Parches a Ley de Seguridad no cambiaron espíritu draconiano: experto

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de diciembre de 2017.- “Es tan mala esta legislación, tan draconiana en muchos sentidos, que los parches siguen sin cambiar el espíritu de la misma”, así define el especialista en terrorismo y seguridad nacional Gerardo Rodríguez Sánchez Lara a la Ley de Seguridad Interior.

Para el experto sería prudente trabajar en la redacción de una nueva pieza legislativa que vaya de la mano de otras reformas estructurales que son necesarias en materia de seguridad y supervisión del aumento a las capacidades y profesionalismo de los aparatos de seguridad y de justicia.

Pero más prudente aún, que el presidente Enrique Peña Nieto debería vetar esta ley, tal como lo demandan las organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, pues de lo contrario compartirá el costo político de una iniciativa que está siendo denunciada a nivel internacional por lo espacios que abre a probables violaciones a los derechos humanos.

“Esta ley no garantiza la digna participación que tiene las fuerzas armadas de cooperar en materia de seguridad al interior del país”, asegura Rodríguez Sánchez Lara en entrevista telefónica con Quadratín México.

Es clara la necesidad de regular la actuación en materia de inteligencia militar y naval, clarificar cómo coadyuvan las fuerzas armadas en la materia cuando presencian un delito y participan para repelerlo, sin embargo, la Ley de Seguridad Interior tiene una visión estatocéntrica, que lo que le interesa es proteger a las instituciones no a los ciudadanos y sus derechos; “están en un segundo plano en la redacción del articulado”.

“Es una ley que es necesaria, pero particularmente esta le está haciendo mucho daño a la imagen de las fuerzas armadas y al país entero. Probablemente no sea el instrumento que necesite el Ejército en este momento”, reitera.

En lo particular, le solicitaron sus comentarios por escritos y se los envió al Consejo de Seguridad Nacional pero nunca tuvo la oportunidad de dialogar al respecto con legisladores.

“Hubiera sido muy enriquecedor que nos escucharan y no sé qué impacto tuvo en su momento el análisis que envié en su momento a la Presidencia de la República por solicitud misma de la misma Presidencia”, comenta.

Lo que le queda claro, es que fueron cambios irrelevantes al espíritu de la ley y que no cambian una visión que deja margen para probables violaciones a los derechos humanos.

“Me preocupa el tema del acceso a la información en materia de seguridad interior y de que esta ley no tiene controles reales de los otros Poderes de la Unión para el ejercicio de las fuerzas armadas en esta materia”, explica sobre la controversial legislación.

Todavía está por verse algunos capítulos de lucha legal respecto a esta ley, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y probablemente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impugnen la constitucionalidad de toda la legislación o parte de ella que pueden ser interpretados como violatorios, en particular el uso de la fuerza o la reserva de información por cuestión de seguridad nacional.

El experto en seguridad nacional indica que al no estar bien definida la actuación del Ejército en esta ley, puede estar sujeto a controversias por cuestión de violaciones a los derechos humanos. Por la autonomía de los dos organismos, constitucionalmente pueden llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un caso como este.

La seguridad nacional, como bien se define la ley en la materia, atiende las amenazas en contra del Estado mexicano, su permanencia y su viabilidad. Una de las amenazas más importante a la seguridad es el tema de la delincuencia organizada, junto con otras que provienen del exterior.

En el caso de la seguridad interior, las amenazas son principalmente de origen interno y por lo tanto no solamente requieren la actuación de las autoridades civiles, sino de las Fuerzas Armadas, explica a esta agencia de noticias.

El componente interesante de la Ley de Seguridad Interior son aquellas circunstancias del orden constitucional dentro del país que se ven comprometidas sobre todo por fuerzas ilegales, pero también se ve por colusión o debilidad de las instituciones civiles políticas locales.

Si se le permite a las fuerzas armadas que coadyuven, por solicitud de los gobiernos locales, autorizado por el Presidente de la República, también como sociedad civil se tiene el derecho se supervisar que no se violen las garantías en la actuación de militares y policías, a partir de cateos, retenes, intervención a la privacidad de las personas.

El investigador insiste que los cambios que sufrió la ley no afectan en realidad el espíritu de la misma. “Se tuvieron que haber hecho 21 cambios y sólo se hicieron seis que no inciden de manera importante en los problemas de violaciones a los derechos humanos, acceso a la información y mal interpretación que existe entre seguridad nacional e interior”.

“Este gobierno quedará muy mal parado por la aprobación de esta ley”, advierte.