Obligan a estados con amparos a cumplir con Sistema Anticorrupción

Ciudad de México, 8 de agosto de 2017.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) encabezada por Jacqueline Peschard Mariscal, informó que este lunes pasado, promovieron dos amparos ante Juzgados Federales en la Ciudad de México, con el objetivo de obligar a los estados del país a cumplir con la implementación del SNA, ya que éste tenía que haber entrado en vigor en su totalidad y en todo el país desde el pasado 18 de julio.

En conferencia de prensa realizada la tarde de este martes, los integrantes del CPC detallaron que el primer amparo es en contra de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA), el cual fue turnado al Juez Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez, y entre los objetivos de éste destacan que se obligue a los estados incumplidos a reformar su legislación interna para adecuarla a la Constitución Federal y a la Ley General del SNA.

En este caso mencionaron que estados como Chihuahua y Veracruz, ni siquiera han reformado su constitución local, por lo que tampoco han emitido las leyes de los SLA; mientras que otros que faltan de legislación son Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California.

También se busca que el mismo juez ordene que los Comités Coordinadores de los SLA, «se ajusten a las reglas establecidas en la Constitución y en la Ley General del SNA, en lo que respecta a los funcionarios que deben integrarlos.

Este amparo contra los Sistemas Locales Anticorrupción, busca que se corrigen diversas irregularidades en materia de fiscalización en los Estados que no han regulado su enlace con el Sistema Nacional de Fiscalización; así como lo relativo a la plataforma digitales locales; y en ese mismo tenor obligar a aquellos estados que lo han designado partidas presupuestales para la implementación del SNA.

En lo que se refiere al segundo amparo, indicaron que éste es en contra de leyes locales de responsabilidades administrativas, el cual fue turnado al  Juez 16 en materia administrativa, Ricardo Gallardo, y que debido al conocimiento concreto de la aplicación de las minas, se pide que de acuerdo a la Constitución y a esta ley, se reconozca que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia.

Jacqueline Peschard indicó que lo que buscan a través de estos amparos, es que el Juez mándate a los gobiernos y Congresos estatales reformen lo que aprobaron de manera «incorrecta» a efecto de la correspondencia con la reforma constitucional en la materia, y aseguró que esto es en cumplimiento de las responsabilidades que tiene el propio Comité.

«El Comité de Participación Ciudadana emprende acciones institucionales diferentes a las previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para cumplir con sus funciones y responsabilidades. De resultar exitosas, sería un logro adicional a los avances alcanzados con la reforma constitucional de mayo de 2015, en que se estableció el SNA», indicó.

Refirió que se deja en manos de un tercero imparcial, en este caso del Poder Judicial de la Federación, la determinación del nivel de empoderamiento de la ciudadanía en el combate a la corrupción, por lo que confiaron que a través del juicio de amparo la sociedad civil potencie su participación en el tema.

Al respecto Alfonso Hernández Valdez, integrante también de este Comité, señaló que de proceder estos amparos, se sentarán las bases para los Sistemas Nacional y locales Anticorrupción, «en caso de que el Poder Judicial de la Federación acepte nuestros amparos, se abre la posibilidad para que otros Comités de Participación Ciudadana e incluso organizaciones de la sociedad civil, puedan intentar vías similares en sus respectivos estados», subrayó.

Sobre cuáles son los estados contra quienes se presentaron estos amparos, indicaron que en realidad es contra todos, ya que se refieren a incumplimiento en diferentes rubros por lo que todas las entidades caen en alguna falta, siendo el motivo principal la falta de implementación en la fecha señalada, el 18 de julio; en cuanto al tiempo de resolución indicaron que eso depende de los jueces a los que fueron turnados.

«Lo que queremos lograr es certeza jurídica de que haya homogeneidad en la red institucional y normativo en esa materia; estamos esperando una definición concreta de los jueces en ambos amparos y que den claridad total a nivel nacional; que haya homogeneidad en el tratamiento de la corrupción, investigación y sanciones», señaló José López Presa, integrante del Comité.

Finalmente reconocieron que a pesar de que el SNA entró en vigor sin un Fiscal en la materia, éste sí está funcionando ya que no está operando en un vacío jurídico, «hay una Procuraduría General de la República, una Unidad de Investigación con servidores públicos que quizá no tienen todas las facultades que debe tener un Fiscal Anticorrupción pero ahí está y que tiene que funcionar, entonces el sistema tiene que seguir funcionando y lo mismo debe de ser en los locales, tenemos que ver todo como un punto de partida y no de llegada, esto apenas está empezando», puntualizó Mariclaire Acosta.