Cerramos la etapa del institucionalismo neoliberal, considera Monreal
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de junio de 2016.- El presidente Enrique Peña Nieto puede vetar la Ley 3de3 y, a su vez, el Congreso de la Unión tiene la obligación de corregir las observaciones que les haga, afirmó el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth.
“El Presidente está en su derecho, está en su facultad de hacer observaciones a lo aprobado por el Congreso de la Unión, y el Congreso de la Unión está en plena apertura para conocer las razones técnicas, los argumentos que motiven, en su caso, las observaciones del Ejecutivo y corregir aquello que se tenga que corregir”, afirmó.
En entrevista previa a la sesión de este miércoles, el senador del PAN afirmó que la posible modificación al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obliga a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, cuando firmen contratos de obras y servicios con el sector público.
“No nos vamos a negar a ninguna modificación, no nos a negar a ninguna observación. Ya hemos explicado cómo se dio la modificación del artículo 32, a partir de una reserva que se presentó en pleno, que fue admitida y que no permitió una discusión serena y técnicamente sustentada con respecto a sus implicaciones”, aclaró.
Explicó que el Congreso de la Unión tiene un mandato de los ciudadanos y es trabajar precisamente por el fortalecimiento de las instituciones y por generar mejores condiciones de vida.
Apenas ayer, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió la noche de ayer con integrantes de la cúpula empresarial, entre ellos, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez; para determinar los alcances de este tema.
“Hay apertura y disposición por parte del Congreso de la Unión de revisar ese aspecto o cualquier otro detrás de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, porque también nos interesa que el sistema sea robusto, fuerte y sobre todo que cumpla con sus objetivos de prevenir y sancionar la corrupción en nuestro país”, dijo.