Otro País/Tomás Tenorio Galindo

El mensaje del INE y el 2018

Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio es una de las obligaciones del Instituto Nacional Electoral, establece con toda claridad la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

También lo faculta para atraer las elecciones estatales o para atender algún asunto particular de las mismas, e incluso lo autoriza a ejercer esa atribución por su propia iniciativa cuando algún conflicto grave es reflejado en la opinión pública.

Es decir, la ley le concede al INE un amplio margen de acción para intervenir ahí donde sea necesario para salvaguardar la integridad de cualquier elección, y prescribe su intervención si se presentan condiciones que afecten los principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y equidad en la contienda, o cuando la intromisión de los poderes públicos afecte la imparcialidad de los comicios.

A la luz de estos preceptos, es incomprensible que en un tono combativo el INE haya descalificado el viernes las impugnaciones contra los resultados de las elecciones de gobernador en Coahuila y el Estado de México, y por contraste enaltecido la pureza de ambos procesos, una pureza que desde luego no existe.

Es incomprensible que el INE haya asumido esa actitud porque son del conocimiento público las irregularidades que motivaron tales cuestionamientos e impugnaciones por parte de Morena, el PAN y el PRD en las dos entidades.

La posición hecha pública el viernes por los consejeros integrantes del INE, que sencillamente descartaron la existencia de un fraude en las elecciones de esos estados, ignora el reclamo de los partidos y abandona la obligación del órgano electoral de garantizar la imparcialidad y la autenticidad y efectividad del sufragio ciudadano.

Es particularmente notable, por pugnaz en un sentido contrario a sus responsabilidades, la actitud del consejero electoral Ciro Murayama, quien asumió el papel de ofendido, se mostró indignado de que los candidatos denuncien irregularidades en los triunfos del PRI y demandó a los partidos pruebas de sus acusaciones.

Entre otras cosas, Murayama dijo que “denunciar sin probar es algo inaceptable viniendo de actores políticos que son poderosas maquinarias”, y que “la oposición recibe muchísimos recursos públicos precisamente para hacer valer sus derechos. No son criaturas desvalidas, tienen la obligación de probar sus dichos”.

Era innecesario que Ciro Murayama recordara que es inaceptable denunciar sin probar, o que los partidos no son criaturas inocentes y desvalidas. Ya lo sabemos.

Resultó igualmente superfluo que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, evadiera el fondo del problema recordando la pluralidad y el régimen de instituciones electorales que tiene ahora el país, para rebatir la percepción de que en las elecciones de Coahuila y el Estado de México se produjo una regresión a los tiempos del partido único.

No era ese el mensaje que se habría esperado del INE sobre estas elecciones. En lugar de despejar el ambiente postelectoral, lo tensó más. En lugar de ofrecer transparencia y certeza, lo enturbió más y ensanchó la suspicacia sobre lo que realmente ocurrió el 4 de junio. No eliminó las dudas sobre posibles actos fraudulentos, las incrementó.

Los consejeros electorales dejaron la sensación de que el propio INE está expuesto a ser parte de maquinaciones para favorecer al partido en el poder. Por mencionar los hechos más visibles, las siguientes son algunas de las cosas que los consejeros del INE no vieron o ignoraron deliberadamente, pero que ostensiblemente afectaron la limpieza e integridad de las elecciones.

La campaña desarrollada por el gobierno federal desde principio del año en el Estado de México, en la cual se repartieron a la población miles de millones de pesos en apoyos de los programas federales para generar adhesiones al candidato del PRI, Alfredo del Mazo.

La utilización abierta y cínica de la Procuraduría General de la República para desprestigiar a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, mediante la falsa acusación de que su familia estaba involucrada en delitos de lavado de dinero, lo cual provocó su espectacular caída en las encuestas. Las denuncias contra el PRI por compra de votos y por exceder el tope para el gasto de la campaña de Del Mazo. Y la notoria irregularidad causada por el hecho de que en Coahuila el conteo rápido le diera el triunfo al candidato del PAN, y el PREP al del aspirante del PRI, y que este programa se interrumpiera abruptamente, sin motivo ni explicación, cuando apenas había contabilizado el 72 por ciento de las actas de la elección, un hecho sin precedente en la historia del PREP.

Todos esos y otros elementos serán materia de litigio en el Tribunal Electoral. Pero en lo que concierne al INE, es improbable que los consejeros electorales repitan ese mismo mensaje cuando se reúnan este lunes con los representantes de los partidos que han impugnado las elecciones. De mantener ese tono y ese contenido, con el que la institución parece defender los triunfos del PRI más que acreditar la transparencia y legalidad de las elecciones, el propio INE habrá introducido la semilla del descrédito y la duda en las elecciones presidenciales del 2018.

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