Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Javier Duarte, el priista modelo

El parco comunicado emitido la noche de este sábado por la Procuraduría General de la República, una vez ejecutada en Guatemala la aprehensión del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sólo indica que la captura obedece a la orden emitida por un juez el 13 de octubre del año pasado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa parquedad, no remediada en las horas siguientes, provocó un vacío de información.

Protagonista del más grande espectáculo de corrupción gubernamental en años, Javier Duarte –igual que el ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, detenido hace ocho días en Italia— personifica la pudrición ética y moral de amplios sectores de la clase política que confunde su insaciable ambición personal con el interés nacional.

Habría sido de utilidad pública que la PGR abundara sobre la naturaleza concreta de las acciones tipificadas como delitos “de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, pues sobre Duarte pesan acusaciones que rayan en cifras de fantasía.

Por ejemplo, la prensa ha registrado que el quebranto de las finanzas de Veracruz en el gobierno de Duarte asciende a 182 mil 895 millones de pesos, suma en la que se incluyen deudas y desvíos de recursos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación interpuso 47 denuncias penales ante la PGR por un daño patrimonial de 12 mil millones de pesos a las finanzas veracruzanas. (La Jornada, 16 de abril de 2017). Y otros medios han informado que legisladores del PAN y del PRD aseguran que los desvíos cometidos por Duarte redondean los 80 mil millones de pesos. Todas esas cantidades revolotean en el caso.

Asimismo, se ha establecido sin duda que el ex gobernador empleó 33 empresas “fantasma” a las cuales su gobierno pagó al menos 3 mil 300 millones de pesos sin que hayan entregado los productos, servicios u obras motivo del contrato. ¿Cuánto de todo este trasiego ilícito de dinero tiene realmente documentado la PGR? Se entiende que el delito de delincuencia organizada hace referencia a los actos de gobierno realizados para sustraer el dinero del presupuesto público, y a la red de corrupción que para ese objeto creó el ex gobernador, pero ¿a cuánto asciende lo hurtado por esa vía por Duarte y sus muchos cómplices? No se sabe.

De lo que no hay duda alguna es que los casos de Yarrington y Duarte, y más adelante los de los también ex gobernadores César Duarte –hoy prófugo de la justicia– y Roberto Borge –probable próximo prófugo— ponen de manifiesto la incapacidad de las instituciones del país para impedir el establecimiento de gobiernos corruptos, o de castigarlos a tiempo. Mencionado alguna vez por el presidente Enrique Peña Nieto como ejemplo del nuevo PRI, Duarte pudo saquear el presupuesto de Veracruz durante los seis años de su gobierno sin que ninguna institución actuara. Luego, descubierto el saqueo en el contexto de las elecciones de 2016, renunció a la gubernatura en octubre y pudo escapar a la justicia durante seis meses. Es decir, pudo hacer todo eso gracias a la red de complicidad que instaló desde el poder.

En los seis meses en los que estuvo prófugo, creció en la opinión pública la percepción de que en realidad a Duarte le fue permitido escapar y permanecer fuera del alcance de la justicia, creencia que se fortalece si se toma en cuenta la facilidad con la que fue capturado en un hotel de lujo en Guatemala mientras estaba acompañado por su familia. La pregunta que la sociedad legítimamente podrá hacerse es si el ex gobernador se mantuvo escondido o deambulando entre el estado de Chiapas y Guatemala, por qué su detención no se produjo antes. ¿Fue por pura y real ineficacia o se simuló esa ineficacia? Y también si su captura en este momento obedece a una decisión fincada en el cálculo del mejor momento para los intereses políticos del PRI, ya sea en el contexto de las elecciones del estado de México o en la perspectiva de la elección presidencial de 2018.

Si a la detención de Javier Duarte le antecedió un estudio de ese tipo con la intención de definir el día en que menos daño haría al PRI, es probable que surta el efecto contrario, pues no se puede tapar el sol con un dedo. De hecho, no parece que el PRI y el gobierno federal puedan evitar ya que los casos de corrupción en los que están envueltos varios de sus ex gobernadores –e incluyamos aquí al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, que aun libre y sin cargos rivaliza con el propio Duarte— tengan repercusión en las elecciones mexiquenses e incluso en la presidencial.

Además de la violencia y la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad están a discusión en las campañas electorales. En esas condiciones, no hay plan de control de daños que apague el escándalo o mitigue la indignación social que estos hechos generan entre la población y entre los electores. No lo hay. Con políticos como Yarrington y Duarte, cómo. Y Duarte era el modelo…

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