Otro País/Tomás Tenorio Galindo

Otra vez el doble juego de Trump contra México

El gobierno de Estados Unidos no realizará deportaciones masivas ni utilizará a su ejército para detener a los migrantes indocumentados, dijo la mañana de este jueves en México el secretario de Seguridad Interior, el general John Kelly. Pero al mismo tiempo, en Washington, el presidente Donald Trump explicó de otra manera la naturaleza de la política estadounidense contra los inmigrantes y contradijo a su subordinado: “estamos sacando fuera del país a los tipos realmente malos. A un ritmo que nadie ha visto antes. Y son los realmente malos. Y es una operación militar”, dijo.

Kelly manifestó que la detención y deportación de los migrantes se ejecutará con legalidad y respeto a los derechos humanos, pero Trump retomó la postura de que la campaña de deportaciones se propone sacar de Estados Unidos a los inmigrantes con antecedentes criminales, categoría en la que la discrecionalidad y la arbitrariedad oficial puede hacer caber a quien quiera, como se vio en las redadas de la semana pasada en varias ciudades de aquel país.

Con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el funcionario responsable de llevar a la práctica la persecución de los inmigrantes ilegales y de la construcción del muro fronterizo se esforzó este jueves durante su estancia en México por aparentar suavidad y conciliación, pero el verdadero mensaje del día no fue el suyo, sino el del presidente Donald Trump.

Los hechos desmienten las palabras de John Kelly. Las deportaciones masivas son un objetivo del gobierno estadunidense, si acaso frenadas solamente por la imposibilidad práctica de ejecutarlas conforme a los deseos de la Casa Blanca, y Trump fue muy claro en que la fuerza del ejército sí será empleada para tratar de echar de Estados Unidos a millones de inmigrantes sin papeles de residencia legal. También resulta desmentido el compromiso del funcionario estadunidense de actuar con respeto a los derechos humanos, pues además de los abusos cometidos por la violencia con que se realizan las detenciones, la política dirigida contra millones de personas constituye por sí misma una violación de derechos universales.

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