Con cédula digital avanza IMSS en la transformación de sus servicios
CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril de 2019.- La titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) o Seguro Popular, Angélica Ivonne Cisneros Luján, reiteró que no existió ninguna instrucción federal de suspender la prueba del tamiz neonatal.
Más bien, refutó que hubo una respuesta de la dirección nacional del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva específicamente a Baja California, en donde igual que todos los procesos, en tanto se llevan a cabo las licitaciones, las entidades federativas pueden comprar para ello.
“Está totalmente garantizado el presupuesto para el tamiz neonatal, el Seguro Popular es quien controla ese presupuesta a través de otro programa presupuestario, que es el de Siglo 21”, dijo en comparecencia la funcionaria ante la Comisión de Salud del Senado de la República.
A la Secretaría de Salud se le han otorgado la suficiencia presupuestal por 189 millones de pesos y se está llevando a cabo la integración del proceso de licitación, confirmó la titular de la CNPSS.
Según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Cisneros Luján dijo que no hay ningún estado que haya dejado de aplicar la prueba del tamiz neonatal a un recién nacido.
Sin embargo, subrayó que al menos para la población, si hubiese cualquier problema inmediatamente lo denunciaran con lugar, nombre y apellido para intervenir de manera inmediata.
En cuanto a las licitaciones, Angélica Ivonne Cisneros señaló dos indicadores que se tienen que evaluar: la oportunidad del abasto a partir del primero de julio y la mejora de los precios.
La situación de establecer precios de referencia, explicó que ha ayudado a controlarlos, aunque no es suficiente porque los sobreprecios se pagan con recursos públicos que vienen de las aportaciones del pueblo.
Con esta nueva política de compras, que por el momento las hará la Unidad de Administración y Finanzas, acompañada de la Oficialía Mayor, “seguramente vamos a poder mejorar esa situación y garantizar que el dinero de la ciudadanía para medicamentos se aplique adecuadamente con las mejores condiciones de precio y calidad, sin desperdiciar recursos.