De Norte a Sur/Guillermo Correa Bárcenas

Cada 22 de marzo estamos obligados a recordar que hay que cuidar lo más preciado del planeta: el agua. Una de cada cinco personas en el mundo no tiene acceso a agua potable y una de cada tres no dispone de medios de saneamiento adecuados.

En el marco del Día Internacional de Agua, recordamos que la Ciudad de México, fue una tierra rodeada de lagos, y tras 500 años de explotación de los mantos freáticos y de casi desaparecer nuestros bosques, la capital de la República se hunde cada vez más y que en la actualidad, debido a la falta de mantenimiento del sistema de alcantarillado que se construyó a principios de siglo pasado, el 40 por ciento del líquido se perderá.

Este grave problema crece todavía más con la emigración de los afectados por el cambio climático, que viajan a las grandes ciudades, entre otras cosas, por la escasez de agua, y llegará un momento que será insostenible el aumento poblacional. En la Ciudad de México, sobre todo en la delegación Iztapalapa, la crisis por el vital líquido va en aumento. En temporada de calor la demanda aumenta diez por ciento, que no le sorprenda los recortes que se realizarán estos meses para economizar y no desperdiciarlo. Cada año se ven afectadas otras delegaciones como Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Venustiano Carranza, Coyoacán y Azcapotzalco; y eso es debido a que el Sistema Lerma, la tercera fuente de abastecimiento de la ciudad, registró este mes la falta de mil litros por segundo.

A pesar de que la Ley General de Aguas promovida por los partidos PRI, PAN y PVEM en el Congreso se suspendió hace dos años porque permitía una controlada contaminación de ríos por químicos, siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”, omite el derecho al saneamiento y reducía el acceso al agua al “mínimo vital” de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización Mundial de la Salud recomiendan al menos 100 litros de agua al día para cada persona, y también promueve el uso de agua para fracking (fractura hidráulica) actividad que contamina todo y que usa hasta 29 millones de litros por pozo, lo cual quita el derecho al agua para millones de mexicanos; la privatización del agua se está extendiendo por toda la Nación.

En Puebla, por ejemplo, el servicio de la zona conurbada fue concesionada por el gobierno de Rafael Moreno Valle durante un lapso de 60 años al empresario Diego Gutiérrez Cortina, su empresa, conocida como Agua de Puebla para Todos, presta el servicio en esta ciudad y otros cinco municipios conurbados desde el año 2014 (Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc y Tlaltenango). Los poblanos recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una Controversia Constitucional pues antes de concluir su sexenio, Moreno Valle promovió una reforma a la Constitución del Estado que abre la posibilidad de que la autoridad estatal quite a los municipios la facultad de prestar el servicio de agua, el amparo que promovieron aún está en revisión, aunque las tarifas ya registran un incremento de 400 por ciento.

En el Estado de México, el municipio de Coyotepec construyó un sistema autónomo y ciudadano de agua potable en 1963. Con picos y pala, más dinero de sus bolsillos, los habitantes trabajaron en la construcción. Pero el gobierno de Eruviel Ávila pretende controlar esta red hidráulica para abastecer a             la Ciudad Bicentenario Huehuetoca, que desde la gestión de Enrique Peña Nieto en la entidad, se promovió junto con otros cinco proyectos, que se veían como la principal estrategia de ordenamiento territorial del estado que se prevé para 2020 y que contará con más de cien mil viviendas y 822 hectáreas de área industrial. Los habitantes han defendido con todo lo que por derecho les pertenece, incluso Amnistía Internacional denunció en 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal de hacerse del control del suministro local del agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y reportaron que varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal.”

