Oraciones a San Lázaro

Taddei se va; las dudas de imparcialidad se quedan.

La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei coloca al Instituto Nacional Electoral ante una prueba que va más allá del relevo de su presidencia: demostrar que puede investigar los señalamientos que afectan su credibilidad sin someterse a presiones políticas, ni permitir que las sospechas queden sin respuesta.

La consejera presidenta anunció ayer 25 de octubre que presentará su renuncia ante la Cámara de Diputados hoy lunes 26, después de que la Auditoría Superior de la Federación informó sobre una investigación relacionada con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Los señalamientos no equivalen a responsabilidades acreditadas, pero exigen esclarecimiento.

La renuncia de la presidenta del INE abre una crisis de credibilidad a meses de las elecciones de 2027. El relevo no sustituye la obligación de investigar las presuntas irregularidades ni garantiza, por sí mismo, la recuperación de la confianza pública.

Guadalupe Taddei anunció que dejará la presidencia del Instituto Nacional Electoral con el argumento de proteger la estabilidad, la credibilidad y la independencia del organismo. El problema es que la credibilidad no se rescata con una carta de despedida, sino con respuestas verificables.

Taddei llegó a la presidencia del INE en abril de 2023, mediante el procedimiento de insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzó un acuerdo por mayoría calificada para elegir a quienes ocuparían las consejerías vacantes. Su nombramiento ocurrió en medio de la discusión sobre la autonomía del árbitro electoral y las relaciones políticas que rodeaban su llegada. Ahora, su salida vuelve a colocar esas preocupaciones en el centro del debate público.

El detonante inmediato son los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en contratos con proveedores del Instituto. Entre los asuntos difundidos públicamente figuran la relación de personas cercanas a Taddei con empresarios vinculados a contrataciones electorales y la situación de una compañía cuyo representante legal sería el chofer de la consejera presidenta. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación para examinar posibles anomalías.

Conviene hacer una distinción elemental, aunque en la política mexicana con frecuencia se olvide: una investigación no es una sentencia. Las acusaciones deben probarse, las personas señaladas tienen derecho a defenderse y las autoridades deben actuar conforme a la ley.

Pero esa misma exigencia obliga al INE a ofrecer información suficiente sobre sus contrataciones, los controles internos y las medidas adoptadas para prevenir conflictos de interés. Ni la descalificación automática ni el silencio institucional sustituyen la rendición de cuentas.

La propia Taddei sostuvo que las versiones difundidas en medios y redes debían verificarse y que ninguna denuncia debía resolverse anticipadamente. También afirmó que su renuncia no exime a nadie de esclarecer los hechos que deban investigarse. Esa precisión es importante: su salida no puede convertirse en punto final de una controversia que involucra recursos públicos y la confianza en una institución fundamental para la democracia.

Hay, además, un problema de oportunidad. El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó el 10 de septiembre. La organización de los comicios intermedios exige coordinación territorial, preparación logística, decisiones administrativas y capacidad para resolver controversias en un ambiente de competencia partidista. El relevo de la presidencia no paraliza automáticamente esas tareas, pero sí obliga a garantizar que la conducción institucional continúe sin sobresaltos.

El siguiente capítulo se escribirá en San Lázaro. La Cámara de Diputados deberá encauzar la sustitución conforme al procedimiento constitucional y legal aplicable. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anticipó que se buscaría una presidencia provisional y después una convocatoria para elegir a quien concluya el periodo correspondiente. El procedimiento será tan importante como el nombre de la persona elegida: una designación que genere dudas sobre la independencia del árbitro sólo trasladaría la controversia a la siguiente administración.

La pregunta de fondo es qué clase de presidencia necesita el INE en esta etapa. No basta con que quien llegue tenga experiencia electoral o conocimientos técnicos. También debe acreditar independencia frente a los partidos, disposición para transparentar las decisiones administrativas y capacidad para conducir un Consejo General plural sin convertir las diferencias políticas en obstáculos para el cumplimiento de sus responsabilidades.

Tampoco sería razonable suponer que el cambio de titular resolverá todos los cuestionamientos sobre el Instituto. La autonomía electoral no depende exclusivamente de una persona. Se sostiene en consejeros que actúen con independencia, funcionarios profesionales, reglas claras, auditorías eficaces, procedimientos de contratación transparentes y decisiones que puedan ser revisadas y justificadas públicamente.

La salida de Taddei deja, por tanto, dos tareas simultáneas: asegurar la continuidad de la organización electoral y esclarecer las denuncias sobre posibles irregularidades. Una no puede utilizarse para postergar la otra. Si las investigaciones encuentran responsabilidades, deberán aplicarse las consecuencias legales correspondientes; si los señalamientos no se acreditan, también deberá quedar establecido con evidencia.

Morena: la encuesta, el dedazo y ... las encuestas

Morena promueve reglas para ordenar la selección de sus candidaturas, pero los aspirantes a las alcaldías exhiben las tensiones entre las encuestas, las decisiones de las dirigencias, los intereses de los grupos locales, los favoritos de los gobernadores y las disputas por el control territorial, así, noviembre será un mes para demostrar lealtades y compromisos para contender por la renovación de aproximadamente mil 802 presidencias municipales en 2027.

