De Norte a Sur/Guillermo Correa Bárcenas

Todavía no termina el año y ya se registra una especulación sin precedente en la gasolina que anuncia la llamada cuesta de enero con incrementos de precios; sobre todo en los alimentos que se producen en el campo a causa de la carestía en su transporte desde los lugares en que se producen hasta la cadena final de los consumidores que observan cómo el aumento de 7 pesos al salario mínimo diario queda en nada, mientras los responsables del gobierno, incapaces, no atinan qué hacer.

Por lo pronto, inmersos en una guerra de declaraciones, otra más que se debe soportar aunada a las acciones fallidas contra la delincuencia organizada, funcionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acusan a los propietarios de las gasolineras de acaparar el energético, atribuyen también la escasez que se registra en varios estados de la República a problemas en el suministro debido al mal tiempo que se registra en el puerto de Tuxpan, Veracruz, lugar al que llegan las importaciones procedentes de los Estados Unidos, y a los “ordeñadores” del líquido que mueve todo, incluyendo el diésel que es fundamental para la producción rural y la pesca.

Los dueños de los establecimientos donde se vende la Magna y Premium argumentan en su defensa que en el país no hay capacidad de almacenamiento para las gasolinas compradas a empresarios estadounidenses y advierten que en México se desborda la compra, que existen “colas” de carros para que sean llenados y que, por si fuera poco, cientos de personas acuden con sus recipientes a que sean colmados, lo que provoca riesgos en domicilios y expendios donde se puede afectar la vida de clientes y despachadores.

Lo cierto es que en los días recientes se ha registrado un caos provocado por la liberación del precio del combustible que oficialmente debe venderse todavía a 13.98 pesos el litro de Magna; 14.81 pesos, el de Premium; y a 14.63 pesos el de Diésel.

Cantidades que, según analistas financieros, se elevará hasta en un 23 por ciento durante el año que está por iniciar. Obviamente que las repercusiones en la inflación por la carestía que se va a presentar agudizará la crisis económica, política y social en que nos mantiene el neoliberalismo desde hace más de 30 años, pues a todo esto hay que agregar el factor Trump, el del presidente electo de Estados Unidos, quien mantiene sus amenazas contra México y que empezarán a ser realidad con más fuerza a partir del próximo 20 de enero en que toma posesión.

Y es que, como se dice al inicio, los aumentos a los energéticos repercutirán en los alimentos puesto que también elevarán los costos de producción al encarecerse aún más los fertilizantes, plaguicidas, tractores, maquinaria, empaques y el transporte, lo que se trasladará a la población en general, principalmente la de escasos recursos que verá cómo casi desaparece su poder adquisitivo.

En consecuencia, sostiene un análisis de El Barzón, que encabeza el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, se incrementará la pobreza nacional.

Por otro lado, advierte el organismo, están los impuestos que se cobran en la compra de estos combustibles, los cuales pertenecen al IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) y que son pagados por los consumidores finales, aparte del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El hecho es que, contra lo prometido por el gobierno actual, si los precios del energético aumentan –en ese rumbo irán si fructifican los acuerdos de países productores de petróleo—y si se mantiene el nivel actual impositivo el único ganador será el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Claro que lo anterior se da con un rechazo que parece total de parte de la población en vísperas del 2017 en que habrá comicios en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, los que van a preceder a la elección presidencial de 2018 que, de continuar y acrecentarse el descontento social, terminarán en una rotunda derrota del PRI con todo y su reforma energética. A menos de que otra vez haya fraude.

Desde el centro

El pueblo indígena otomí–ñätho de Xochicuautla, ubicado en las montañas del municipio de Lerma (Estado de México), lucha contra la construcción de una súper autopista que los dejaría prácticamente separados del gran ecosistema conocido como ‘bosque de agua’ que cuidan desde tiempos inmemoriales. El propio Gobierno estatal reconoce esta sierra como Parque Estatal Bosque Otomí-Mexica, le otorga la categoría de Santuario del Agua y prohíbe «construcciones que dificulten su buen funcionamiento».

Y es que de este bosque sale el agua que se incorpora al sistema Lerma-Cutzamala que abastece a la Ciudad de México. Sin embargo, desde 2006 esta comunidad se enfrenta a embates oficiales y empresariales para la construcción de la autopista Toluca–Naucalpan, concesionada a la empresa Grupo Higa cuando el hoy presidente del país, Enrique Peña Nieto, era gobernador del Estado de México, como explica la revista Proceso…

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