Otro estado que lidia con la privatización del agua es Baja California, donde en enero de este año lograron la abrogación de la Ley Estatal de Aguas, promovida por el gobernador Francisco de la Vega Madrid, que contemplaba el aumento de tarifas y el corte de suministro a quien dejara de pagar por más de 90 días –lo que viola tratados internacionales y la Constitución mexicana–; asimismo, contemplaba la concesión de servicio a través de contratos por licitación o adjudicación directa de Asociación Pública Privada (APP) y la concesión de los bienes necesarios para proveer el servicio. Tras una protesta masiva, el gobernador dio marcha atrás a su iniciativa.

En Nuevo León, otro proyecto ambicioso es el acueducto Monterrey VI que pretendía llevar agua de la cuenca del Río Pánuco a la zona metropolitana del estado, sin embargo, organizaciones civiles afirman que el agua que transportará estaría destinada a actividades de fracking y los habitantes pagarían durante 27 años una deuda de 50 mil millones de pesos, por algo que beneficiaría a las empresas que extraerían el gas shale de Nuevo León. El gobernador Jaime Rodríguez frenó la obra pero dijo que llevarán a cabo el proyecto Monterrey VII, lo que no se sabe es si en realidad la obra se detuvo o se llevará a cabo con algunos cambios –tal vez sólo en el nombre.

El caso es que la Ley General de Aguas, que si bien suspendida está latente, sería el medio ideal –advierte el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales– para incluso despojar a campesinos, indígenas o cualquier persona que se oponga a un megaproyecto potencial en sus tierras ya que habla acerca de la utilidad pública de los cuerpos de agua y con el apoyo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La propiedad de las …aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación… Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización” eso sería posible.

El más reciente despojo es el que sufren los Yaquis del estado de Sonora, desde que el exgobernador Guillermo Padrés, hoy en la cárcel por diversos delitos, ordenó en 2010 la construcción del acueducto Independencia que quita el agua a los nativos para surtir del líquido a los habitantes de la ciudad de Hermosillo, conflicto en el que ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de  la Nación (SCJN) sin nada a favor de las tribus de la región. Se trata del robo de 73 millones de metros cúbicos al año, en beneficio de los más ricos de la entidad, lo que ha provocado la represión, incluso cárcel, de los dirigentes indígenas que se han rebelado, siempre pacíficamente.

Hay quienes registran a este movimiento como la primera guerra del agua en México, lo cual no es cierto, pues está el caso de los mazahuas en el estado de México y todo lo que tiene que ver con el Cutzamala; tampoco hay que desconocer el problema que viene con Estados Unidos por el convenio de aguas que hay desde años por el aprovechamiento del líquido entre las dos fronteras, fenómeno que desembocará en un conflicto más ahora que el derechista Donad Trump llegó a la presidencia de ese país.

Y si volvemos a los particularmente interno, los investigadores Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns dicen que la mencionada Ley, pretende tomar decisiones sobre el agua a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública (artículo 263). Lo peor es que la Conagua, aseguran, podrá celebrar tanto contratos como otorgar concesiones  para realizar megaproyectos que incluyan los trasvases de un cuerpo de agua a otro y administrar los servicios públicos, lo que da pie a la privatización del recurso de nuestra Nación, hecho que preocupa y alarma, dicen los especialistas.

Desde el centro

Dos fechas memorables: la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y el natalicio de Benito Juárez, obligan a precisar que sus ideales siguen presentes… En el marco de la XLI Promoción de la Maestría en Seguridad Nacional, el titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa destacó que, en el país, el 80 por ciento de los alimentos que son producidos en territorio nacional tienen como destino el mercado interno, lo que resalta la importancia de los productos del campo que llegan a las mesas de los consumidores mexicanos… Manuel Cota Jiménez, senador con licencia es oficialmente el candidato del PRI al gobierno de Nayarit, un abanderado más de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde dejó como Encargado del Despacho al duranguense Rubén Escajeda Jiménez… Condolencias a familiares y amigos por la muerte del colega jornalero, Arturo Cruz Bárcenas…Y, lamentable, el asesinato de otro periodista, el veracruzano Ricardo Monlui Cabrera.

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