Ya quedó claro que la unidad de Morena suele durar hasta que aparecen las candidaturas. Antes, todos son compañeros de lucha; después, cuando se trata de repartir alcaldías, los principios se vuelven negociables, las encuestas adquieren un valor casi sagrado y las dirigencias descubren que no todos los aspirantes entienden de la misma manera eso de poner el proyecto por encima de los intereses personales.

Morena abrió los registros del 8 al 18 de octubre en 30 entidades. La denominación de las coordinaciones tiene una ventaja política evidente: permite organizar el trabajo territorial antes de que las candidaturas entren formalmente en la etapa electoral. Pero también alimenta una pregunta inevitable: si todos saben que esas posiciones constituyen la antesala de las alcaldías, ¿cuánto hay de organización partidista y cuánto de campaña anticipada?

La dirigencia promete encuestas, reglas y unidad. Los aspirantes, entretanto, comienzan a medir fuerzas, movilizar estructuras y exhibir sus credenciales. La prueba de fuego llegará cuando los resultados no favorezcan a quienes consideran que tienen más méritos, más territorio o mejores relaciones con las cúpulas.

Tres ejemplos

Un ejemplo, en Nuevo Laredo, donde Pedro Lozano representa un desafío para el partido. Empresario del autotransporte de carga y con trayectoria en el sector privado, se registró para competir por la coordinación municipal, en una contienda en la que también participa el diputado local Sergio Ojeda Castillo, entre otros aspirantes.

La inscripción de Lozano incorpora a un perfil empresarial a una disputa donde existen cuadros con trayectoria partidista y experiencia electoral. Su participación no constituye, por sí misma, una irregularidad. Pero sí plantea una cuestión política: ¿qué pesará más en la decisión de Morena, la estructura construida durante años, la capacidad de movilización, la popularidad medida en encuestas o la posibilidad de atraer nuevos sectores?

En Nuevo Laredo, donde el comercio internacional y el transporte de mercancías son fundamentales para la economía local, la discusión también debería incluir la capacidad de los aspirantes para responder a los problemas de la ciudad. Una candidatura no puede reducirse a la cercanía con una dirigencia ni a la fuerza de un grupo interno.

Segundo ejemplo, los candidatos que insisten en la postulación y competencia. En Coyoacán, Hannah de Lamadrid vuelve a colocarse en la disputa interna. Después de competir por la alcaldía en 2024, se registró para buscar la coordinación municipal rumbo a 2027. Su equipo ha difundido mediciones que le atribuyen una ventaja sobre otros perfiles, aunque la información publicada no ofrece todos los elementos metodológicos para comparar esos resultados.

De Lamadrid no parte de cero: tiene antecedentes electorales y una estructura que busca conservar presencia territorial. Pero enfrenta una competencia en la que también figuran Carlos Castillo y Gerardo Villanueva, entre otros nombres que han sido mencionados en la contienda interna.

Si Morena pretende que las encuestas sustituyan las negociaciones cupulares, necesita darles transparencia suficiente para que los perdedores no tengan razones fundadas para denunciar que el resultado estaba decidido de antemano.

Tercer ejemplo, las nuevas figuras. En Ixtapaluca, Fernando Francisco Coca Maldonado también se incorporó a la carrera. Tras desempeñarse como coordinador del Corredor Económico del Bienestar en el Estado de México, anunció su intención de participar en el proceso interno y se registró para buscar la coordinación municipal.

Su trayectoria en la administración pública y sus vínculos con distintos equipos políticos le permiten presentarse como un aspirante con experiencia organizativa. Sin embargo, Ixtapaluca es también un territorio donde la disputa por el control municipal implica estructuras, liderazgos y grupos con intereses propios.

El reto para Coca no será solamente acreditar experiencia o conseguir respaldo interno, sino demostrar que la competencia puede desarrollarse sin convertir las diferencias entre equipos en una guerra de posiciones. En el Estado de México, donde Morena gobierna numerosos municipios, la definición de las candidaturas puede modificar equilibrios entre corrientes y dejar heridas que después resulten difíciles de cerrar.

Los cuatro casos no son idénticos. Pero todos conducen a la misma pregunta: ¿puede Morena garantizar que sus candidaturas se definan por reglas verificables y no por la capacidad de cada aspirante para negociar con los grupos que controlan el partido?

Por ahora, Morena tiene una ventaja: todavía hay tiempo para ordenar sus procesos. También tiene un riesgo: que la disputa por las alcaldías convierta la selección interna en una sucesión de conflictos entre quienes se consideran dueños del movimiento.

Al final, la encuesta puede decir quién tiene más respaldo. Lo que no puede hacer es resolver por sí sola el problema de los privilegios, las lealtades familiares y las cuotas de poder.

Y ésa es la verdadera prueba para Morena rumbo a 2027: demostrar que su método de selección sirve para elegir candidatos y no solamente para administrar las ambiciones de sus propios grupos.

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