Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2017.- Al anunciar acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores de los derechos humanos, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que es obligación del Estado mexicano en su conjunto otorgar garantías a los comunicadores para el desempeño de su profesión ante la amenaza que representa el crimen organizado, en ocasiones infiltrado en instancias de gobierno locales.
Por ello, señaló que sociedad y gobierno se tienen que asegurar de que la fuerza de la razón y la verdad prevalezca sobre la sinrazón de la violencia y el miedo.
Ante el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el Primer Mandatario dijo que el homicidio de periodistas y activistas que muchas veces es síntoma de un fenómeno mayor de impunidad al que se debe poner punto final a partir de la acción coordinada de los tres Poderes y órdenes de gobierno.
Para lograrlo, indicó que es necesario la corresponsabilidad de autoridades federales y estatales para protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, a fin de castigar con todo el peso de la ley a quienes atentan contra su labor.
Previo a informar sobre las acciones coordinadas de los tres órdenes de gobiernos en defensa de la libertad de expresión y protección de periodistas y activistas, el Ejecutivo federal pidió guardar un minuto de silencio por todos los comunicadores y defensores que han perdido la vida en el ejercicio de su lucha.
Desde el área designada para la prensa, el Mandatario federal fue increpado por algunos representantes del gremio periodístico y se escuchó el grito de “justicia” de reporteros y gráficos que cubrían el evento presidencial, mientras otra voz reclamó: “no más discursos, se abren carpetas de investigación que no finalizan”.
En presencia de gobernadores, el Presidente de la República anunció que a nivel federal se pondrán en marcha el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Además, el establecimiento de un esquema nacional de coordinación con la entidades federativas y un protocolo de operación con el objetivo de coordinas las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y activistas.
El Gobierno federal fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) a través del aumento de personal, capacitación a ministerios públicos, policías y peritos.
También se establecerán mecanismos de contacto y dialogo con la sociedad civil y el gremio periodístico que impulsen la confianza y la colaboración.
De la misma manera, aseguró la revisión e impulso permanente de investigaciones en proceso garantizando el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y combate a la impunidad.
Indicó que habrá coordinación transversal entre autoridades locales para garantizar la inmediata atención de los delitos contra la libertad de expresión desde una perspectiva de derechos humanos.
Anunció la creación de protocolos homologados a nivel nacional para la investigación y atención a víctimas de delitos cometidos contra la libertad de expresión.