De norte a sur/Guillermo Correa Bárcenas

La lucha de los mayas contra la trasnacional Monsanto

A mediados del año pasado, la trasnacional Monsanto fue demandada por sembrar sin permiso soya transgénica en el sureste de México, principalmente en el estado de Campeche y a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que recién había suspendido la autorización de producir organismos genéticamente modificados, negocio mundial al que se dedica la empresa de origen gringo. La denuncia se presentó  ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente bajo el argumento, de Greenpeace, de que se afectaban derechos humanos de los indígenas de la región y el desacato a  sentencias de la SCJN.

La resolución de la Corte, en junio de 2016, se basó en el Convenio 169 que México firmó con la Organización Internacional del Trabajo, que ordena, en este caso, consultar a las comunidades indígenas si aceptan o no el cultivo de los transgénicos en su territorio. Además, de acuerdo con lo que en su momento publicó El País, otro de los argumentos es que en el marco legal de la bioseguridad en México deben indicarse expresamente los sitios donde los interesados desean sembrar, lo que Monsanto jamás cumplió, desde que en 2012 hizo la solicitud para otros ocho municipios campechanos aparte del de Campeche. El caso es que va para un año que la trasnacional que apoyó a Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, sigue violando la Ley de Bioseguridad mexicana, no cumple con lo que ha ordenado el máximo tribunal de justicia en el país y cada vez es mayor el daño que provoca a las actividades agropecuarias de los mayas. Hay que resaltar que en este conflicto tuvo mucho que ver la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, que hoy encabeza José Calzada Rovirosa, pues fue la dependencia que permitió a Monsanto experimentar en México con la soya transgénica, sin previa consulta con los nativos que han visto desplomarse sus exportaciones de miel a Europa, donde se condena a los transgénicos que han contaminado a las abejas del sureste mexicano.

Esos primeros permisos, en total son sobre 253,500 hectáreas, fueron otorgados por Felipe Calderón Hinojosa, cuya administración se distinguió por despreciar todo lo relacionado con el campo mexicano, especialmente los indígenas, el mismo que ahora promueve a su esposa Margarita Zavala para que sea la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República en las elecciones de 2018. Por este asunto, México corre el riesgo de dejar de ser el tercer exportador de miel orgánica en el mundo. Y para dimensionar el poder de Monsanto debe tomarse en cuenta que la orden de no comprar más el dulce por parte de la Unión Europea data de 2011, lo que originó la lucha de los apicultores mayas que lograron revocar jurídica y temporalmente los permisos, pero que en los hechos se sigue sembrando soya transgénica.

Esta situación obligó a que el pasado 25 de julio apicultores de la Península de Yucatán y varias organizaciones no gubernamentales denunciaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  que la siembra de soya transgénica  en México, está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las comunidades mayas, debido a la deforestación y al uso en el campo de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosato, que contaminan el agua y el suelo. Por ello, demandaron a la CIDH medidas cautelares para que el Estado mexicano implemente acciones que protejan a los pueblos nativos y suspenda de forma efectiva a los transgénicos. No olvidaron acusar a Monsanto de atentar contra sus derechos y cultura, que son la herencia ancestral –dijeron— de nuestros abuelos -. Por los cultivos de Monsanto, acusaron, se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas, animales e incluso se han destruido sitios arqueológicos. “Al perderse esto se lastima la identidad maya y se nos priva de la posibilidad de trasmitir ese conocimiento a nuestros hijos. Recordemos que los mayas poseemos un conocimiento tradicional que permite conservar la selva y generar bienestar para nuestras comunidades”, expresaron en voz de Leydy Pech, su representante.

Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en el estado de Campeche, y de Mérida, Tekax y Teabo, en el estado de Yucatán, sin embargo vale la pena resaltar que el permiso de soya afecta a más comunidades y municipios de siete estados de la República. Las comunidades no fueron consultadas ni se obtuvo su consentimiento libre, previo e informado antes de que el Estado mexicano otorgara permisos para la siembra de soya genéticamente modificada en su territorio. Además, dicha siembra ha afectado gravemente al cultivo de abejas para la obtención de miel, práctica histórica y tradicional de la zona, y una de las fuentes principales de sustento para las comunidades, relataron a la CIDH.

Además de la solicitud de medidas cautelares, las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida y a la integridad personal, al medio ambiente sano, al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia. Según las organizaciones, pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas, el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados.

Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal por parte de CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental), afirmó “que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte, lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados, así como que en el proceso de consulta que están llevando a cabo las autoridades no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental. En resumidas cuentas, como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, es que ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

El 14 de octubre anterior, en el Día Mundial de la Alimentación, los mayas inconformes y las ONG, participaron en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que se desarrolló en La Haya, Países Bajos, donde volvieron a exponer, esta vez ante juristas internacionales, el caso de Campeche: muerte de abejas, afectaciones en flora y fauna de la región, construcción de pozos ilegales de extracción y absorción de agua, pérdida dramática de masa forestal. Tan solo entre 2005-2015 se perdieron 59 mil 880 hectáreas de selvas muchas de las cuales están siendo cultivadas con soya y maíz. Lo anterior, está relacionado con los daños que provoca el modelo de agricultura industrial impulsado por la trasnacional y sus productos como los herbicidas a base de glifosato, que el año pasado fue catalogado como probable cancerígeno para el ser humano.

“El gobierno mexicano debe escuchar las experiencias de agricultores y comunidades alrededor del mundo, como las expuestas en el Tribunal Internacional contra Monsanto, donde se presentaron evidencias de los daños que ha provocado esa empresa a través de los años y prohibir sustancias como el glifosato, el herbicida más usado en nuestro país, y que cuya presencia se ha detectado en cuerpos de agua de la Península de Yucatán”, dijo María Colín, asesora legal de Greenpeace.

El Tribunal Internacional contra Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio. Prestigiosos jueces escucharon testimonios de víctimas y brindarán una opinión consultiva siguiendo los procedimientos de la Corte Penal Internacional de Justicia. Mientras tanto, en México la trasnacional hace lo que quiere.

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