Visión financiera/Georgina Howard
La violencia no se ha desatado de forma inusitada, sino brutal y exponencialmente.
En contra sentido a lo dicho y reconocido por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, la violencia y criminalidad en el país no se ha disparado de manera inusitada, sino brutal y por todos los rincones de nuestro amplio territorio nacional. Si no es Guerrero, es Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Jalisco. Los hechos de sangre y plomo han llegado a las grandes ciudades como son Guadalajara y la Ciudad de México.
Lo aceptado por las autoridades de la política interna del país es grave, pues muestra el grado de debilidad que tienen nuestros cuerpos policiacos federales, estatales y municipales. Algunos mal capacitados y desprovistos de armamento suficiente para combatir a los comandos delincuenciales, otros infiltrados y corrompidos por el mismo crimen organizado. Dice la Secretaria de Gobernación en su comunicado:
«Hay un crecimiento inusitado en los índices delictivos de alto impacto, en diversas regiones del País”. Reconoce que las causas de ese crecimiento se explican por la diversificación de las actividades delincuenciales de organizaciones dedicadas, en principio, al comercio de drogas y ahora a la extracción ilegal de combustibles. O sea entre narcotraficantes y huachicoleros, nos traen mareados.
Y hace ver un ángulo que ha frenado la acción directa de las Fuerzas del orden: “la participación, en algunos casos forzada o inducida, de miembros de diversas comunidades que han sido utilizados para generar barreras que obstaculizan la acción policiaca en la detención de personas que cometen ilícitos como el robo a transporte en carreteras y a trenes de carga”. Es decir escudos humanos de niños y mujeres que impiden una acción directa y contundente.
Más del comunicado de la dependencia: «Lo anterior, generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales en distintos niveles de Gobierno, sean municipal, estatales o incluso federal». Grave, muy grave el asunto.
El sector empresarial ha alzado la voz y reclamado fuertemente al gobierno federallos altos niveles de inseguridad que afectan fuertemente a la economía nacional. Los cierres de empresas en diversos puntos han aumentado ante la amenaza del crimen organizado que cobra derecho de piso; los trenes cargados de productos son descarrilados y sus cargas son extraídas en camiones de redilas; las balaceras y narco bloqueos se escenifican un día sí y otro también en ciudades de Tamaulipas como Reynosa o Laredo, muy próximas a la línea fronteriza con los Estados Unidos,
Hoy, sin duda, en la agenda de los candidatos a diversos puestos de elección popular, más aún de quienes aspiran a la presidencia de la república y el gobierno de la ciudad, el tema fundamental debe ser el de la seguridad, dado los altos índices de criminalidad, mismos que van de los cometidos por la delincuencia organizada como la delincuencia común. Todos vivìmos amenazados.
No hay ni una de las diversas formas o caras del crimen que no vaya al alza. Basta decir que los crímenes dolosos en lo que va del año suman ya 8 mil 900 asesinatos, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que advierte que continuar la tendencia, el año podría terminar con 35 mil homicidios. Cifras mortales por encima de las que registran países en guerra.
Llama la atención que la ola criminal inunde también ya a las principales ciudades, como es la capital, donde se han registrado más de 130 ejecuciones entre narcomenudistas que según el interino responsable del gobierno de la ciudad de México obedece a la disputa por el negocio, que no los territorios. Tan sólo antenoche, la capital registró una jornada sumamente violenta con nueve ejecutados.
Según José Ramón Amieva, los grupos de narcomenudeo en la megalópolis se disputan las ganancias de esta actividad, no el control de los territorios. Afirma lo anterior luego de que el Secretario de Gobernación, afirmara que las ejecuciones en la Capital con el sello del narco se han incrementado por la disputa del territorio. Que se pongan de acuerdo en el diagnóstico, pero más en la operación y coordinación para combatirlo en la capital, donde los habitantes viven ya asustados ante el avance de los malandros de todos los órdenes.
Amieva considera que lo que está en disputa es la actividad lucrativa, la ganancia que significa el ejercer el narcomenudeo. Afirma: «Como podrán ver en las detenciones las personas traen una ropa y unos vehículos que hablan de un nivel de vida cómodo, de un nivel de vida que se deriva del producto ilícito, de lo que obtienen a través del delito».
Y diagnóstica, pero no dice como curará el mal, pues los grupos que se dedican a dicha actividad, están asentados en la parte sur de la Ciudad, como son las delegaciones de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa. Así como buena parte de la Cuauhtémoc. Su ataque se complica, dice, porque en el sur capitalino aprovechan que tienen otras entidades, como Morelos o Estado de México, para entrar y salir de la Ciudad, para realizar sus actividades.
La cosa es que entre los delitos del fuero común y federal, la sociedad se encuentra amenazada, asustada y paralizada. Las estrategias locales y federales han fallado y con las elecciones encima parecen abandonar sus tareas a la espera del nuevo gobierno y administraciones locales.
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