De norte a sur/Guillermo Correa Bárcenas

Desastres naturales se ensañan otra vez contra los más pobres, los  indígenas y campesinos de México

Una vez más, y esto es fenómeno de cada año, la tragedia llegó a México, sólo que en esta ocasión con doble golpe: terremoto sin precedente y los efectos de huracanes cada vez con mayor poderío para destruir vidas y obras como sucedió en el sureste mexicano. Los fenómenos naturales dejaron decenas de muertos y millones de damnificados, la mayoría indígenas y campesinos de Chiapas, Oaxaca Veracruz y Guerrero, además de otras cinco entidades con daños menores.

Se repiten también las escenas de funcionarios enviados a lamentar los hechos, las promesas presidenciales de que no se lucrará con la ayuda que solidariamente la población nacional envía –lo que se hace por políticos del PRI y el PAN– y las órdenes de reestablecer de inmediato lo caído, cuando aún no se reparan los saldos de anteriores desastres naturales.

Voces del pueblo hablan de la venganza de nuestra Madre Tierra, los científicos le llaman efectos del cambio climático, en tanto que empresarios metidos a la política, como el presidente Donald Trump, niegan lo evidente aunque zonas  sureñas de los Estados Unidos sean parte de las víctimas dejadas por Irma, el huracán más poderoso que se haya presentado en los años recientes. Lo cierto es que se vaticinan más tempestades tropicales e invernales, avenidas de agua; deslizamientos de tierras, sequías y fundición de glaciares, entre otros, con graves efectos sociales como migraciones, conflictos bélicos, falta de adaptación de las nuevas generaciones a la cambiante realidad, pérdidas del hogar, de familiares y, en muchas ocasiones, del poco bienestar que se disfrutaba.

Lo preocupante es que de nada ha servido que cada vez con más frecuencia y mayor intensidad, México y su población más pobre sea geografía de un escenario dramático que se puede evitar o por lo menos disminuir los daños a que se expone, aunque se crea que con los sismos resulte imposible porque no se pueden predecir. Pero sí se puede y debe recurrir a la prevención, como sucede en otras partes. Además de que se convierte en sospechoso que en esta ocasión, la del jueves a la media  noche, con el terremoto se hayan venido abajo estructuras hospitalarias y escolares, pues es de conocida la corrupción que impera en el país y en las obras construidas por el gobierno; el más claro ejemplo se encuentra con el socavón de Cuernavaca.

Y sí, desde hace años se promueven acciones de protección civil en el campo que no son tomadas en cuenta por los gobiernos en turno. Recordamos que Luis Antonio Ramírez Pineda, en su calidad de diputado federal, propuso desde 2003 una iniciativa para adicionar al artículo 27 Constitucional una fracción XXI con tal fin, porque –son actuales sus argumentos— la  crisis que hoy vive el agro mexicano no es producto sólo de ausencia de políticas, de programas cortos de visión o de los severos rezagos que lo ponen en inferioridad de condiciones frente a competidores externos tecnológicamente más dotados, financieramente mejor provistos y subsidiados por sus gobiernos.

Los campesinos mexicanos también son víctimas inermes de recurrentes desastres naturales. México es una nación donde cierto tipo de fenómenos naturales, como las sequías prolongadas, las severas inundaciones, los sismos de magnitud variable o las erupciones volcánicas, ocurren con frecuencia. Hoy mismo, las tormentas tropicales o los huracanes vienen dejando una secuela de desbordamientos e inundaciones que afectan prácticamente todo el país, destruyendo cosechas, viviendas e instalaciones, que afectan a miles de productores, en especial a los más pobres y desvalidos, ante la impreparación o las débiles acciones gubernamentales para evitar o resarcir los cuantiosos daños causados por esos flagelos.

Si ahora tocó a los estados mencionados arriba, no hay que olvidar que antes han pasado por lo mismo –inundaciones– Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Michoacán, Quintana Roo, Baja California y Nayarit. Empero, la amenaza pende permanentemente sobre todo el territorio nacional sin que exista una verdadera política de protección y una cultura de la prevención de desastres ambientales. Nuestra nación es sumamente propensa a esos desastres por estar situada en el llamado Cinturón de Fuego del planeta, una zona donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a escala mundial. Se encuentra también dentro de cuatro de las seis regiones generadoras de ciclones en el mundo. Además, es muy probable que ahora mismo estemos presenciando un incremento de esa vulnerabilidad, dados los estudios que advierten sobre el riesgo de mayor incidencia de fenómenos naturales extremos.

