Oraciones a San Lázaro

50 años de censura

En México la censura nunca ha dejado de ser una herramienta de control del Estado contra la prensa. Cambian de estrategia, aprenden nuevas tecnologías y se adaptan al estilo personal de cada presidente. Lo único que permanece es la tentación del poder por domesticar a la crítica.

Ayer se cumplieron 50 años de aquella expulsión de un grupo de periodistas que osaron retar al poder, aquel 8 de julio de 1976 ese grupo encabezado por Julio Scherer García y Manuel Becerra Acosta, caminó sin un destino claro sobre el Paseo de Reforma -el mismo escenario de la exaltación futbolera-, dejando atrás su cuna, Excélsior.

La presión se ejerce tanto a los medios como empresa, como a los periodistas de manera personal, recurriendo incluso al asesinato. Hoy lloramos a más de 400 periodistas asesinados por el ejercicio de su labor desde aquella expulsión a la fecha.

Si se toma como referencia a ARTICLE 19, la organización que documenta los casos en los que existe una posible relación con la labor periodística, 177 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 (cifra actualizada a junio de 2026). De ellos, 10 ocurrieron durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta esa fecha.

Si se utiliza la base de datos del Committee to Protect Journalists (CPJ), el organismo registra 164 periodistas y trabajadores de medios asesinados en México entre 1992 y 2026 en casos confirmados o presuntamente relacionados con su trabajo.

No existe una base oficial que contabilice de manera homogénea todos los asesinatos desde el sexenio de Luis Echeverría. Sin embargo, un estudio citado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con datos de la Fundación Manuel Buendía, ARTICLE 19 y la CNDH, estimaba que entre 1970 y 2012 fueron asesinados 206 periodistas.

Esos estudios citan que con Luis Echeverría fueron asesinados 6 periodistas; el gobierno de José López Portillo 12; con Miguel de la Madrid 33; en el mandato de Carlos Salinas de Gortari 46; con Ernesto Zedillo en la presidencia asesinaron a 24; en el gobierno de Vicente Fox 26, y con Felipe Calderón se registraron 67 homicidios (más 12 desapariciones).

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 47 periodistas asesinados.
4 periodistas desaparecidos y ¡2 mil 502 agresiones!

Con Andrés Manuel López Obrador se igualó la cifra de periodistas asesinados, 47, y se tiene un registro de 3 mil 408 agresiones; mientras que con Claudia Sheinbaum (1 de octubre de 2024 al 11 de junio de 2026) 11 comunicadores han sido asesinados y al menos mil 200 (2025 completo y primer semestre de 2026, con registros aún en actualización) han sido agredidos a causa del ejercicio de su profesión.

Si bien con los datos disponibles no se tiene una constancia sólida de la cifra real de asesinatos y ataque, con base en la evidencia histórica disponible, sí es posible sostener una comparación entre los distintos mecanismos de presión presidencial sobre la prensa; sin embargo, conviene distinguir entre censura directa por el Estado, el asesinato de periodistas, presiones económicas, hostigamiento político, estigmatización desde el poder y exposición de información personal.

Todos los gobiernos, todos los presidentes han sucumbido a la seducción del uso del poder contra sus críticos, contra la prensa, pero no todos los gobiernos recurrieron a los mismos métodos ni con la misma intensidad. El caso del golpe contra Excélsior en 1976 es ampliamente documentado como un punto de inflexión en la relación entre el poder presidencial y la prensa mexicana.

Luis Echeverría dejó la lección más brutal. No necesitó decretar el cierre de un periódico. Bastó operar desde el poder para provocar el golpe contra Excélsior, expulsar a Julio Scherer García y convertir aquella página en blanco del 8 de julio de 1976 en uno de los símbolos más poderosos de la libertad de expresión en América Latina.

Fue una censura de Estado ejecutada con apariencia de conflicto interno. Medio siglo después, la historia ya no admite demasiadas dudas sobre la intervención política en aquel episodio.

José López Portillo perfeccionó otro método: el control mediante la publicidad oficial y la cercanía con los concesionarios. Miguel de la Madrid utilizó el presupuesto público como instrumento de disciplina. Carlos Salinas entendió que una prensa económicamente dependiente era una prensa menos incómoda. Ernesto Zedillo inició una transición donde la crítica encontró mayores espacios, aunque las inercias del presidencialismo sobrevivieron.

Vicente Fox rompió con la censura presidencial tradicional, pero no terminó con las presiones locales. Felipe Calderón gobernó durante la guerra contra el narcotráfico, donde el principal censor dejó de ser únicamente el Estado para convertirse también en el crimen organizado, que asesinó periodistas y silenció regiones completas.

Con Enrique Peña Nieto regresó el viejo manual de las grandes bolsas publicitarias. Ya no hacía falta clausurar periódicos; bastaba premiar a los dóciles y castigar a los incómodos mediante contratos de comunicación social. La dependencia económica seguía siendo una forma silenciosa de censura.

Andrés Manuel López Obrador inauguró otra etapa. La censura dejó de buscar necesariamente el silencio para optar por la descalificación cotidiana. Las conferencias matutinas se convirtieron en tribunal político donde periodistas, medios, organizaciones civiles y académicos fueron exhibidos frente a millones de personas. El mensaje era claro: el adversario ya no era únicamente quien mentía, sino quien cuestionaba al poder.

Con Claudia Sheinbaum la discusión ha entrado en un terreno todavía más delicado. La controversia ya no gira solamente alrededor de las críticas dirigidas a periodistas desde la tribuna presidencial, sino también por casos en los que durante la conferencia matutina se difundieron datos personales de ciudadanos o comunicadores al responder a cuestionamientos públicos, una práctica que abrió un debate sobre los límites entre el derecho de réplica del Estado, la protección de datos personales y el efecto inhibidor que puede generar sobre el ejercicio periodístico. Ese debate permanece abierto en la esfera pública y jurídica.

La diferencia entre 1976 y 2026 no radica en la existencia o ausencia de presiones. Radica en las herramientas. Echeverría necesitó operadores políticos, cooperativistas y rotativas para vaciar una página. Hoy basta una transmisión en vivo, una pantalla gigante y millones de espectadores conectados.

Antes se apagaban imprentas. Hoy se exhiben personas.

Antes se confiscaban espacios editoriales. Hoy se alimentan campañas digitales.

Antes la censura era física. Ahora puede ser algorítmica.

La libertad de expresión no se mide únicamente por la inexistencia de un decreto de censura. También se mide por la posibilidad de investigar al poder sin miedo a represalias económicas, judiciales, administrativas o personales. Cuando un periodista teme perder su empleo, ser exhibido desde la máxima tribuna del país o ver expuestos sus datos personales, la autocensura comienza a hacer el trabajo que antes realizaban los censores.

La página en blanco de Excélsior sigue siendo una advertencia vigente. No porque la historia se repita exactamente igual, sino porque el poder conserva la misma tentación: controlar el relato.

Lo mismo se usa al soldado que al auditor del SAT, al consejero del INE, al magistrado del TEPJF, o al ministro o ministra (del Pueblo), que la transmisión de la mañanera… es censura.

Quién será el mandatario que acepte que la democracia se fortalece cuando el presidente en turno —sin importar el partido— entiende que la crítica periodística no es una agresión contra el gobierno, sino una garantía para los ciudadanos.

En memoria de los compañeros caídos en la búsqueda y publicación de la verdad.

https://www.noticiazavaleta.info