Opinión/Samuel Palma

Cambiar para que todo siga igual

Diversos analistas han señalado que el problema de nuestro proceso de cambio democrático ha sido que, pese a la alternancia, se reprodujeron prácticas de modo que bajo condiciones distintas, se opera básicamente de la misma forma de antaño.

En efecto, en los comicios los partidos y sus candidatos debaten se confrontan y polemizan; pero a la hora de formar el congreso su profundización en el análisis de las políticas públicas y desempeño de los gobiernos, resulta superflua, sin auténtica revisión, contrastación y equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Tal vez ello haya sido un factor para que se hayan multiplicado los órganos autónomos, pues sólo así se han generado ciertas condiciones de contrapeso.

Si esta situación plantea un problema grave en el ámbito federal, ¿Qué se puede decir en lo referente a las entidades federativas? Ahí están los grandes escándalos en varios gobiernos; muchos de los problemas de sobre endeudamiento, que hoy se denuncian, pasaron por los congresos locales; buena parte de los actos de corrupción que ahora se exhiben tuvieron el descuido o la connivencia de ellos. Todo indica que uno de nuestro problemas más agudos se localiza ahí, pues de qué otra forma se pudo convivir con actos cuyo conocimiento era vox populi, y que sólo después del término de los gobiernos se conoce, documenta y deriva en actos de carácter judicial.

El dominio de los gobiernos locales para perpetuar actos de abuso y corrupción ha resultado incontrastable en muchas entidades federativas, mostrando la pasividad y omisión de sus respectivos congresos. Una vez que los actos de corrupción y de abuso se evidencian, los medios de comunicación se lanzan hacia los ex gobernadores sobre los que recaen las denuncias, pero poco se dice sobre los congresos locales, se omite el análisis de éstos, de los órganos fiscalizadores, la aprobación de cuentas públicas, del control y contra peso que debe existir.

La polémica que en el plano de la sociedad ha generado el desempeño del gobierno morelense carece de la debida conexión con el congreso local. Mientras diversas voces cuestionan el desempeño financiero, la deuda estatal, se realizan marchas y se polemiza sobre la actuación del gobierno en la emergencia sísmica, el congreso no parece reflejar el sentir ciudadano y sus exigencias. El papel de la oposición se manifiesta así, de papel. La tendencia a que legisladores de un partido pasen a otro, que se afirme y a veces se compruebe que posibles candidatos de un partido tienen arreglos con sus oponentes y que preparan su eventual postulación por otras siglas, aparece de manera reiterada.

En ese contexto el juego de la política es eso, un juego. Así no resulta extraña la falta de identidad de los partidos y de personalidad de buena parte de los políticos, pues con gran descaro participan de un acomodo de conveniencia que sólo se rige por la máxima de la máxima ganancia, la ubicación más ventajosa, la obtención de las mayores prebendas.

Estamos a tiempo de detener ese carnaval donde se exhiben caretas, máscaras, disfraces que ridiculizan la auténtica política y la deterioran, lanzándola a un precipicio que la descalifica; pero que al hacerlo, acaba por lastimar a la propia sociedad porque significa extraviar el instrumento fundamental para generar respuestas a los problemas sociales.

Estamos a tiempo para exigir al congreso cumpla la función de contrapeso y control; estamos a tiempo porque estamos ya en las vísperas de las campañas político-electorales y así postular y apoyar a las personas que reivindiquen la tarea del servicio público; a tiempo para producir un nuevo encuentro entre sociedad civil y sociedad política.

La reciente encuesta del latinobarómetro le otorga la calificación más baja que haya registrado nuestra democracia desde el 2003. En la parte de menor aprobación de instituciones están los congresos y los partidos. Urge actuar. El deterioro de las instituciones políticas no podría ser peor.