Oaxaca, el segundo más letal para periodistas en 2 décadas

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de diciembre de 2020.- De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2019, Oaxaca ocupó el tercer estado con mayor número de periodistas asesinados desde el año 2000. 

De los 153 homicidios de periodistas que han tenido lugar en México desde hace una década, 16 de ellos tuvieron lugar en la entidad oaxaqueña. Información proporcionada recientemente por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), de 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país, siendo 2020 el año con mayor número de periodistas asesinados con un total de 19.

Ahora bien, desde el primero de diciembre de 2018 a la fecha, se han registrado 38 homicidios, 17 en 2019 y 19 en 2020, los cuales ocurrieron principalmente en cinco entidades de la República, las cuales concentran más del 51 por ciento de los homicidios contra periodistas.

En este escenario de violencia e impunidad crecientes, lamentablemente Oaxaca ocupa ya el segundo lugar en homicidios de periodistas, con 14 asesinatos perpetrados entre 2010 y noviembre de 2020.

Por su parte, la organización de la sociedad civil especializada en el derecho a la libertad de expresión, Artículo 19 informó que, en el primer semestre de 2020, Oaxaca se consolidó como uno de los estados con mayor número de agresiones contra periodistas, reafirmando la tendencia creciente desde 2016 y 2017.

Aunado a lo anterior, la organización ha identificado que uno de cada dos, es decir, la mitad de dichas agresiones, provienen o son perpetradas directamente por funcionarios públicos; y que las principales causas de la violencia contra periodistas son la intolerancia de los funcionarios públicos al escrutinio público, particularmente vinculado a la pandemia, la represión de protestas, así como la captura del poder público por el crimen organizado.

De manera particular, se destaca que también se ha incrementado el componente de género en el incremento de la violencia, pues los ataques contra las mujeres periodistas casi se duplicaron y las agresiones en el transcurso de coberturas de movimientos sociales o protestas, entre estos los movimientos de mujeres exigiendo justicia, representan más del 16 por ciento de las agresiones totales.

En el mismo tenor, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) documentó 498 agresiones contra periodistas tan solo entre 2015 y 2011, destacando los actos de acoso, amenazas, intentos de homicidio, desaparición forzada y vigilancia indebida.

Muchas de estas amenazas no son solo realizadas por servidores públicos o funcionarios del estado, policías u otros integrantes de las fuerzas de seguridad o de los aparatos de procuración de justicia, también existe una diversidad de actores políticos y dirigentes partidistas que utilizan su relación o su complicidad con el poder para agredir, intimidar y atentar contra la libertad de expresión y contra la integridad de periodistas.

Particularmente, la región del lstmo es una de las más letales para las mujeres en Oaxaca, toda vez que este año registra el mayor número de feminicidios y se encuentra en segundo lugar de desapariciones de mujeres.

De ahí la importancia en que el senador del Morena, Salomón Jara Cruz insiste en la necesidad de que el gobierno y la fiscalía general del estado implementen acciones en su respectivo ámbito de competencias para acabar garantizar la seguridad e integridad de periodistas y acabar con la ola de violencia e impunidad que prevalece en la entidad.

El morenista documentó que el estado de Oaxaca es uno con mayor número de expedientes de violencia que permanecen impunes, lo que naturalmente incrementa la falta de confianza en capacidad y voluntad de la fiscalía local. 

Por ello, propuso que el Senado de la República exhorte al gobierno y a la Fiscalía General de estado de Oaxaca a que, en su respectivo ámbito de competencias, fortalezcan las acciones encaminadas a prevenir la violencia contra periodistas.

Además, garantizar la seguridad e integridad de quienes ejercen el periodismo en la entidad; desarrollar políticas públicas integrales para garantizar el ejercicio libre y segur del periodismo. 

Identificar y conducir ante los órganos judiciales a los responsares de agresiones y los asesinatos que permanece impunes; y revertir la situación de ineficiencia e impunidad que prevalece en las instancias de procuración de justicia en el Estado de Oaxaca.