Parece Permiso para matar presuntos crímenes de Fuerzas de Seguridad

CIUDAD DE MÉXICO,  de noviembre de 2024.- Aunque en los últimos 18 años México ha sido gobernado por Presidentes de extracción partidista distinta y sus respectivas estrategias de Seguridad Pública han sido desiguales, tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador las justificaron usando estadísticas.

Se trata de estrategias de seguridad que permiten generar estadísticas, las cuales permiten al Gobierno en turno presentarlas como avances en la lucha contra la inseguridad, aunque en realidad no lo sean.

Para generar estadísticas en realidad no necesitas como Estado realizar una enorme inversión equiparable a la que implicaría atender verdaderamente las causas y las consecuencia de la delincuencia”, sostiene el periodista especializado en investigaciones y violaciones de derechos humanos, Paris Martínez, quien en coautoría con Daniel Moreno y Jacobo Dayán escribieron Permiso para matar.

Los periodistas documentaron por más de cinco años los casos de personas que han sido asesinadas o desaparecidas por policías o militares desde que se decretó la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006, registros que al ser considerados en las cifras oficiales son difusos y no corresponden con la indignación de los familiares y la exigencia de justicia.

“La violencia en la cual llevaba inmerso México desde 2006 se complejizaba y cada vez era más difícil de sostener los niveles de violencia en relación con las justificaciones y los resultados que se obtenían”, resalta el también ganador del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación en entrevista con Quadratín México.

En Permiso para matar, los autores establecen una metodología que les permitió  documentar mil 824 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, atribuidas a integrantes de las Fuerzas Armadas o agentes policiales en la cuales las víctimas suelen ser personas ajenas a los conflictos o a la comisión de algún delito.

“Nos encontramos que la violencia por parte de fuerzas militares y policiales se ha ejercido en contra de movimientos sociales o grupos sociales organizados, pero también ha sido utilizada contra grupos etarios, por ejemplo, el 40 por ciento de los procesados por delitos vinculados al narcotráfico son jóvenes… de estos una buena parte son mujeres, ser mujer y joven son dos factores de vulnerabilidad ante la fuerza del Estado.

“Existe otro grupo de víctimas, que no son casos aislados, pero sí muy acallados y se trata de integrantes de las fuerzas del Estado quienes también son objeto de ejecuciones o desapariciones por parte de sus compañeros de corporación o de otras instituciones.

“La violencia y la impunidad también han sido aprovechadas por muchos de los integrantes de las fuerzas del Estado para ejercer violencia feminicida contra sus parejas o mujeres de su entorno familiar, laboral o comunitario”, revela el periodista.

Otro de los patrones documentados, añade el periodista, es el evidente uso de la violencia de Estado en contra de grupos estigmatizados por vivir en colonias populares o en lugares identificados como de alta incidencia delictiva.

¿La violencia ejercida por el Estado en qué se sustenta, cuáles son las condiciones que la generan?

-Identificamos tres formas o patrones generales y recurrentes bajo los cuales se ha ejercido la violencia de Estado, por medio de militares o policías. Una de ellas es la que se basa en acciones que presumen están encaminadas en recuperar el control de territorios en donde el crimen organizado ejerce dominio. 

La otra forma es la violencia que se ejerce amparado por el discurso de la guerra contra crimen organizado, pero en realidad tiene un trasfondo o fin político que busca establecer un nuevo control político o territorial en regiones en donde se registran movilizaciones políticas o persisten agrupaciones sociales que realizan actividades que para el Estado representan una amenaza para su control político y territorial.

La tercera es la violencia de Estado que deriva de la complicidad entre fuerzas del Estado mexicano y grupos criminales.

Pero en general a quienes ha beneficiado el estado actual de violencia y el discurso del ejercicio de la fuerza del Estado ha sido a los grupos políticos que han ejercido el poder en México y ,aunque parezca una obviedad, también se han visto beneficiados los grupos criminales que han detentado una hegemonía con los cambios de Gobierno.

Vivimos en una crisis judicial en la cual prácticamente ningún delito es sancionado, el índice de delitos generales castigados es del 4 o 5 por ciento. De por sí la impunidad es una condición que está garantizada hagas lo que hagas seas o no integrante de las fuerzas armadas.

Sin embargo, cuando los actos de violencia provienen de Fuerzas del Estado, no sólo se aplica la impunidad que se deriva de la omisión, inoperancia y la ineficacia de los aparatos de justicia sino que también provienen de acciones y omisiones conscientes por la autoridad para dejar esos hechos violentos impunes.

Incluso, mediante actos claros de simulación con los que gusta representarse o bien para argumentar que la autoridad actuó legítimamente y ocultar errores en la forma de actuar.

-Las cifras y casos que se presentan en Permiso para matar deberían mantener preocupada a la sociedad sobre el nivel de violencia y el contexto en el cual  actúan las fuerzas del Estado. Existen evidencias de 30 mil casos de tortura, 110 mil personas desaparecidas y 350 mil asesinatos, en los cuales se desconoce si están involucrados agentes de las fuerzas del Estado. Pero parece que el discurso de la seguridad lo tienen apropiado los políticos a pesar de los resultados que genera. ¿Por qué pareciera que  la sociedad parece no estar preocupada?

-Todos los recursos del Estado están puestos en mantener a flote el discurso del combate a la inseguridad, los cuales no son pocos, estos se han empeñado en mantener una visión de estabilidad, bienestar, incluso derivados de actos de fuerza.

No es una torpeza el manejo de la crisis de inseguridad que hay en México, sino que se trata de pasos conscientes y razonados. Todas estas acciones están justificadas en el discurso general de que lo que se busca es restituir a la ciudadanía los derechos que le ha arrebatado la delincuencia común y la organizada.

Eso justifica las acciones de fuerza del Estado ante una ecuación así. El Gobierno puede presentar índices de la disminución de la delincuencia o datos del aumento de los recursos invertidos en la estrategia, y ambos generan la percepción de que se está avanzando y trabajando.

Se alimenta la idea de que más policías y militares en la calle se traduce en una mejor seguridad.

Cada vez que alimentan la hoguera de las estadísticas con cifras de capturas y desarticulaciones de bandas, detenciones, destrucción de laboratorios, decomisos de toneladas, en realidad se están justificando los recursos puestos en la lucha contra la inseguridad.

En nuestra investigación nos dimos cuenta que los últimos 17 años se han judicializado 600 mil delitos vinculados con delincuencia organizada y narcotráfico, lo que nos permitiría inferir que esta guerra nos ha permitido sancionar y llevar ante la justicia a quienes son sus perpetradores que suman alrededor de 500 mil personas procesadas. Sin embargo, contra el 97 por ciento de esas personas pasaron una o dos cosas: o la autoridad que los acusó no les demostró que existiera un delito que sancionar o sí se acreditó un delito no se logró probar que esas personas fueran las responsables.

Es decir, que toda esta guerra, desatada desde el 2006, estos 17 años de dolor han sido para obtener un puñado de delitos sancionados y todo lo demás ha sido paja, un invento. Al llegar a este punto nos damos cuenta que ha sido fallida la estrategia, que no se ha obtenido nada y lo único que se acumuló fue dolor.

Aún si todas estas evidencias estuvieran ante los ojos de la ciudadanía de manera perfectamente clara, para invocar a su indignación, habría quienes no la concebirían simplemente porque si volteas a ver esa realidad al día siguiente nos querrías salir de tu cama.