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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2018.- El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, participó en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, ante cuyos integrantes anunció que presentó una propuesta para solicitar se genere una iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno y la correspondiente reforma del artículo 73 constitucional en esa materia.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó este miércoles que la existencia de una Fiscalía autónoma, el fortalecimiento de una real y efectiva división de Poderes que permita contrapesos y equilibrios, así como de los organismos constitucionales autónomos vinculados a la protección y vigencia de los derechos humanos son las mejores garantías de que el Estado mexicano opte por el respeto a los derechos de las personas y el fortalecimiento y desarrollo democrático frente a cualquier tentación autoritaria.
Por medio de un comunicado, destacó que es indispensable que el país cuente con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que surja de un proceso de selección incuestionable, y que genere certidumbre y confianza en su desempeño mediante investigaciones profesionales, objetivas, integrales, imparciales y exhaustivas. Y tras asegurar que la vigencia del derecho de acceso a la justicia no debe ser privilegio de algunas personas, apuntó que el país saldrá adelante cuando tengamos bases suficientes para que la ley se aplique por igual a todas y todos, sin distinción ni privilegios.
Al hacer uso de la palabra en la Reunión de Instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que encabeza el Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, González Pérez enfatizó que nuestro país requiere mejores leyes e instituciones sólidas y con credibilidad que propicien mayor vigencia y respeto de los derechos fundamentales.
Enfatizó la necesidad de correlación de las leyes con el presupuesto para materializar el contenido de las mismas, y ofreció hacer llegar a los legisladores el Estudio Presupuesto Público y Derechos Humanos, elaborado conjuntamente por la CNDH y la UNAM, que destaca la importancia de construir un presupuesto con perspectiva de derechos humanos, así como también el Estudio sobre Pobreza y Derechos Humanos, realizado con organizaciones de la sociedad civil, ya que en nuestro país hay 53.4 millones de personas que viven en esa condición y que no pueden hacer efectivo el contenido el artículo 4 constitucional relacionado con la alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Esa condición de pobreza, señaló, se asienta más en pueblos y comunidades indígenas.
González Pérez solicitó a la Comisión de Derechos Humanos sostener una reunión de trabajo para intercambiar opiniones y profundizar sobre distintos temas relacionados con los derechos fundamentales, y entregó a los legisladores la “Agenda Básica” preparada por el Organismo Nacional, que incluye un apartado específico de normas o disposiciones que, desde la CNDH, deben emitirse o revisarse, como la Ley de Seguridad Interior que vulnera derechos humanos.
Destacó la necesidad de emitir una Ley General sobre Desplazamiento Forzado, y anunció que presentó una propuesta para solicitar se genere una iniciativa de Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno y la correspondiente reforma al artículo 73 constitucional en esa materia, que recoge opiniones de especialistas, académicos, víctimas y organizaciones sociales.
Dijo que en esa Agenda también se propone formular leyes reglamentarias de los artículos 29 (sobre la restricción o suspensión en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y garantías) y 33 ( sobre expulsión del territorio nacional de personas extranjeras) constitucionales; sobre la Consulta Previa de los Pueblos y Comunidades Indígenas; matrimonio igualitario; eliminación del arraigo; regular el uso de la fuerza por autoridades, así como revisar disposiciones sobre racionalidad de las penas, adecuaciones para implementar Alertas de Violencia de Género contra Mujeres, y la aplicación efectiva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Luego de mencionar que la labor del Ombudsperson es señalar lo que está mal o es inadecuado para la protección de los derechos humanos, quedando en manos de legisladores y del Ejecutivo, en su caso, las correcciones necesarias, dijo que “los Ombudsperson somos una institución del Estado mexicano; no somos institución de gobierno. Somos patrimonio de la sociedad civil, porque a ella nos debemos y trabajamos en favor de las víctimas, es decir, de quienes han sufrido algún abuso del poder”.
Explicó que la fortaleza de los Ombudsperson radica en su autonomía e independencia, y que no son adversarios de las autoridades, sino coadyuvantes bajo un esquema de interacción, de diálogo, de acompañamiento, de coordinación. Apuntó que su compromiso es con la legalidad, la verdad y la justicia, por el abatimiento de la impunidad y la vigencia de la legalidad, además de ser garantes de la Constitución, y en caso necesario tienen la potestad de promover la acción de inconstitucionalidad, prevista por el artículo 105 constitucional, para defender los derechos humanos y preservar la integralidad del mismo.
Agradeció la invitación a la CNDH para participar en esta reunión, y expresó su compromiso de acompañar los trabajos y colaborar con la LXIV Legislatura, así como su deseo porque este encuentro marque el inicio de una fructífera relación entre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el sistema nacional no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos.
En el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo, el Ombudsperson nacional compartió el presídium con el Presidente de la CDH de la Cámara de Diputados, Hugo Rafael Ruiz; Jan Jarab, Representante de ONU-DH; y las diputadas Madelein Bonifoux Alcaraz, Kehla Abigail Ki Escalante, María Lucero Saldaña y Elia Lorena Torres Díaz.