Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las detenciones de los ex gobernadores Tomás Yarrington y Javier Duarte “son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, se informó oficialmente que el gobierno de México cedió a Estados Unidos la prioridad de la extradición del ex gobernador de Tamaulipas. Ese acuerdo significa que Yarrington será extraditado de Italia, donde se encuentra detenido, a Estados Unidos y no a México. Y que primero será juzgado y sentenciado en Estados Unidos y no en México, por crímenes y delitos originalmente cometidos en México.

No hay correspondencia entre las palabras de Peña Nieto y el desarrollo del caso de Tomás Yarrington. En primer término porque inexplicablemente durante varios años el gobierno se mantuvo indiferente y pasivo ante las acusaciones contra el ex gobernador priista, sin emprender su búsqueda pese a la existencia de una orden de aprehensión que data de 2012. En segundo lugar porque su detención se produjo en Italia gracias a la colaboración del gobierno estadunidense con la policía de ese país, sin la participación de las autoridades mexicanas. Y finalmente, porque no será juzgado en México. ¿Cómo, en esas circunstancias, puede el Estado mexicano presumir de un mensaje firme y contundente contra la impunidad? Impunidad es lo que el gobierno de Peña Nieto –y el anterior del panista Felipe Calderón– le regaló a Tomás Yarrington.

No es muy diferente lo que sucedió en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien Peña Nieto dejó hacer y deshacer en ese estado hasta la ruina institucional y un saqueo presupuestal sin precedente en la historia de la corrupción nacional. La misma pasividad mostrada en el caso de Yarrington tuvo el gobierno federal ante los desmanes de Duarte en Veracruz, donde el ex gobernador construyó una red criminal y usó el dinero público, el aparato de gobierno y los programas oficiales para desviar miles de millones de pesos hacia sus bolsillos y los de sus amigos, dinero más tarde empleado en la compra de propiedades faraónicas en Estados Unidos y en diversas partes del país. Y no puede alegar el gobierno federal que no sabía lo que sucedía en Veracruz, cuando los efectos de la voracidad y el estilo depredador de ejercer el poder del entonces gobernador estaban a la vista y se traducían en ingobernabilidad, inseguridad y violencia desenfrenada.

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