido por escrito –aunque no han querido entregar la minuta– a los posesionarios y propietarios, pues todos los contratos de compraventa fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los dueños han pedido, con base en avalúos de la propia PGR, que se les pague de 750 a 1500 pesos el metro cuadrado, cantidad que se les hace a los funcionarios “muy alta”. Se sabe que Carlos Slim pagó hace siete años 350 pesos por metro cuadrado de un terreno que era basurero. Los actuales predios están baldíos y se les puede ver desde el Circuito Exterior Mexiquense a la altura del Lago Nabor Carillo. A los dueños les ofrecen 65 pesos por metro cuadrado, lo que es un robo, y va para un mes que ya no se han vuelto a reunir para negociar.

Lo peor de todo, asegura Tomás Cruz Martínez, es el asunto de las 200 hectáreas “obsequiadas” a los de Antorcha Campesina, organización nacional que ha sido acusada de otros despojos. Los de Chimalhuacán se dicen protegidos de Luis Miranda Nava, exsecretario general del gobierno mexiquense y actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). A ellos la tierra fue entregada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) –órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública–. Los de Antorcha  dicen que sus proyectos son con el fin de crear empleos, pero el panista y exdirector de la CONAGUA, Luis Luege Tamargo, acusa que “es un robo a la Nación”. Los del PRI y el del PAN han politizado el asunto con miras a las elecciones de junio próximo y a las presidenciales de 2018.

Los priistas sostienen: Retamos a José Luis Luege Tamargo a presentar denuncia penal en contra de quien resulte responsable del “despojo” que según él se le está haciendo a la Nación; de no hacerlo quedará claro que sólo son bravuconadas mediáticas para posicionar electoralmente al PAN. Por su parte, Antorcha Campesina estará en su derecho de emprender las acciones legales que crea pertinentes, incluida la denuncia penal, a fin de no permitir que el yunquista –o quien sea- calumnie o denigre a sus militantes.

Aseguran que la donación de las 200 hectáreas representa únicamente el 27 % del total del predio de Los Tlateles, queda un 73 % como zona de mitigación donde la CONAGUA llevará a cabo el proyecto hídrico con dos nuevos vasos reguladores de gran magnitud y la ampliación de la capacidad del Lago Nabor Carrillo por un total de hasta 25 millones de metros cúbicos. O sea, también miente el ensoberbecido Luege Tamargo cuando dice que se verá afectada la “laguna de regulación para evitar inundaciones”.

No hace mucho que a este escenario entraron los senadores  Alejandro Encinas Rodríguez, Manuel Bartlett y Víctor Hermosillo por el conjunto de irregularidades y de arbitrariedades contra la población, contra los ejidatarios, los comuneros, los auténticos propietarios, contra los colonos de los municipios de esta región oriente del Estado de México. En la reciente ocasión habló Juan Loreto González Arrieta, a nombre de los afectados, y dijo que hasta José López Portillo los reconoció, en su momento, como propietarios. Se refirió a los amparos ganados y al negativo papel desempeñado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Se quejó de que las tierras ya han sido ocupadas, que ya no pueden cultivarlas (de tequesquite), que sobre ellas hay desechos sólidos, lodo, piedras, dejándolas inservibles.

DESDE EL CENTRO

Ante la actitud violenta y de confrontación en la que continúa el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Agricultura, José Calzada, realizó su primera gira internacional de este año, con lo que refuerza el camino de diversificar los mercados internacionales para los productos mexicanos provenientes del campo. El año pasado, México exportó 30 mil millones de dólares al mundo, de los cuales, mil 54 millones de dólares se vendieron a Japón y 95 millones de dólares a Corea del Sur, por lo que con esta visita se espera incrementar y abrir nuevos nichos de mercado, no sólo en esos dos países sino en toda la región Asia-Pacífico. Aproximadamente 70 productores naciones de diversos estados del país se presentaron en la “Foodex Japan 2017” evento considerado como el más importante de la región, por lo que se espera que los productos nacionales encuentren nuevos mercados, lo que redituará en mayores ingresos para el país provenientes del campo… Mientras tanto, aquí, alrededor de cinco mil campesinas del Frente Auténtico del Campo levantaron el plantón que mantenían en la SAGARPA tras el ofrecimiento de que una comisión será recibida mañana viernes por el propio Secretario Calzada Rovirosa. Después de varias reuniones con funcionarios de la dependencia, en la que participaron los dirigentes campesinos: Álvaro López Ríos, Marco Antonio Ortiz, Francisco Chew y Gilberto Silvestre se acordó que las mujeres regresarán a sus entidades un día después de que se instalaran  para demandar la reorientación de las políticas públicas operadas por la dependencia. El FAC está constituido por la CODUC, UNTA, CIOAC y el MST.

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