Órganos directivos determinarán sanciones a senadores: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de septiembre de 2017.- El PAN desconoció la elección de su militante Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Los penosos acontecimientos ocurridos este jueves, lamentó en un comunicado, se inscriben en el marco del interés del Gobierno federal de imponer un Fiscal General a modo que les cuide las espaldas por los próximos nueve años.

«El PAN no está representado por los militantes del partido que fueron electos, a propuesta del PRI y contra la opinión mayoritaria del grupo parlamentario, como integrantes de la Mesa Directiva», señaló.

Se quejó profundamente que, al momento de elegir la Mesa Directiva, los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle Maury hayan votado en un sentido distinto al que decidió mayoritariamente el grupo parlamentario y en el mismo de lo que decidió el PRI.

«Nos solidarizamos con nuestras compañeras senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas, quienes fueron electas por sus compañeros del grupo parlamentario como la propuesta del PAN para presidir la mesa directiva durante el último año de la Legislatura», expresó.

El Comité Ejecutivo Nacional, indicó, tiene conocimiento de diversas solicitudes de sanción en contra de los militantes del partido que, con su actuación, desconocieron las decisiones tomadas de forma mayoritaria por el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, así como diversas normas estatutarias y reglamentarias. Serán los órganos directivos del partido los que determinarán las sanciones correspondientes.

«Censuramos la intromisión del PRI en asuntos que corresponden al grupo parlamentario del PAN, como lo es la propuesta para presidir la mesa directiva del Senado y le manifestamos que bajo ninguna circunstancia será tolerado», aseguró.

Y remató que seguirá insistiendo que por todos los medios «a nuestro alcance, en la necesidad urgente de impedir que el PRI y el gobierno consuman su intención por imponer un Fiscal General a modo por los próximos nueve años a fin de garantizar la impunidad transexenal».