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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio de 2025.- La bancada de senadores del PRI impulsan un exhorto a la Secretaría de Cultura y al Banco de México (Banxico) para que atiendan y procedan, conforme a derecho, ante la probable desaparición de diversas obras pictóricas de la artista mexicana Frida Kahlo.
A través de un punto de acuerdo que será presentado ante la Comisión Permanente, los priistas retoman las denuncias públicas realizadas en abril de 2025 por Hilda Trujillo, exdirectora de Casa Azul y Museo Diego Rivera.
Trujillo denunció ser testigo de irregularidades en los archivos de ambas galerías. Con base en un documento notarial, señaló que las piezas bajo resguardo no podían salir de dichos recintos, “ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia”.
No obstante, varias de las obras inventariadas por Diego Rivera fueron sustraídas y algunas han aparecido en colecciones privadas o casas de subasta, afirmó.
Entre las piezas cuyo paradero se desconoce se encuentran Frida en llamas, Congreso de los pueblos por la Paz, La Libertad Americana, Mi chata ya no me quiere y diversos dibujos sobre papel.
Se denunció además la desaparición de páginas del diario personal de la artista y recordó que desde 2011 existen reportes sobre la falta de obras sin que se conozca cómo o cuándo salieron de Museo.
En contraparte, el Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo negó los señalamientos y los calificó de infundados y carentes de sustento documental.
Durante la gestión de Trujillo no se presentaron denuncias formales y señalan que su salida obedeció a irregularidades administrativas y conflictos de interés.
Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) señaló que dichos museos están bajo administración de un fideicomiso privado a cargo del Banxico, por lo que esta institución debe solicitar formalmente cualquier intervención.
De acuerdo a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos se prevé sanciones de prisión y multas a quien se apodere indebidamente de monumentos artísticos o los sustraiga del país sin autorización, refiere el punto de acuerdo impulsado por senadores del PRI.
Y estos delitos pueden ser perseguidos de oficio y que, si son cometidos por funcionarios públicos, deberán enfrentarse también a sanciones administrativas.