Perfilan legisladores discutir Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de junio de 2017.- Pasada la jornada electoral del fin de semana, los legisladores federales preven sostener un tiempo extra en las actividades del Congreso de la Unión a finales de junio para discutir y aprobar la denominada Ley de Seguridad Interior.

Básicamente se trata de tres iniciativas para reformar el marco legal de las fuerzas armadas —que presentaron los senadores Roberto Gil Zuarth, Miguel Barbosa Huerta, y el diputado César Camacho Quiroz— que expedirían una Ley de Seguridad Interior.

En diversos foros el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha quejado de que los efectivos castrenses realizan labores de seguridad pública en diversas entidades del país, sin que haya protección jurídica para este tipo de actividades que no están contempladas en el marco legal.

En este sentido, el artículo 129 de nuestra Carta Magna dice: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

“Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, añade dicho artículo constitucional.

Por este motivo, las iniciativas diversas iniciativas proponen regular la actuación de la fuerza armada nacional (ejército, marina-armada y fuerza aérea) en asuntos de seguridad interior.

Por ejemplo, uno de los puntos de partida de dichas iniciativas es la “ineficacia” de las autoridades locales (sean entidades federativas o municipios) para hacer frente a las diversas amenazas a la seguridad interior.

Dentro de los principales objetivos esta la de otorgar certeza y seguridad jurídica a las fuerzas armadas y federales, así como a las corporaciones locales, pero sobre todo a la población, en asuntos de seguridad interior.

Las iniciativas contemplan mecanismos de evaluación e incentivos para que las corporaciones locales retomen (o en su caso no dejen de lado) sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.

El tema de los derechos humanos es un aspecto que resalta y el que,“población en general, expertos, analistas, periodistas y los mismos legisladores, han puesto sobre la mesa como prioritario a atender en la regulación de la actuación de las fuerzas armadas”.

¿Qué contendría la nueva Ley de Seguridad Interior?

Las iniciativas contemplan una serie de principios rectores que acotan las acciones que hoy en día los efectivos de las fuerzas armadas desempeñan en sus funciones de seguridad pública.

Por ejemplo, el tema de las garantías individuales coincide en las tres propuestas, sin embargo, hay matices respecto a sus proponentes.

El diputado federal César Camacho (PRI) hace referencia al artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional y anota que “las acciones o medidas adoptadas con motivo de la aplicación de la Ley no implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías.”

“En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Se refiera a la facultad exclusiva del Presidente de la República para restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías que fuesen obstáculo a situaciones de grave peligro para la sociedad misma.

Por su parte, el senador Gil Zuarth (PAN) considera que el respeto a los derechos humanos es uno de los que ha propiciado un clima de inseguridad jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo a las autoridades civiles.

“El esfuerzo por balancear el carácter civil de la seguridad pública, el respeto irrestricto a los derechos humanos, frente a la complejidad y gravedad de fenómenos sociales como el crimen organizado, el terrorismo o la cibercriminalidad es un reto enorme”, sostiene.

El expresidente de la mesa directiva afirmó que el respeto a las garantías individuales no sólo es uno de los principios rectores de la seguridad interior, de sus protocolos y operaciones, sino que “es uno de sus principales objetivos”.

Afirma que “la CNDH deberá ser notificada de las declaratorias de afectación a la seguridad interior con la finalidad de que ejerza sus atribuciones legales con la presencia de los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos en los puestos de revisión en la vía pública”.

Por otra parte, el senador Miguel Barbosa Huerta (Partido del Trabajo) prevé que toda acción, procedimiento, resolución u operativo, incluyendo la investigación y obtención de información de inteligencia, y en general, la atención de afectaciones a la seguridad interior, deberán llevarse a cabo, invariablemente, mediante el respeto a los derechos humanos.

“La restricción o suspensión de derechos y garantías, así como la disposición de la fuerza armada permanente para realizar acciones de seguridad interior (…) precisará del ejercicio de las facultades que establece el artículo 29 de la Constitución”, explic