Avanza al Pleno del Senado ampliación de prisión preventiva oficiosa
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2016.- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, aseguró que su bancada apoyará las observaciones que el Ejecutivo federal hizo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque dijo que son razonables y ajustadas a la Constitución.
“Nosotros encontramos razonables y ajustadas a la Constitución y a la pretensión de transparentar y de que los empresarios, con un marco jurídico propio, también rindan cuentas. Nosotros vamos a expresar nuestra solidaridad convertida en argumentos y votos a las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto”, afirmó.
En conferencia de prensa en el recinto legislativo, Camacho Quiroz explicó que la actividad comercial y productiva de los empresarios que reciben recursos públicos, ya está regulada, por lo cual se consideran razonables las observaciones del Ejecutivo.
El priísta se pronunció porque la Comisión Permanente agilice el trámite a las observaciones del primer mandatario y se convoque a un período extraordinario lo más pronto posible, sin embargo, destacó que aún no hay fecha.
“La Comisión Permanente habrá de acordar cuándo darle cursó a estas observaciones, pero ya he estado en contacto con algunos coordinadores parlamentarios para tener una idea de cuándo podría celebrarse un período extraordinario, pero hoy aún no hay fecha”, manifestó.
Sobre el Artículo 29 de la legislación mencionada y que se refiere a la obligatoriedad de la declaración fiscal, patrimonial y de interés de los funcionarios públicos y que no quedó estipulada con el principio de máxima publicidad, explicó que ya está terminada y no se abordará, además de que no se le hicieron observaciones.
“Los preceptos constitucionales y legales establecen que sólo versará la discusión sobre las observaciones, de suerte que ni siquiera el Poder Legislativo puede abrir la discusión sobre un asunto al que no se refiere el veto”, explicó.
Refirió que 14 de 15 planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la llamada Ley 3de3 fueron tomados en cuenta, lo cual, dijo, es mucho más que razonable.