Paridad de género de INE obliga a postular a mujeres en 7 entidades

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2020.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios de paridad de género que serán aplicables para las 15 elecciones de Gubernatura que habrán de celebrarse el próximo año y obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la decisión adoptada por una petición para establecer dichos criterios, sin duda atiende el mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva incluida en la Carta Magna a partir de la reforma de 2019, realizada por una legislatura paritaria, producto de las medidas afirmativas que aprobó el INE.

“El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la demanda de paridad y equidad”, pronunció.

Agregó que esta no es la primera vez que se aprueban acuerdos que buscan una democracia más justa, equitativa e incluyente, al grado de que estas medidas afirmativas fueron plasmadas posteriormente por el Poder Legislativo en la Constitución que hoy mandata una paridad en todos los niveles de gobierno.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, aseguró que esta determinación sienta un precedente histórico que sólo puede ser equiparable con el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres hace más de 67 años. 

“Hoy esta autoridad electoral marca un precedente histórico. Este es un tema central y de vital importancia no sólo para las mujeres, sino para la democracia de nuestro país y para que el INE garantice de manera real y efectiva la inclusión y participación de todas y todos los ciudadanos”, dijo.

Humphrey explicó que, entre 2015 y 2020, en todas las elecciones celebradas sólo el 18 por ciento de las candidaturas fueron para mujeres, y únicamente tres fueron electas, lo que advierte una gran brecha de desigualdad.

Frente a ello consideró que, para hablar de una auténtica paridad, se tendría que postular exclusivamente a mujeres en las 15 entidades que renuevan al Ejecutivo Local el próximo año; sin embargo, afirmó que el INE actúa de forma responsable adoptando medidas históricas graduales y responsables.

Cargos unipersonales no están excluidos de paridad

Ante los cuestionamientos de algunos partidos, la consejera Adriana Favela recordó que la reforma conocida como de paridad en todo, fue aprobada con el respaldo de todas las fuerzas políticas,  sin excluir los cargos unipersonales como son las Gubernaturas, tal como lo expresaron desde la tribuna varias legisladoras al momento de su ratificación.

“Si los legisladores no entendieron lo que se estaba aprobando y los alcances de esta reforma es una circunstancia distinta. Pero no es una obligación de la autoridad electoral propiciar que se implemente el principio de la paridad, sino que también es de los partidos políticos”, agregó.

La consejera mencionó que el rechazo que muestran algunos, es similar a lo que se vivió en 2014 cuando se judicializó la aplicación de la paridad en las presidencias municipales y que terminó con la validación de la medida por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El consejero Ciro Murayama apuntó que esta reforma, aprobada por unanimidad apenas en 2019, estableció que la paridad aplica a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, por lo que, si la propia Constitución no exime a ningún cargo, ni distingue, ni discrimina, el INE no tendría por qué hacerlo.

“Es obligación del INE, como institución del Estado mexicano, hacer valer las normas y principios que el constituyente tuvo a bien crear. El texto constitucional no reserva el cumplimiento de paridad de género a cargos determinados y ha sido el legislador quien mandató al INE a velar por su cumplimiento”, señaló.

Por lo que estos criterios, refirió, simplemente regulan lo previsto en el artículo 231 párrafo 2 de la LEGIPE, que señala que los partidos políticos, en plena libertad para determinar a sus candidatos, definan sus postulaciones atendiendo a la paridad.

No hay gobernadoras, porque no las postulan

En su oportunidad la consejera Dania Ravel evidenció que la falta de mujeres en las Gubernaturas responde a que los partidos ni siquiera las postulan para este tipo de cargos, por lo que es momento que se reconozca la sobrerrepresentación que históricamente han tenido los hombres y la necesidad que hay de la paridad.

Manifestó que, para poder hablar de democracia plena, no es suficiente con el voto individualizado, la diversidad de partidos y periodos electorales, sino que se tiene que corregir los fallos de representatividad.

“No deben existir más mujeres políticamente relegadas ni excluidas, mucho menos tras bambalinas o en segundo plano. Nuestra meta debe ser que todas las mujeres que lo deseen pueden participar políticamente sin discriminación ni violencia”, argumentó.

El Consejero Martín Faz recordó la habilidad que han mostrado los partidos para dar la vuelta a las medidas afirmativas que se han adoptado para impulsar la participación de las mujeres en condiciones de equidad.

