Otro país/Tomás Tenorio Galindo

Willy Reyes y otra vez Ángel Aguirre

Se tardó poco más de dos años, pero finalmente el fiscal del estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, cumplió su compromiso de capturar al ex presidente municipal de Tlapa, Willy Reyes Ramos, quien está acusado de haber ordenado el doble homicidio del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz y de su chofer Erik Estrada Vázquez, ocurrido en septiembre de 2011.

Lo extraño es que haya sido detenido en Tlapa, después de que la Fiscalía de Guerrero sostenía la hipótesis de que se encontraba en el exterior, probablemente en Estados Unidos, motivo por el que en marzo de 2016 solicitó la intervención de la Interpol para su captura. Si Willy Reyes estaba en Tlapa, es razonable entonces preguntarse desde cuándo estaba ahí, o incluso si nunca salió de la ciudad.

El caso era un asunto particularmente espinoso y comprometedor para Olea Peláez, porque él fue el abogado defensor del ex alcalde durante unos dos años, de 2011 a 2013, más o menos hasta la fecha en que se dio a la fuga, y su nombramiento en la Fiscalía despertó una justificada suspicacia acerca de la conducta que adoptaría en relación con su antiguo cliente.

Sin embargo, las cosas no pueden acabar aquí. A Willy Reyes se le imputa la autoría intelectual del homicidio del diputado federal, y está demostrado que utilizó el aparato policial de Tlapa para ese cometido, pero no está nada claro el motivo que lo llevó a cometer este asesinato.

A partir de la historia pública de este crimen, aquí hemos planteado la posibilidad de que Willy Reyes no sea en realidad el verdadero autor intelectual del crimen, sino que lo haya organizado y ejecutado para prestar un servicio a alguien más, alguien de más arriba, como suele ocurrir.

En esa historia pública llama fuertemente la atención que Willy Reyes haya sido protegido por el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, lo que se demuestra por el hecho de que a pesar de estar formalmente acusado, haya continuado en el cargo de alcalde de Tlapa y no haya sido desaforado por el Congreso como lo solicitó la Procuraduría del Estado, y cuando terminó su encargo no haya sido detenido como se supone que se buscaba hacerlo. Y finalmente, que cuando se giró la orden de aprehensión en noviembre de 2013, ya como ex alcalde, Willy Reyes haya podido evadir a la justicia sin ningún problema. Es obvio que nada de todo esto pudo haber ocurrido sin el consentimiento del ex gobernador Ángel Aguirre, con quien Willy Reyes se reunió en un par de ocasiones pese a las circunstancias descritas.

Una parte de la relación de Willy Reyes con el ex gobernador se explica por el apoyo que el entonces presidente municipal de Tlapa le dio a Ángel Aguirre en 2011, cuando era candidato del PRD, pese a que el alcalde pertenecía al PRI, de donde por cierto no se sabe que haya sido expulsado. Pero resulta desproporcionado que sólo por eso Ángel Aguirre haya empleado con desfachatez su poder para brindar protección a un criminal. De ahí la pregunta: ¿de verdad Willy Reyes es el autor intelectual del homicidio de Moisés Villanueva o sólo un instrumento?

Esa pregunta adquiere mayor valor si se considera el contexto en el que se produjo el doble asesinato y la protección abierta que el ex gobernador brindó al presunto autor intelectual del crimen. Moisés Villanueva era suplente y asumió la diputación porque el titular, Sofío Ramírez, renunció a la curul para participar en la campaña de Ángel Aguirre. Ambos eran del PRI, pero Ramírez –hoy senador, al principio del PRD pero ahora del PRI y para más señas recién nombrado delegado priísta en Chihuahua— abandonó al priísmo y se afilió al PRD igual que su jefe político. ¿Sucedió en esa serie de movimientos algún acontecimiento que puso en riesgo a Moisés Villanueva? No se sabe, pero tampoco se puede descartar que ahí se encuentre el origen de su muerte.

Es improbable que la Fiscalía de Guerrero ahonde en los antecedentes y conexiones políticas del asesinato, pero la tardía captura de Willy Reyes no parece sólo el cumplimiento de un compromiso hecho por el fiscal Xavier Olea, sino también un mensaje a Ángel Aguirre, quien no pudo concretar su aspiración de ser candidato a diputado federal por la coalición “Por México al Frente”, pero en el último mes, y justo cuando se decidirá toda clase de candidaturas, dio una muestra de tener un dominio firme y completo en el PRD de Guerrero.

Los once muertos en La Concepción El domingo 7 hubo dos hechos de violencia en la comunidad de La Concepción, en la zona rural del municipio de Acapulco, y si ese dato se deja de lado, la apreciación de lo sucedido se sesga hasta la tergiversación. Esa es la razón de que en sus observaciones sobre estos acontecimientos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya planteado la urgencia de esclarecer las circunstancias en que murieron los once, no sólo los tres policías comunitarios de la CRAC que fallecieron en el inexplicable segundo choque con policías. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la instancia que ampara a la primera Policía Comunitaria creada hace más de veinte años en Guerrero, y el Centro Tlachinollan pretenden dar la impresión de que lo único que ocurrió fue un ataque de la policía contra los comunitarios, mientras mantienen en la vaguedad y la penumbra lo que sucedió en el primer enfrentamiento, entre un grupo agresor e integrantes de CRAC, que arrojó los primeros ocho muertos. Esa manipulación de los hechos tiene relación con el sentido territorial que los grupos de autodefensas han desarrollado en Guerrero y que desvirtúa su creación, como en el caso de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, responsable de decenas de homicidios y varios ataques contra otras organizaciones comunitarias en reclamo de territorio. No era el caso de la CRAC-PC, pero lo es desde que repentinamente amplió su área de vigilancia de las zonas indígenas de la Montaña a la zona rural de Acapulco en respaldo a la lucha de los pueblos contra la construcción de la presa La Parota. Y lo es con más razón en esta matanza, que debe esclarecerse para que cada parte cargue con la responsabilidad que le corresponde. Como plantea la ONU.

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