Pide ONU protección para 2 activistas en Veracruz

ORIZABA, Ver., 15 de julio de 2018.- El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares de protección para Araceli Salcedo Jiménez, defensora de los derechos humanos y coordinadora del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba – Córdoba, al igual que para el periodista, catedrático universitario y miembro del mencionado colectivo,  Oliver Coronado Paz.

Lo anterior fue dado a conocer por Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización IDHEAS, quien acompaña a las víctimas en su proceso de denuncia ante la instancia internacional.

El representante legal comunicó que a través de un oficio se le notificó que fue aceptada la solicitud de conformidad con el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra Desapariciones Forzadas.

En dicho oficio el Comité expresa su preocupación por la situación de Coronado Paz quien fue víctima de graves amenazas la semana pasada, cuando el periodista fue intervenido de manera arbitraria por elementos de la Policía Municipal de Orizaba para ser presentado ante el director de Gobernación de ese ayuntamiento, Juan Ramón Herebia Hernández, quien según la denuncia, lo retuvo ilegalmente y presuntamente amenazó de muerte y lo puso en riesgo de ser víctima de desaparición forzada al negar a sus familiares, lo cual es considerada como una práctica común por parte de la policía municipal.

Al enterarse durante el interrogatorio ilegal que el periodista era también integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas, el funcionario al parecer intimidó por medio de una llamada a Aracely Salcedo, amenazándola de que ella conocía a unas supuestas secuestradoras.

Juan Carlos Gutiérrez hizo mención que el pasado 20 de junio entre la coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a los Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aracely Salcedo y el alcalde en la que se acordó que Salcedo Jiménez ejercería todo su derecho y su libre labor de defensora del colectivo aún al ser acosada por la policía municipal a cargo de Ramón Herebia.

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