PERSPECTIVAS: Administración pública

El proyecto para la reestructuración de la administración pública fue presentado ante la opinión pública. Y a todo mundo le quedó claro que el mensaje político es directo: hay que combatir a la delincuencia organizada con organización en el gobierno.

El paquete presentado por Enrique Peña Nieto, incluye la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción. El nombre es lo de menos. El problema será siempre el mismo: se puede o no combatir desde el gobierno mismo, la corrupción en el aparato de gobierno.

La Secretaria de la Contraloría nació con esa idea. Y fue anunciada con bombo y platillo. Había llegado por fin, el mecanismo con el cual el gobierno transparentaría sus acciones. Al paso del tiempo, se cambió el nombre y se creó la Secretaría de la Función Pública. Pero en el fondo, nada cambió. El problema de la corrupción se mantuvo. Y en los doce años de panismo alcanzó niveles singulares.

Al final, la dependencia, con nombres diferentes y estilos iguales, no mostró tener voluntad para alcanzar un nivel de respeto por parte de los funcionarios públicos, ni de credibilidad de parte de los ciudadanos.

Ahora, con facultades que parecen ser “dientes”, se propone desaparecer aquella vieja estructura y dar vida a una nueva. Una promesa de campaña y postcampaña. Pero en el fondo, es más de lo mismo, por más que los discursos quieran ser diferentes.

En el paquete presentado ayer se habla también de la reestructuración de la Secretaría de Gobernación, la cual recuperará funciones, poder y control. Pero la parte fundamental es que la Secretaría de Seguridad Pública pasará a ser un recuerdo, malo por cierto, y se convertirá en un apéndice de la nueva supersecretaría.

Y esta es la parte importante.

Se quiere organizar el combate a la delincuencia. Y para ello se eliminan, de un sólo golpe, las confrontaciones entre instituciones.

En la actualidad, la policía federal se ha impuesto a lo largo del sexenio, al Ejército, a la Marina y por supuesto, a la Procuraduría General de la República.

Ello provocó un verdadero desorden, un constante cruce de señales equivocadas, celos y constantes confrontaciones que todo lo que produjeron fue una abierta incapacidad para cumplir con los objetivos establecidos al momento de iniciar la guerra contra la delincuencia.

Al retirar al “enemigo de todos” y convertir a la policía federal en una entidad que deberá acatar órdenes y olvidarse de los montajes para televisión, el entrante gobierno busca evidentemente, poner orden en las instituciones encargadas de la seguridad nacional. Y al mismo tiempo, poner bajo control y vigilancia a un “ejército particular” que poco a poco, había retado a todos los otros mandos, para imponer su voluntad.

Por supuesto, esto no es más que un paso hacia el cambio de la forma de combatir a la delincuencia organizada. Pero no es un cambio menor. Por el contrario, justo en el momento en el que la policía federal intenta hacer valer su poder en contra de la PGR, el anuncio de que la PF pasará a ser un ente dentro de una dependencia que tendrá el control político y el poder de la policía, es una demostración de que a los ojos de los que llegan, Felipe Calderón apostó mucho a una sola carta, y perdió mucho más de lo que se quiere reconocer.

QMX/nda