Oraciones a San Lázaro

¡Mexicanos de una sola pieza!

Ha llegado el turno en la Cámara de Diputados de uno de esos asuntos que permiten pronunciar palabras enormes —soberanía, lealtad, patria, identidad— mientras debajo de la curul se esconden las preguntas pequeñas: ¿a quién aplica?, ¿desde cuándo?, ¿por qué ahora?, ¿y quién gana o pierde con la reforma?

Plantean reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aplica para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes no podrán tener o deben renunciar a la doble nacionalidad.

Con las modificaciones los aspirantes a esos cargos deberán demostrar que renunciaron a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos y durante su mandato, no podrán usar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos de otro país ni invocar protección diplomática extranjera.

Monreal agrega que el pleno de la cámara de diputados podrá exigir la renuncia al cargo a quienes resulten electos sin haber renunciado a la doble nacionalidad, y no como se señala en el texto actual de hacerlo antes de registrar la candidatura.

Claro que es una reforma electorera pensada para el 2030 que debe salir ahora porque quizá en la próxima legislatura al oficialismo no le alcancen las curules para aprobarla.

Por ello Ricardo Monreal ya trazó la ruta. Primero comisión, después publicidad y, si los tiempos se cumplen, el dictamen ya aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales con 26 votos a favor y cinco en contra, podría ponerse a discusión en el Pleno entre este 21 y el 23 de septiembre.

El coordinador de Morena sostiene que la reforma debe concentrarse en la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Su argumento es que quienes ocupen esas posiciones no deberían tener otra nacionalidad, por la naturaleza de las responsabilidades que ejercen.

Pero allá enfrente, donde todavía quedan algunas curules opositoras, Rubén Moreira ya sacó el rosario de los paisanos, el coordinador de los diputados priistas sostiene que la doble nacionalidad es un derecho y que la propuesta vuelve a colocar bajo sospecha la lealtad de millones de mexicanos que emigraron y adquirieron otra nacionalidad.

Su argumento es particularmente incómodo para el oficialismo: México reconoció constitucionalmente la doble nacionalidad hace casi tres décadas y, desde entonces, millones de mexicanos viven jurídicamente en dos mundos sin que por ello hayan dejado de ser mexicanos.

Y entonces aparece Elías Lixa con una pregunta todavía más terrenal: ¿para qué modificar la Constitución si el asunto ya está regulado? El coordinador panista calificó la propuesta como una “simulación legislativa” y cuestionó si detrás de ella existen destinatarios políticos concretos.

En otra declaración incluso preguntó si la reforma podría estar relacionada con Marcelo Ebrard, quien tiene nacionalidad mexicana y francesa. Eso, por supuesto, es una interpretación política del panista, no un hecho acreditado por la iniciativa.

Porque la discusión tiene una peculiaridad: mientras Morena habla de soberanía, la oposición habla de derechos; mientras Monreal pide definir constitucionalmente la lealtad de quienes aspiren a gobernar, Moreira recuerda a los paisanos que cruzaron la frontera; y mientras Lixa pregunta por los beneficiarios políticos de la reforma, el oficialismo asegura que no existe dedicatoria para nadie. Monreal ha dicho expresamente que la iniciativa no tiene como destinatario a un personaje en particular.

Y aquí aparece la verdadera pregunta política —que no necesariamente es la jurídica—: ¿estamos ante una reforma para resolver una ambigüedad constitucional o ante una reforma que llega justo cuando ciertas personas con doble nacionalidad aparecen en el horizonte de la política mexicana?

La primera respuesta corresponde al debate legislativo; posteriormente, las leyes secundarias y los actos concretos de aplicación podrán abrir sus propias controversias en los tribunales.

Lo que sí está documentado es que el proyecto busca modificar las reglas para quienes aspiren a los principales cargos ejecutivos y que Morena pretende llevarlo al Pleno este mes. También está documentado que PRI y PAN han anunciado objeciones de fondo.

Los próximos días de septiembre en la Cámara de los Diputados se discutirá si para gobernar México basta con ser mexicano por nacimiento, o si además habrá que demostrarlo renunciando a otra nacionalidad.

Y en ese altar constitucional, entre artículos 82, 116 y 122, quizá la pregunta más mexicana de todas sea la que nadie quiere formular en voz alta:

¿La patria se defiende modificando la Constitución o modificando las reglas cuando ya se conocen los nombres de quienes podrían jugar con ellas?

Pero ¿qué se discute? Tener un presidente, gobernador o jefe del gobierno capitalino a mexicanos de una sola pieza.

La doble nacionalidad ya está reconocida constitucionalmente. La reforma de 1997 eliminó la pérdida de la nacionalidad mexicana por adquirir otra nacionalidad y modificó los artículos 30, 32 y 37 de la constitución.

Recientemente se han presentado iniciativas para modificar las reglas relacionadas con mexicanos que tienen otra nacionalidad, particularmente el artículo 32. Por ejemplo, una iniciativa presentada en febrero de 2024 planteó eliminar del segundo párrafo del artículo 32 la frase que reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que “no adquieran otra nacionalidad”.

Además, en 2025 se presentaron nuevas iniciativas relacionadas con nacionalidad. Una de ellas recuerda que la reforma constitucional de 2021 amplió el reconocimiento de la nacionalidad mexicana a descendientes nacidos en el extranjero, incluso más allá de la primera generación.

Y aun cuando la preocupación por la doble nacionalidad sea legítima, queda pendiente otra igual o más trascendente, pero no urgente para el oficialismo.

Si la preocupación es defender la soberanía, evitar la injerencia de intereses extranjeros, habrían de preocuparse más por los temas de seguridad, por el dominio del crimen organizado, por el sometimiento de poblaciones enteras a la voluntad de los capos, la expulsión de pueblos enteros de sus comunidades por la violencia, por evitar que en el presupuesto de campesinos, empresarios y comerciantes este el rubro de pago a extorsiones y derecho de piso.

¿Cuáles amenazas a la soberanía merecen realmente la prioridad del Congreso?

Las que preocupan son las de fondo electoral.

¿Y si mejor exigen tener visa vigente para entrar a Estados Unidos? Adiós Andy.

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