Un breve recuento de los grandes desastres ocurridos en los últimos años permite tomar conciencia de la alta siniestralidad a que está expuesto nuestro país, especialmente las zonas agrícolas, en las que vive la cuarta parte de la población nacional. Por ejemplo, el sismo que sacudió la Ciudad de México en 1985, el huracán Gilberto en 1998, el huracán Paulina en 1999, las inundaciones en Veracruz en 1999, los efectos del huracán Keith en 2000. Cálculos extraoficiales rebasan las 20 mil muertes en los últimos 15 años y cerca de 25 mil millones de dólares las pérdidas económicas.

En su momento, Luis Antonio Ramírez Pineda explicó que son ciertamente fenómenos y cambios climáticos que tienen múltiples causas, pero hay claros indicios de que responden en gran medida a la acción depredadora y contaminante del hombre. Muchos de esos fenómenos son sin duda producto del saqueo impune e incontenible de nuestros bosques, de la producción industrial irresponsable, del desgaste de los recursos naturales y del inadecuado manejo de los suelos. Sin embargo, cual sea el origen de esos cambios, importan la lección y el mandato que traen implícitos. Para el ahora legislador en el Congreso de Oaxaca, hay una estrecha relación existente entre los desastres naturales, la pobreza y el mal uso del ambiente, así como con la sobreexplotación de los recursos naturales en superficies de alta fragilidad ecológica, la subutilización de recursos potenciales, la laxitud de las medidas de control ambiental -con saldos negativos para los grupos sociales más vulnerables-, el incremento de la infraestructura urbana en las zonas de alto riesgo y el deterioro de la salud ambiental.

La lección que surge de esas amargas experiencias es la necesidad de prepararnos mejor para enfrentar esos fenómenos, una lección que nos hace comprender hasta qué punto, sobre todo en las zonas de mayor pobreza, la vida y la economía precarias hacen necesarios y urgentes programas, recursos y políticas de planeación para atender apropiadamente la emergencia y resarcir de manera digna los estragos económicos que sufre la población más necesitada. Porque, ciertamente, en la mayoría de los casos la constante ha sido la limitación de los recursos institucionales, materiales y financieros, pero también la débil organización y la falta de capacitación de los recursos humanos para atender de manera debida la complejidad de los problemas que acarrean en todas las áreas físicas y humanas esos fenómenos.

Es cierto, sostiene el diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, que ya contamos con instituciones y programas de protección civil, que cada día son más eficaces y que prácticamente se extienden ya a todas las entidades de la República. Solo que los alcances de esas acciones son en su mayoría urbanos y, como hemos visto, la población campesina es la que está sufriendo, inerme, las consecuencias de esa tragedia, por su pobreza, su falta de preparación y su lejanía con las instituciones públicas.

Se debe insistir: en el campo los fenómenos naturales se vienen dando con mayor frecuencia e intensidad, y prevalecen la incomunicación, el aislamiento y la extrema pobreza de la población y de las instituciones. Ya es tiempo de abandonar los discursos y de que, con la falta de políticas públicas al respecto, se deje de lucrar con las tragedias de los pobres.

Desde el centro

Tristeza por la muerte del amigo Juan Arizmendi Hernández, duranguense, condolencias a familiares y a los campesinos con los que siempre trabajó… El Frente Indígena y Campesino decidió hacer llegar directamente alimentos y demás a los damnificados, porque se desconfía de las instituciones federales y estatales pues seguro se quedarán con los víveres para usarlos en las elecciones de 2018 a cambio de votos, como tradicionalmente lo han hecho con cada oportunidad que se les presenta… El Gobierno Federal junto con el de Oaxaca anunciaron miles de despensas que serán entregados a los afectados, ojalá no sea a cambio de la credencial de elector…En Veracruz se detectó al gobernador Yunes de lucrar políticamente con la tragedia en su entidad… El canciller Luis Videgaray sostuvo un encuentro con los Dreamers y confió en que el Congreso de EE.UU. ofrezca una solución jurídica a estos jóvenes, a quienes el gobierno dijo que recibirá con los brazos abiertos, pero ¿está preparado para tal cosa? Todavía no puede con los deportados…

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