OCDE dará directrices para conformar el plan anticorrupción

CIUDAD DE MEXICO, 5 de diciembre (Quadratín México).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proporcionará al Senado las directrices para la conformación de la Comisión Anticorrupción, que acordará el Congreso con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Lo anterior se determinó durante la reunión –vía videoconferencia-  de integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, con miembros de la OCDE.

Durante la misma, el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, José Antonio Ardavín, precisó que ese organismo elaborará un análisis de temas esenciales para el funcionamiento de la comisión anticorrupción, que tienen que ver con la planeación, investigación y sanciones.

Advirtió que se deberá analizar, minuciosamente, si es conveniente o no, que dicha comisión anticorrupción cuente con facultades para ejercer acción penal, o si esto debe ser atribución única de la Procuraduría General de la República.

Esto, indicó, porque es necesario crear las condiciones para que la ciudadanía tenga confianza en esta nueva institución y se impulse la participación de la sociedad civil.

Por su parte, el subdirector de Gobierno y Desarrollo Territorial del organismo internacional en mención, Mario Marcel, ofreció que ofrecerán información desde distintos ángulos, a fin de tener un referente para trabajos futuros.

Sugirió que en las propuestas que están en discusión en el Congreso se dé énfasis a la independencia del órgano anticorrupción, a los recursos que necesitará para su funcionamiento, en la jurisdicción o ámbito institucional de acción.

Para Patrick Moulette, jefe de la División Anticorrupción de la Organización, una de las medidas fundamentales que debe contener la comisión es proporcionar a la personas un proceso efectivo para denunciar la conducta indebida de los funcionarios.

Además, subrayó, debe garantizarse la protección de los denunciantes, pues sería uno de los recursos principales para incentivar la participación ciudadana en el combate a este delito.

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