Notifica Congreso a INE aprobación de consulta de juicio a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2020.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, informó de la notificación al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la aprobación de la Consulta Popular para enjuiciar al expresidentes, aprobada por el Congreso de la Unión.

Al tiempo de ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el líder morenista consideró un logro para la democracia del país, que se haya aprobado este mecanismo para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. 

A través de un video mensaje difundido en redes sociales, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Alta hizo público el documento en el que se convoca a los ciudadanos de la República mexicana a que emitan su opinión respecto.

La consulta popular se llevará a cabo el domingo 1° de agosto de 2021. La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados del ejercicio estarán a cargo del INE, conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora.

Cabe recordar que el senador de Morena presentó en días pasados una iniciativa que busca disminuir los requisitos para promover una consulta popular. Monreal Ávila pretende dinamizar el procedimiento, ya considera que factores como la pérdida de la confianza institucional y el desinterés, han generado que la ciudadanía se involucre menos en la toma de decisiones.

Para esto, planteó la reducción del número de firmas que se requieren para dicha labor, el cual, actualmente, es del dos por ciento de la lista nominal de electores, es decir, alrededor de un millón 900 personas, dejándolo en el uno por ciento, cerca de 950 mil firmas del total de los inscritos en dicha lista.

Monreal Ávila plantea que cuando se obtengan los resultados de la encuesta, sea suficiente que apoye 30 por ciento de la sociedad y no 40 por ciento, como ahora se exige, para que las autoridades se vean obligadas a acatar los resultados. Además, establece que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional se realicen una vez cada año.