Hasta pasar elecciones, congelada, reforma a Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo de 2017.- La reforma a la Ley de Seguridad Interior, que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente se encuentra congelada en el Congreso de la Unión hasta después de las elecciones intermedias de junio próximo.

Dicha modificación al marco legal dotaría de una figura jurídica a favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas –tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como de la Marina-Armada de México (Semar)– para realizar en tiempos de paz, labores policiales.

Antes de concluir el periodo ordinario, el pasado 30 de abril, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que el Congreso de la Unión abriría un periodo extra en junio próximo para emitir un dictamen sobre tal reforma.

“Hay un acuerdo para que saquemos Seguridad Interior; vamos a tener periodo extraordinario, así lo ha anunciado la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y, nosotros vamos a empujar en este periodo extraordinario la agenda de seguridad, para nosotros sigue siendo un tema fundamental”, dijo en entrevista.

Ahora, tras el enfrentamiento en Puebla de militares con presuntos delincuentes –uno de ellos asesinado a sangre fría por un elemento del Ejército mexicano– los legisladores volvieron a poner el dedo en esta modificación legal.

“Los gobiernos locales piden el auxilio de la Federación porque solos no pueden hacer frente a las bandas delincuenciales, pero, en la mayoría de los casos, no hacen mayor cosa para tener en sus entidades federativas policías más capacitadas que pasen los controles de confianza, ya que les resulta más sencillo pedir el auxilio del Gobierno federal”, dijo en entrevista el ex legislador federal José González Morfín (PAN).

El también ex presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados expresó su preocupación porque los miembros del Ejército Mexicano carezcan de una protección legal ante tal requerimiento de la federación.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en voz de su coordinador, José Antonio Lara Duque, cuestionó las labores militares de apoyo a la policía local al señalar que “estos hechos evidenciados y públicos son el fin de las intenciones de legalizar el uso de la fuerza contra la población civil y contradice a quienes están obstinados en imponer la represión en México”.

¿Que proponen las fracciones legislativas?

En este momento la Cámara de Diputados mantienen archivada la posibilidad de dicha modificación legal, tanto las fracciones del PRI, del PAN y del Partido del Trabajo (PT) mantienen documentos propios a fin de modificar el marco legal vigente.

La iniciativa de Ley presentada por la fracción del PRI (por el diputado César Camacho Quiroz) otorgaría al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la posibilidad realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.

“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior”, expresa la iniciativa.

Sin embargo, diversas colectivos rechazan las tareas de inteligencia, que podrían mantener las ya que podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información.

De aprobarse la Ley de Seguridad Interior en estos términos amplios, se facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal la posibilidad de intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción y sin que se establezca ningún control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Por su parte, la iniciativa que presentó el PAN (a través del senador Roberto Gil Zuarth) contempla entre otras cosas, la necesidad de tener una autorización judicial, para que las empresas de telecomunicaciones e Internet que puedan entregar información almacenada en sus sistemas de computo.

“Los concesionarios, permisionarios, operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de las medidas de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real o de entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil, de conformidad con las disposiciones aplicables.

“Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar las medidas señaladas”, expresa el texto.

De esta forma, los colectivos advierten de que dichas medidas pueden comprometer la integridad y privacidad de sistemas de comunicación de manera generalizada, y con ello, la seguridad de sus usuarios y todos los ciudadanos, incluso para ser usados para otros fines fuera de la seguridad nacional.

La Iniciativa de Partido del Trabajo (presentada a través de Miguel Barbosa) señala la en términos generales, regular la actuación gubernamental coordinada frente a amenazas hacia la seguridad interior, con particular atención a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“La sociedad mexicana se encuentra actualmente atrapada entre el asedio de los grupos de la delincuencia organizada –que se dedican no sólo al narcotráfico sino también al secuestro y la extorsión, entre otros delitos–, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policiacas, la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y la constante violación a derechos humanos por diversos cuerpos de seguridad, sean civiles o militares”, señala.

¿Qué dice el marco legal actual?

La carta magna en su artículo 29 precisa que sólo en aquellos casos de invasión, perturbación grave a la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, sólo el Presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación.

“Pero deberá hacerlo por tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde”.

El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, señaló la necesidad de contar con un marco normativo adecuado ante la advertencia de que las fuerzas militares están actuando fuera del marco legal.

“La urgencia de estructurar el proceso y que sea aprobado por el Poder Legislativo deriva de la necesidad de que se involucre o se responsabilice a todas las autoridades en la atención de los temas de seguridad interior; asimismo, que el empleo de las Fuerzas Armadas en esta materia tenga un objeto claro, alcanzable y en el menor tiempo posible, en el que se delimiten legalmente las acciones preventivas que de forma permanente puedan o no realizar.

“Esa urgencia del marco jurídico se hace más evidente al considerar que se mantiene un promedio diario de 52 mil elementos desplegados y durante el año 2016 se han realizado 54 operaciones regionales para reducir la violencia (…) se cumplió con la ejecución de 50 operaciones de erradicación intensiva de plantíos ilícitos (de marihuana y amapola), destruyéndose en estos últimos cuatro años 21 mil 833 hectáreas de marihuana y 82 mil 29 de amapola, así como el despliegue de 75 puestos militares de seguridad”, dijo el año pasado.

¿Cómo llegó México a esta situación?

Si bien desde la emblemática Operación Cóndor de 1977 los gobiernos federales han involucrado a las Fuerzas Armadas en operativos de gran escala para combatir al narcotráfico, distintas series de tiempo con datos oficiales muestran un claro rompimiento de tendencias en 2006-2007 en indicadores relacionados con la seguridad pública, con las relaciones de convivencia entre el Ejército y la sociedad mexicana, y con presuntas violaciones a derechos humanos.

Los datos oficiales indican que entre 2006 y 2007 ocurrió un parteaguas en la manera de concebir, administrar y atender el problema de la criminalidad en México. No es difícil identificar que este quiebre de tendencias coincide con el arranque de una política nacional de combate frontal al narcotráfico basada principalmente en el despliegue de las Fuerzas Armadas en operativos de carácter permanente.

Antes de este cambio político los operativos militares contra el narcotráfico tuvieron, por regla general, plazos acotados y objetivos específicos –esencialmente erradicación de cultivos y bloqueo de alguna ruta de trasiego–. Incluso el Operativo México Seguro de 2005, anunciado con objetivos más amplios de seguridad pública, tuvo metas específicas y una duración acotada.

La nueva política de actuación permanente de las Fuerzas Armadas en un marco más amplio de seguridad pública, fue plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en el Eje 1, Objetivo 8: “Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha puesto a disposición pública ningún diagnóstico oficial que justifique este cambio en la política nacional. Se han expresado diversas narrativas sobre los motivos que tuvo el Ejecutivo federal para desplegar operativos simultáneos en varios estados de la República pero hasta ahora, no se han liberado datos oficiales que den sustento a estas narrativas.

En contraste, algunos datos oficiales muestran que este cambio político implicó cambios en las relaciones de convivencia entre el Ejército y las poblaciones donde se desplegaron los operativos.

Por ejemplo, se tuvo un notable aumento de quejas formales en contra de la Sedena por presuntas violaciones a los derechos humanos, de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se pasó a 367 quejas en 2007 y a mil 230 en 2008.

Como se dijo al principio de este reportaje periodístico, será hasta después de las elecciones cuando las comisiones parlamentarias emitan un dictamen y se abra un periodo extraordinario para aprobarlo.