“El lentísimo y accidentado camino del reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, constituye una clara manifestación de violencia política en su contra en tanto que se les ha impedido su participación en condiciones de igualdad y equidad”, enfatizó. 

Momento de atender deuda histórica

La consejera Norma De la Cruz afirmó que es momento de atender la deuda histórica que se tiene con las mujeres, las cuales representan el 51.7 por ciento de la Lista Nominal; por lo que llamó a todos los actores políticos a mostrar su compromiso a favor de la paridad.

“El compromiso no puede ser meramente retórico o discursivo, es momento que el Estado mexicano atienda no sólo la deuda histórica que tiene en el ejercicio de sus derechos político-electorales, sino que se garantice la paridad en los cargos unipersonales como es con las Gubernaturas y en donde la participación de las mujeres ha sido mínima”, sentenció.

La consejera Claudia Zavala lamentó que la realidad haga evidente que el recurrente y socorrido discurso de igualdad de género haya sido más bien un recurso políticamente útil que una convicción democrática que se refleje en los hechos.

Por ello, estimó que las posiciones estrictas de una lectura constitucional son de un momento en el que no existía la perspectiva de género como la que hoy se tiene luego de que el Poder Legislativo alcanzó un consenso con una reforma que estableció la paridad en todo.

“Esos son los lentes con que se debe dar lectura a las disposiciones normativas. Los congresos tenían la obligación de armonizar sus leyes electorales, pero reformaron todo menos las Gubernaturas, son invisibles a pesar de que el artículo 35 de la Constitución dice que es derecho de las personas mexicanas poder ser votadas en condiciones de paridad a todos los cargos de elección popular y por eso hoy estamos aquí”.

Los consejeros Uuc-kib Espadas y José Roberto Ruiz manifestaron su rechazo al proyecto, aunque el último consideró que la paridad en las Gubernaturas tendría que ser en función de la alternancia de géneros, aplicándose a partir de los comicios de 2021.

Criterios aprobados

El acuerdo, que da respuesta a una consulta por una aspirante a una Gubernatura, establece que tanto los partidos locales y federales, así como las coaliciones y candidaturas que se lleguen a conformar deberán atender la disposición de postular a mujeres para por lo menos la mitad de las Gubernaturas que se disputarán.

Los partidos locales deberán postular preferentemente como candidata a una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior; mientras que los partidos políticos locales de nueva creación deberán optar preferentemente por mujeres como candidatas a las Gubernaturas.

La dictaminación de cumplimiento integral del principio de paridad de género en las candidaturas a Gubernaturas en el Proceso Electoral 2020-2021 se dará de forma exclusiva por el INE a más tardar el 2 de abril de 2021.

En caso de que los partidos o coaliciones no cumplan con la disposición, se les dará un plazo de 48 horas para que realicen la sustitución cumpliendo el principio de paridad que, de no cumplirse en el caso de un partido local se podrá negar o cancelar la candidatura.

Para los partidos nacionales, el incumplimiento derivará en un sorteo entre las candidaturas de hombres para determinar quién perderá su candidatura hasta satisfacer el requisito de paridad entre los géneros.

También prevé que para cualquier sustitución se deberá respetar la paridad y, en caso de elecciones extraordinarias, se tendrán que postular candidaturas del mismo género que en el proceso ordinario.

Cada partido político nacional y local tendrá que determinar y hacer públicos los criterios aplicables que garanticen la paridad de género en la selección de sus candidaturas antes del 15 de diciembre de 2020.

Dentro de los criterios, deberá establecerse la metodología para asegurar invariablemente que en la postulación de candidaturas se observe la paridad de género sin violentar los derechos de las personas que participen en el procedimiento de selección de candidaturas.

Los criterios señalan que se tiene que contemplar cualquier escenario posible como el que se declare desierto el registro de precandidaturas, cuando no existan suficientes precandidaturas de algún género, cuando sólo se hayan registrado personas de un género para el cargo y cuando se señale que alguna entidad será reservada para determinado género deberá establecerse cuál será el procedimiento objetivo para realizar dicha reserva.

Una vez aprobados los criterios, los partidos contarán con 72 horas para comunicar a los Organismos Públicos Locales, los cuales definirán en un plazo de 10 días la aprobación del proceso de selección para que antes del 31 de enero del 2021 se informe al INE sobre las acciones adoptadas junto con las listas de candidaturas.