OSC ve fallas en mecanismo de protección a defensores y periodistas

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2017.-  La impunidad y la falta de investigación adecuada de las agresiones y los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos alimenta y exacerba dichos ataques, así lo diagnostica el informe Protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la deuda del Estado mexicano.

«La ausencia total de acciones del mecanismo de protección para garantizar la investigación penal de agresiones refleja que en México no existe una verdadera política que tenga por objetivo prevenir los riesgos y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas», se lee en el documento.

El informe fue presentado ante el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el claustro de Sor Juana y fue elaborado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC).

Se detectó que falta coordinación entre el Mecanismo de protección y las entidades federativas, así como un respaldo político del más alto nivel al mecanismo.

«Está falta de coordinación no sólo dificulta generar cambios de fondo en la actuación del Mecanismo de Protección, sino que incluso impide que medidas sobre casos concretos resulten efectivos».

Otra de las fallas detectadas es que el mecanismo no ha incorporado un enfoque de género en el análisis de riesgo para mujeres dedicadas a periodismo y a la defensa de derechos humanos.

La integrante de Espacio OSC, María Martin dijo que debido a las agresiones ingresan al mecanismo más mujeres que hombres.

En la protección de periodistas y defensores también falta de voluntad política de entes gubernamentales, consideró el Académico de derecho del Claustro y de la Facultad de la UNAM, Iván García.

«Se habla de las agresiones, en su mayoría son de parte de agentes estatales. Por otro lado no se investiga de manera adecuada, no hay voluntad política de investigar. Y hay criminalización hacia los defensores y periodistas. Por otro lado se habla de oposición de actores gubernamentales a intervención de organismos internacionales», expresó.