Ológrafo/Víctor Manuel Juárez

Han pasado los días, los meses y nada sobre Javier y Miroslava

Curiosamente al cumplirse 33 años del asesinato de Manuel Buendía, prestigiado columnista de los años 80 del siglo pasado, en el diario Excélsior, la violencia en contra de los periodistas ha alcanzado sus niveles más críticos. Las cuentas –según quien las realice– van de los 117 a los 126 ultimados a balazos en los últimos años de la guerra emprendida por Felipe Calderón en contra del narcotráfico, sus bad hombres y cómplices que los acompañan desde diversas esferas del poder político y económico.  La espiral de violencia crece y parece no tener fin.

Javier Valdez fue asesinado con doce balazos a plena luz del día en céntrica calle de la capital sinaloense hace ya más de dos semanas y nada se sabe de sus asesinos materiales, menos aún de los intelectuales. Miroslava Breach corrió la misma suerte una mañana muy cerca de su casa y de sus agresores nada tampoco. Largos dos meses en los que las indagaciones no han llevado a ningún lugar, sólo a aventurar que fue privada de la vida a manos de sicarios del crimen organizado.

Ambos casos –más los que se han sumado en los recientes días, como el secuestro del compañero Salvador Adame, en Michoacán– han levantado la indignación del gremio periodístico. Un grito de ¡ya basta! que llegó a la residencia oficial de Los Pinos, para que su ocupante, junto con los integrantes de su gabinete, prometiera investigar y proteger a los periodistas. Un acto, para muchos hueco, pese a su solemnidad y donde fue evidente la ausencia de periodistas y empresarios de los medios. Un acto donde se reconoció que la fiscalía creada para tal propósito no ha funcionado a falta de presupuesto y voluntad política, como tampoco se han aplicado los protocolos.

Las promesas, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, han quedado en eso, sólo promesas. La impunidad sigue siendo la regla en más del 99 por ciento del centenar de casos de periodistas asesinados. Y peor aún pues en muchos casos se ha querido criminalizar a los periodistas por andar en malos pasos o juntarse con gente peligrosa, como lo fue tiempo atrás con el caso de periodistas asesinados en Veracruz, en los temibles tiempos de Javier Duarte.

Es de señalarse, por la notable coincidencia, que tanto Javier como Miroslava y el mismo Buendía centraban sus indagaciones reporteriles en temas del narcotráfico, delincuencia organizada y sus ligas con funcionarios públicos corruptos o cómplices de dichos delincuentes. Manuel Buendía, mítico periodista autor de la columna Red Privada, fue abatido a tiros en plena avenida Insurgentes por un sujeto solitario, que luego se sabría era agente o madrina de la Dirección Federal de Seguridad, encargada entonces de perseguir guerrilleros y gente opositora del gobierno Lopezportillista. Han pasado 33 años de ese suceso y aún no se sabe de los autores intelectuales y los móviles, pues se especula que era por los archivos y lo que pudo haber dicho Buendía.

Javier Valdez, un reportero de primera línea, escribía desde el mismo territorio apache historias reporteadas sobre desaparecidos, viudas, víctimas y matones de su salvaje terruño. Se sabía expuesto, como expuesta estaba su familia, y aun así se la jugó. Denunció complicidades entre narcos y autoridades y empresarios locales en el florecimiento de inversiones y el lavado de dinero. Sabía bien a bien dónde y cómo se movía el narco en Sinaloa y la base social con la que contaba en zonas inexpugnables hasta para el mismo Ejercito. Era un reporterazo de tiempo completo y comprometido. Gritamos, lloramos y lamentamos su muerte a las mismas puertas del mandatario mayor del poder ejecutivo, éste, a su vez, giró órdenes, pero aún no sabemos nada de los autores materiales e intelectuales. Doce balazos acabaron con la vida de Javier, doce balazos sellaron los secretos que el reportero sabía de las disputas de las bandas delictivas que luchaban por el control de la entidad.

Así los hechos y los instrumentos creados para proteger a los periodistas, fundamentalmente a aquellos que viven y cubren notas relativas a la violencia, delincuencia común y organizada no han servido para nada. En entrevista el nuevo titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, reconoció que la misma ha sido rebasada y su actuación ha sido totalmente ineficiente.

Según nota del diario El Universal, de 2010 a marzo de 2017, dicha instancia, inició mil 926 averiguaciones previas; de las cuales  mil 111 llegaron a manos de un juez y sólo tres concluyeron con una sentencia. El 99.85% de los ilícitos quedaron impunes. De tal manera que la probabilidad de que quienes asesinaron al periodista Javier Valdez terminen en la cárcel es de sólo 0.15 por ciento.

La misma nota apunta que otros seis comunicadores han sido asesinados este año. En cada caso, la impunidad prevalece. A la fecha se desconoce quiénes son los asesinos de Miroslava Breach, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez y Jonathan Rodríguez, entre otros. El diario afirma que de 2000 a la fecha suman 106 periodistas asesinados.

Hoy sabemos a cabalidad que las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo son Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Ahí han sido asesinados los periodistas, sobre todo aquellos que reportean asuntos policiacos. Los románticos aventureros que van en busca de historias y fotografías exclusivas, los que arriesgan sus vidas en las brechas, terracerías en busca de nuevas narrativas. Todos armados tan sólo con sus libretas, plumas, grabadoras y  cámaras.

Son los reporteros, la primera línea de batalla, aquellos que suben a la montaña de Guerrero en plena tierra caliente y son amenazados con ser quemados vivos si no abandonan el lugar. Esa infantería también sujeta a malos sueldos, situaciones de explotación con bajas o nulas prestaciones y, por supuesto, sin seguros de vida o gastos médicos. Pocos son los reporteros de elite amenazados, mucho menos los de la ciudad capital del país, pues estos cuando entran a zonas de conflicto lo hacen al resguardo de las Fuerzas Armadas, y así pueden reportear con relativa seguridad, para posteriormente regresar a sus sitios originales y escribir sus despachos.

Hoy más que nunca requerimos de la solidaridad gremial, de efectivos y viables protocolos de protección de los tres niveles de gobierno a los compañeros en riesgo, así como mecanismos  de seguridad generados por los propios  medios para las coberturas de sus enviados especiales y corresponsales destacados en zonas de conflicto. También se necesita el apoyo de la sociedad civil hasta ahora escamoteado, salvo raras excepciones con lo es la academia.