Obispos en elecciones: cambiar o mantener el rumbo

Los obispos católicos de México se encuentran en un especial momento de discernimiento; a partir de este 8 de noviembre y los siguientes tres días se reúnen en el contexto de su tradicional Asamblea Plenaria semestral pero, en esta ocasión, para participar en las votaciones internas en las que se definen más de 80 puestos electivos tanto de gestión administrativa como de animación pastoral de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Las condiciones pandémicas han obligado a que sólo participen en esta Asamblea Electiva los 126 obispos electores de los 175 pastores que residen en el país; la razón es evitar la concentración excesiva de personas y también limitar los viajes innecesarios (la reunión es en la Diócesis de Izcalli en el Estado de México pero los obispos literalmente provienen de todos los rincones de la República). Y, aunque en meses pasados se analizó a profundidad si el proceso electoral podría adaptarse a un modelo electrónico a distancia, los estatutos de la propia CEM no lo prevén.

Al igual que en el mundo civil, las elecciones eclesiásticas están traspasadas por varios perfiles a revisar pero esencialmente por la capacidad de representación, de servicio y de responsabilidad. Estas tres cualidades se someten a evaluación en estos días de los puestos ocupados por los obispos en las diferentes Comisiones y Dimensiones episcopales; pero siempre causa singular interés el futuro en las áreas operativas y ejecutivas del Consejo de Presidencia. 

En el trienio que concluye 2018-2021 (y que, sin pretenderlo, se insertó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador), los obispos puestos al frente en este Consejo de Presidencia fueron el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, como presidente;  el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, vicepresidente; el obispo auxiliar de Monterrey, Alfonso Miranda Guardiola, secretario general; el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, tesorero general; y los obispos de Zamora, Javier Navarro, y de Nogales, José Leopoldo González, como primero y segundo vocales.
Los estatutos facultan a los obispos a renovar su posición al frente del servicio para el que fueron electos por dos periodos consecutivos.

En el Consejo de Presidencia, tanto el secretario como el tesorero general ya han cubierto dos trienios de trabajo por lo que se esperan nuevos perfiles episcopales que atiendan estas responsabilidades de suma sensibilidad en estos tiempos.

Por otro lado, es altamente probable que el presidente de la CEM, Cabrera López, sea reelecto para un segundo trienio al frente del organismo, tanto para sostener el equilibrio de trabajo dentro del episcopado nacional como en la representación de la Iglesia católica ante el gobierno federal.

Y, a pesar de la larga hospitalización del vicepresidente Garfias Merlos en meses recientes, gran parte del colegio de obispos parece quererlo sostener en esa posición por su vinculación con las autoridades en el proceso de pacificación y reconciliación nacional.

Hay que decir que todos los puestos en el Consejo pueden ser cambiados tras su primer trienio pero, en el espíritu fraterno, suele reservarse esta decisión casi exclusivamente a casos de gravedad; ya sea por enfermedad que imposibilite al obispo continuar con su servicio o por pérdida de confianza o molestia generalizada tras errores cometidos por el obispo responsable.

En estas elecciones, los obispos mexicanos definirán si mantienen el rumbo o si provocan algunos cambios que puedan considerar estratégicos. Por una parte, el episcopado ha venido trabajando desde 2016 un proyecto pastoral nacional que se confirmó en el 2018, cuya primera fase de operatividad ha correspondido a los titulares de este trienio que concluye y cuyo horizonte mira una década hacia el futuro, 2031-2033. En este terreno, es claro que la Iglesia mexicana tiene ya definida su perspectiva, su método, sus objetivos y compromisos; sin embargo, los cambios sensibles en el país tras el triunfo lopezobradorista, quizá obliguen al colegio episcopal a reconsiderar algunos ajustes en las siempre complejas relaciones interinstitucionales con el poder más que en el aspecto pastoral que se tiene bien definido.

No ha sido fácil la convivencia política de los obispos con los operadores y partidarios del régimen vigente; no sólo con funcionarios federales sino también con ejecutivos estatales o municipales, legisladores y ministros alineados al partido en el poder que, en el mejor de los casos se han mostrado cerrados al diálogo y en el peor, agresivos contra las instituciones religiosas. Lo mismo sucede cuando se ha buscado diálogo con las organizaciones identificadas como ‘la oposición’, puesto que sus obsesiones políticas obnubilan las posibilidades de servicio que pueden dar.

Y, a pesar de las dificultades, es claro que el gobierno federal, organizaciones sociales intermedias y las asociaciones religiosas deben cooperar respetuosamente frente a los desafíos harto conocidos en el país: pobreza, migración, seguridad, educación, salud y participación ciudadana. Optar por la división y la polarización tendrá funestos resultados para fieles y ciudadanos por igual. A todos les vendría bien trabajar, para variar, alineando intereses y objetivos en bien del pueblo mexicano. 

Felipe de J. Monroy es director VCNoticias.com
@monroyfelipe